El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha valorado esta mañana que “nosotros planteamos que la quita de la deuda de las comunidades autónomas tiene sentido si es el preámbulo de un nuevo plan y un nuevo modelo de financiación autonómica, que lleva ya 11 años caducado”. Además, ha apuntado que “junto a la autonómica, tiene que abrirse el debate de la financiación local”, porque los ayuntamientos “no pueden seguir asumiendo el olvido en su modelo de financiación”, para poder tener “suficientes recursos para satisfacer las demandas de servicios”.
Maíllo ha atendido a los medios de comunicación en las dependencias parlamentarias de IU en el Congreso. Desde allí ha exigido que “el ahorro de gastos financieros (intereses)” que para las comunidades del régimen común supone esta quita de 83.200 millones de euros ofrecida por el Gobierno -deuda que asumirá el Estado- “debe estar condicionado y dedicarse no a ‘agujeros fiscales’ en forma de bajada de impuestos, sino íntegramente al mantenimiento y mejora de los servicios públicos”.
“El efecto de condicionalidad -resumió- tiene una profunda carga política sin la cual no es posible ni creíble este proceso”.
El máximo responsable de IU siguió razonando la valoración “positiva” de la quita de la deuda mientras alertó también de la sobreactuación y del tono bronco que ha decidido usar el Partido Popular y todos sus gobiernos autonómicos en este asunto. Y lo hizo cuando aún faltaban unas horas para que comenzara la reunión vespertina del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la propuesta del Ministerio de Hacienda, y el plantón escenificado por los representantes de la derecha.
“Sobre este debate no habría ninguna polémica -apuntó Maíllo- si no hubiera sido porque está detrás la sospecha que tienen algunos sobre la financiación singular de Cataluña”. Adelantó también que cuando llegue el momento de la verdad y de firmar “nadie se puede negar, ni nadie puede oponerse a la quita de deuda que supone una liberación de gastos financieros de unos 7.000 millones de euros de todas las comunidades autónomas”.
A su juicio, “los gobiernos del Partido Popular de las diferentes autonomías van a tener muy difícil explicar a sus sociedades y a su electorado que renuncian a una quita de deuda en las cuentas autonómicas y, por tanto, al final todo el mundo va a aceptar esta propuesta”.
Antonio Maíllo insistió, no obstante, en que “nosotros entendemos que sería un parche absolutamente insuficiente si no se afronta inmediatamente un nuevo modelo de financiación”. Los cambios tienen que “corregir”, entre otras cuestiones, “determinadas situaciones de comunidades infra financiadas, que todos sabemos que están en torno al Levante español -como el País Valencià o la Región de Murcia, pero también Andalucía o Aragón-, y también tener en cuenta el criterio de población ajustada, que todos compartimos, y esa necesidad de condicionalidad” ya explicada.
El coordinador federal de IU volvió a destacar esa “pata del Estado compuesto que se obvia permanentemente, que es la financiación local” y explicó que esa reforma también pendiente debe abordarse “en los términos del acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de 2019, en los que Izquierda Unida se siente identificado como una propuesta de consenso”.
Detalló que aunque “no son nuestras propuestas”, IU “se siente cómodo en este acuerdo amplio”, sobre todo “en lo que tiene que ver con el criterio de suficiencia de recursos y la flexibilización de la regla de gasto en los ayuntamientos”.
Derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para los ayuntamientos
“Por supuesto -dijo-, plantearíamos una derogación de la Ley de Reordenación de la Administración Local y de la de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos que el superávit que tienen puedan dedicarlo a hacer políticas y desarrollar sus propios servicios, salvo el pago de la deuda”.
Todo ello “tiene que formar parte de ese paquete de pacto de financiación local”, sin el cual “el Estado queda descompuesto” si no se abordar la reforma esa parte del “trípode en el que está compuesto, es decir, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”.
A preguntas de los/as periodistas, Maíllo recordó que la quita de parte de la deuda autonómica “es una reivindicación histórica de Izquierda Unida cuando nadie hablaba de ella. Hablo de hace 28 años, por ejemplo, que planteábamos la necesidad de una quita que todo el mundo ridiculizaba, como ocurre siempre cuando se toman algunas medidas precursoras”.
Interrogado también sobre alguna formación de ámbito autonómico incluida en el espacio de la izquierda alternativa que va mostrado ciertas críticas a la propuesta inicial para llevar a cabo la rebaja de deuda, Antonio Maíllo recomendó que “hay que ver todo esto como una oportunidad. Es muy difícil que tú hayas tenido una reivindicación de un hecho, como es la quita de la deuda, y que cuando llega le pongas pega. Apuesto por abrir un espacio de oportunidad en torno a esta quita, entendiéndola como el principio de un camino que hay que acelerar”.
