Mientras se fija la fecha definitiva para el debate de investidura en el Parlament y una vez que cada uno de los actores implicados han analizado y tomado las decisiones internas que les competen, Izquierda Unida “saluda y considera una buena noticia el acuerdo alcanzado en Cataluña entre las fuerzas de Comunes, ERC y PSC-PSOE para conformar un gobierno progresista”.
IU considera positiva la “vuelta a la política en Cataluña en el marco de la legalidad en un acuerdo transversal de las izquierdas, independentistas y no independentistas, que antepondrán en su acción de gobierno las prioridades sociales que necesitan las clases populares catalanas”.
Ello supone, además, un “paso importante en el proceso de diálogo” y “abre posibilidades para continuar avanzando en la normalización entre Cataluña y el resto del Estado” y, lo que es aún más importante, “cierra las puertas a un posible gobierno de la derecha nacionalista”.
De la misma manera, IU saluda los “contenidos más sociales del acuerdo” y, en especial, “nos congratulamos de los del acuerdo entre Comunes y PSC en materia de sanidad, transportes, urbanismo y vivienda”. Entre otras cuestiones, “van a permitir construir 55.000 viviendas públicas nuevas, rehabilitar otras 150.000 o poner en marcha más medidas eficaces para acabar con los desahucios sin solución habitacional”.
Izquierda Unida “continuará trabajando para que las políticas de izquierdas, también en materia tributaria con la reforma fiscal necesaria y de financiación territorial, alcancen tanto a Cataluña como al resto de territorios del Estado”.
Por ello, apunta también que no es posible hablar seriamente de una reforma del modelo de financiación territorial “si simultáneamente no se habla de una profunda reforma fiscal que enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas, y acabe con el ‘dumping’ tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha”.
Para IU, “sin un sistema fiscal más progresivo y justo en el reparto de las cargas no es posible establecer un mecanismo de corrección de las deficiencias del sistema de financiación territorial”.
“La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora -incide- no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es, la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan”.
Destaca que “solo poniendo en marcha eficazmente estos servicios y su adecuada financiación podremos garantizar una vida digna a los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado y, a la vez, frenar el avance de la ultraderecha y la intolerancia”.
Como ya hizo la semana pasada nada más conocerse, esta formación expone sus discrepancias con el “acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para reformar el sistema de financiación autonómico en lo que afecta a Cataluña”.
“Compartimos -detalla IU- que desde hace 12 años el modelo de financiación autonómica en España está pendiente de una profunda revisión que afecte a todas las comunidades”, una revisión que “debe ser simultánea en todos los territorios del Estado atendiendo a las problemáticas que tienen cada uno de ellos”.
Se necesita un sistema de solidaridad entre territorios “donde no solo se cubran los gastos comunes generados por la Administración General del Estado (política exterior, seguridad, defensa, Seguridad Social y pensiones, etc.) sino que incluya un sistema de redistribución de riqueza y recursos para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo”.
Modelo de financiación y compensación justo
Izquierda Unida, una fuerza política “de izquierdas, republicana y federal”, entiende que el “desarrollo del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal y plurinacional es inseparable de un sistema de solidaridad que no deje a nadie atrás y atienda las necesidades de las clases trabajadoras en todo el Estado, al margen de cuáles sean sus nacionalidades o en qué lengua se expresen”.
“Solo desde esta premisa redistributiva se puede alcanzar un modelo de financiación y compensación justo entre todos los territorios”, expone IU, que defiende que “cualquier sistema de financiación, sea el que sea, debe garantizar la contribución a mecanismos interterritoriales de compensación y redistribución de riqueza para impulsar un desarrollo lo más homogéneo posible en todo el territorio del Estado, así como para corregir los innumerables déficits de financiación que arrastran distintas comunidades”.
Izquierda Unida está en contra de la aplicación del criterio de ‘ordinalidad’ incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC “por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita”. Añade que “haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan”, es decir, “nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial”.
Ese nuevo sistema de financiación para todas las comunidades que defiende IU “debe atender las necesidades generales de toda la ciudadanía y también aquellas específicas de los territorios infrafinanciados en los últimos años”.
“No tenemos duda -señala IU- de que Cataluña también ha padecido este problema, con un déficit de financiación en importantes infraestructuras, como el sistema eléctrico o el sistema ferroviario”, pero generalizar el modelo del acuerdo PSC-ERC al resto del Estado “imposibilitaría la puesta en marcha de cualquier mecanismo de solidaridad o compensación intraterritorial más allá de los límites de una comunidad”.
