El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha calificado esta mañana de “magnífica noticia” la firma del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT para la reducción de la jornada laboral en 2025 a 37,5 horas semanales sin bajada de sueldo.
Maíllo ha recordado que “llevamos 41 años, desde 1983 hasta 2024, sin que haya habido una reducción de jornada laboral sin reducción salarial” y ha destacado que “estamos hablando de un cambio de paradigma que debe suponer un cambio de modelo productivo que no dependa de la precariedad”.
Durante un repaso de la actualidad política y económica antes de que comenzara formalmente la última reunión del año de la Coordinadora Federal de IU, consideró que es “de derecho y de justicia social” que este acuerdo se haya “adelantado y adoptado con o sin el apoyo empresarial” mucho más “con la oposición que se preveía ya desde el verano del gran empresariado”.
Consideró que tras este éxito ahora toca el turno de “la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”, para lo que comprometió “todos los esfuerzos” de la formación que lidera para lograr que se incluyan medidas “de tanto calado como la reducción de la jornada laboral”.
Antonio Maíllo destacó que “si queremos hablar de vivienda, de topes máximos al alquiler, de mejoras de la ayuda de los servicios públicos, de sostenimiento de la Sanidad y la Educación públicas o los servicios sociales, de la ayuda a la agricultura y al reforzamiento de un modelo productivo en un contexto económico que permite extender derechos, tenemos que hablar de Presupuestos Generales del Estado”.
Frente a quien intenta sacar tajada política de la negociación que se avecina señaló que “no se puede hablar de derechos parcializados y negar la posibilidad de aprobar estos presupuestos”.
Maíllo mencionó también la necesidad de abordar “un nuevo sistema de financiación autonómico para el mantenimiento de los servicios públicos” y que vinculó directamente con una “corresponsabilidad fiscal”.
En materia fiscal, destacó que “no debemos renunciar a seguir marcando impuestos a las grandes energéticas”, para seguir contando con los cerca de 1.200 millones de euros que se preveían para el año próximo a través de este tributo que las derechas se han conjurado para eliminar definitivamente. Indicó también que no se debe producir “la gran contradicción” de que “se exima del pago de impuestos” a las grandes empresas energéticas “que son las que más contaminan”, mientras que desde la Unión Europea o desde ámbitos de la izquierda española se exija solo que “se concentre el esfuerzo en la subida del diésel”, lo cual “supondría una contradicción de clase que daría pábulo a quienes combaten como medidas injustas las políticas del Gobierno”.
El máximo responsable de IU celebró que el Gobierno de coalición haya “prorrogado la bonificación del 60% -sumadas las ayudas autonómicas- para la ayuda al transporte, en un contexto en el que “la Seguridad Social tiene un índice de 21,3 millones de afiliaciones, las pensión media alcanza los 1.450 euros”, todo ello “sin olvidar las profundas desigualdades que se producen en las clases pensionistas”.
Izquierda Unida como ejemplo de política de vivienda
Destacó también que Izquierda Unida seguirá empeñada en acabar con “esa desigualdad que se produce cuando los derechos laborales no se compensan con los derechos del acceso a la vivienda a causa de las subidas desorbitadas y sin control del alquiler o de las compras y el precio de la vivienda”.
“Por eso celebramos prácticas de gobierno como las de la comunidad de Asturias, donde no es casualidad que quien detenta la Consejería de Vivienda y las políticas sociales de vivienda, que empiezan a reconocerse en el resto del Estado, sea el consejero y coordinador asturiano de Izquierda Unida, Ovidio Zapico”, a quien agradeció “su labor, aparte de su renovación como coordinador de la federación”.
Frente a este ejemplo de cómo “se puede afrontar una política de vivienda atenta a las necesidades sociales desde un aprovechamiento del marco normativo como es la ley de la vivienda”, denunció que en otras comunidades gobernadas por la derecha del PP se “boicotean leyes” que, pese a todas sus insuficiencias, “permiten tener una base para desarrollar derechos e implementar políticas de vivienda al servicio de alquileres asequibles, políticas públicas frente a la especulación”.
