El diputado de Izquierda Unida y coportavoz de Educación en el Grupo Plurinacional Sumar, Toni Valero, ha llevado al Congreso el tema de la segregación escolar que no solo aceptan, sino promueven, administraciones públicas del ámbito de la derecha. Valero ha registrado una iniciativa en la que, entre otras cuestiones, plantea a las/os máximo responsables de Educación que detallen si el Gobierno “tiene conocimiento de que se están financiando con fondos públicos algunas escuelas concertadas que discriminan al alumnado a través de la segregación escolar” y, de forma mucho más concreta, si piensa “tomar alguna medida para que las comunidades autónomas que están desobedeciendo la ley empiecen a aplicarla”.
El también coordinador general de IU Andalucía recoge en el texto datos tan importantes como que son “los centros educativos concertados los que contribuyen de forma determinante a la segregación escolar en España”, con una incidencia media en Secundaria a nivel estatal del 19,2%, “pero llega al 32,8%, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid”, gobernada por el PP, según datos constatados en el reciente estudio de F. Javier Murillo y Claudia Guiral ‘Los Centros Privados Concertados como Factor de Segregación Escolar por Nivel Socio económico en España’.
Según otros datos publicados, más de 30 centros concertados mantienen la segregación del alumnado por sexo en España, “ello a pesar de la entrada en vigor de la LOMLOE, el 19 de enero de 2021, que pretendía impedir la segregación del alumnado por sexo en los centros educativos públicos y concertados que, en caso de hacerlo, no podrían optar a financiación pública”, recuerda Valero.
El parlamentario y dirigente andaluz de Izquierda Unida destaca también que “la segunda comunidad que tiene más colegios concertados que segregan por sexo es la andaluza, que cuenta con nueve colegios”.
En un reciente artículo periodístico se recogían las declaraciones de un inspector educativo que mencionaba que ‘la costumbre se hace ley’, para explicar por qué centros en la provincia de Sevilla como el Altair (gestionado por el Opus Dei desde 1967), el Ángela Guerrero (desde los años 40 en el casco antiguo de Sevilla) o el Nuestra Señora de Lourdes (con más de dos siglos de historia en Carmona) perpetúan hoy su modelo fundacional de educación diferenciada, sostenida con fondos públicos, contraviniendo la ley de Educación, con el beneplácito del Gobierno autonómico del PP.
Toni Valero interroga también a Educación para que le responda por escrito sobre si el Gobierno “considera necesario que se den directrices a las inspecciones educativas para evitar la segregación escolar en todas las comunidades donde hay centros escolares concertados que mantienen la segregación escolar”.
El diputado de Izquierda Unida completa su iniciativa planteando también al Ejecutivo si “estudia medidas para que disminuyan otros tipos de segregación escolar como la de origen, étnica o socioeconómica”.
Valero cierra su exposición incidiendo en que todas estas formas de segregación “generan desigualdad e injusticia, y es contraria a los estándares internacionales y europeos de Derechos Humanos, como reconoce el propio comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo en el documento ‘Combatir la segregación escolar en Europa por medio de la educación inclusiva’.
También van en contra del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que establece la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
