El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, tacha de “incomprensible” que el PSOE “pretenda acabar con la acusación popular, uno de los grandes avances en materia de Justicia que nos trajo la democracia y que ha permitido, entre otras cuestiones, la eficaz persecución de los delitos de corrupción y de múltiples violaciones de los Derechos Humanos en los innumerables casos en los que las instituciones del Estado han renunciado a perseguirlos”.
Santiago responde de esta manera al contenido de la proposición de ley registrada este viernes por el Grupo Socialista en la que plantea prohibir el ejercicio de la acusación popular en determinadas circunstancias y a determinados grupos y personas, entre ellos a partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculadas, supuestamente para garantizar así derechos fundamentales frente al acoso derivado de ‘acciones judiciales abusivas’.
Para el portavoz de IU en el Grupo Plurinacional, “el Partido Socialista no puede empeñarse en defender la libertad de expresión por partes o en función de las circunstancias y la celebridad de quién se vea afectado”.
“Eliminar en la práctica la figura de la acusación popular -destaca- es como ‘cargarse al mensajero’. Esta no es la mejor forma de acabar con el ‘lawfare’, sí lo es abordar una profunda reforma del sistema judicial para impedir que los jueces se dediquen a hacer política y, además, lo hagan al dictado de grupos ultraderechistas, negacionistas y dedicados a difundir ‘fake news’.
Enrique Santiago recuerda, además, que casos concretos como la “condena al Partido Popular por financiación irregular y otros que pusieron entre rejas por corrupción a algunos de los más destacados dirigentes del partido que ahora encabeza Alberto Núñez Feijóo llegaron a los tribunales solo gracias a la acusación popular”.
Incide también en que “las páginas más prestigiosas de la justicia española en el ámbito internacional se han escrito gracias al impulso de acusaciones populares”, como ocurrió con las actuaciones en nuestro país en relación a los crímenes de las dictaduras argentinas y chilena que permanecían en la impunidad incluso en sus propios países”.
El Congreso de los Diputados aprobó hace unas semanas la toma en consideración de la proposición de ley elaborada e impulsada por Izquierda Unida a través del Grupo Plurinacional Sumar para derogar distintos delitos que limitan la libertad de expresión “no solamente el de ofensas a los sentimientos religiosos, sino también el de injurias a la Corona o los denominados delitos contra altas instituciones del Estado, que se han utilizado para encarcelar a personas, por ejemplo, por quemar una bandera”.
“La forma más rápida de garantizar la libertad de expresión -expone Santiago- es que el PSOE deje de impedir la tramitación de esta proposición de ley para derogar los delitos que entorpecen el ejercicio de la libertad de expresión y podamos aprobar en el Pleno esa profunda reforma del Código Penal tan necesaria”.
Valora también que el plan de regeneración democrática acordado por los socios del Gobierno de coalición y distintos grupos que sustentan su apoyo en el Parlamento “incluye suficientes medidas para acabar con la intervención espuria de los tribunales como herramienta de la oposición política que algunos están ejecutando”.
Para Enrique Santiago, “es evidente que los tribunales no pueden admitir querellas basadas únicamente en recortes de prensa que, en la mayoría de los casos son incluso falsos”, pero apunta que “eso es algo que ya ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, al igual que ha ocurrido con la Ley de Amnistía, no bastará esa modificación legal para que algunos jueces dejan de hacer política y acepten cumplir la ley cabalmente. No se puede legislar en caliente y a golpe de titular mediático”.
