El portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en materia de Agricultura y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía registra la proposición en el Congreso, reconoce que “las movilizaciones del mundo rural merecen toda nuestra atención” y advierte de que “la contradicción no está entre la agricultura y las políticas verdes, está entre los fondos de inversión y los agricultores; la contradicción está entre la agroindustria y el modelo social y profesional de la agricultura; la contradicción está entre las distribuidoras y los productores”.
El diputado y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en materia de Agricultura, además de coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha presentado hoy una ‘Proposición no de ley por el futuro del sector agroganadero social y profesional’ donde se insta al Gobierno a “garantizar unos precios justos a los productores haciendo cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria” de forma estricta y “a rechazar en el Consejo de la Unión Europea aquellos tratados de libre comercio que fomenten el ‘dumping’ ambiental, laboral y económico”.
Esta es la segunda iniciativa para dar una cumplida respuesta a las demandas de agricultores y ganaderos que el grupo de Sumar presenta con el formato de proposición no de ley -la primera, el viernes pasado, dirigida a Comisión, y la de hoy, para su debate en Pleno- “porque nos parece que hay que actuar de manera urgente”, según explicó el propio Valero, dado que un formato distinto, como el de proposición de ley, no permitiría un debate serio hasta dentro de tres o cuatro meses.
“Consideramos -inició su explicación- que en la salud del sector primario se juega mucho nuestro país. La actividad agraria es una actividad económica estratégica: por una parte, para arraigar a la población en el territorio, pero también para garantizar la seguridad alimentaria de la población y, cómo no, para la propia preservación del medio natural”.
El diputado andaluz de IU destacó que “las movilizaciones del mundo rural merecen toda nuestra atención y también el compromiso de las administraciones para aportar soluciones”, entre otras razones porque “hay un hartazgo, una desesperación en el mundo rural, que está viendo cómo entra en una lenta agonía el modelo agrícola, social y profesional”. Lo grave es que esto ocurre “mientras nuestro país es una potencia mundial en exportaciones y mientras la agroindustria incrementa sus cuentas de beneficios”.
Valero denunció lo que denomina como “una ‘uberización’ del campo”, es decir, que “los pequeños y medianos agricultores ven cómo cierran sus explotaciones, se da un proceso de concentración de la tierra, apenas aumenta la superficie cultivada, mientras en nuestro país sí aumentan las grandes explotaciones en manos de grandes empresas mientras han disminuyen las pequeñas”.
“Entendemos que hay que desplegar políticas valientes para reforzar el papel de los agricultores, para hacer frente a la crisis climática, para arraigar a la población en el territorio y, cómo no, para contribuir a la soberanía alimentaria”, resumió.
Toni Valero completó su explicación de los motivos de la presentación de la iniciativa señalando que “la contradicción no está entre la agricultura y las políticas verdes: la contradicción está entre los fondos de inversión y los agricultores; la contradicción está entre la agroindustria y el modelo social y profesional de la agricultura; la contradicción está entre las distribuidoras y los productores”.
El portavoz del grupo de Sumar en temas agrícolas insistió en que “ahí es donde hay que poner el foco de las responsabilidades de la crisis que se vive en el sector” y por eso en la iniciativa que ha coordinado “planteamos garantizar esos precios justos a los productores, haciendo valer, haciendo cumplir, la Ley de la Cadena Alimentaria. Hay que mejorar esta ley, mejorar su financiación para que sea efectiva y mejorando, como no, el funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria”.
Valero incidió también en que “hay que apuntar a los tratados de libre comercio, hay que rechazar los que propician el ‘dumping’ económico, el ‘dumping’ laboral o el ‘dumping’ ambiental”. Todo ello, mientras reclamó que España “abandere e impulse una política agraria comunitaria que redistribuya los fondos en favor de la agricultura social y profesional, y adecue la burocracia para acceder a las ayuda a las pequeñas y medianas empresas”.
El coordinador general de IU Andalucía consideró “fundamental” impulsar una Ley de Agricultura Social y Familiar “que tenga entre sus objetivos prioritarios una transición agroecológica”, porque “los agricultores deben tener más independencia de esas grandes empresas que controlan pesticidas e insumos” para lograr “reducir costes, tanto económicos, ambientales y contaminantes a los agricultores y las agricultoras”.
A preguntas sobre cuáles son los principales tratados comerciales que se rechazan, Toni Valero explicó que la complejidad de los acuerdos internacionales de la Unión Europea (UE) con países terceros lleva a que “el denominador común al que apelamos es que no sirvan esos tratados de libre comercio para importar productos sin los mismos estándares que la producción nacional, por razones obvias”.
“En primer lugar -enumeró-, para evitar la competencia desleal, pero también para garantizar una seguridad alimentaria, una salud a los consumidores en aquellos productos que evidentemente tienen que tener todas las garantías. Esa debe ser una línea estratégica en la política exterior de nuestro país y por tanto, también de la Unión Europea”.
Toni Valero entró también en un plano más teórico al explicar que la grave situación actual del campo es consecuencia de “causas estructurales, que tienen que ver con las políticas liberalizadoras en materia comercial, en un mercado con un alto componente especulativo”.
Eso significa que existen “unas reglas del juego en las cuales la agroindustria siempre gana y los agricultores siempre pierden. Eso significa que la agroindustria no solo se está haciendo con las tierras, sino que también está controlando los fertilizantes, los pesticidas, los insumos de los que se sirven los agricultores y los agricultores en sus explotaciones”.
Otra causa estructural “es que el reparto del valor añadido en la cadena alimentaria se está haciendo de una manera muy desigual.: el ‘reparto de la tarta’ queda fundamentalmente en manos de las distribuidoras y no en las de los productores y productoras”.
A estas razones estructurales se le suman otras coyunturales, como “los conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania, que aumentan el precio y hacen más difícil la rentabilidad de las explotaciones”. A ello se le suma “una crisis climática con una sequía que hace perder cosechas, con una serie de fenómenos y siniestros por granizo, lluvias, incendios que han aumentado y hacen aumentar las indemnizaciones”.
“Por lo tanto -concluyó-, hay una conjunción de factores que están poniendo en crisis al modelo agrícola, social y profesional, y que permiten que unos pocos especuladores puedan hacerse con el sector, puedan acabar con un modelo social y familiar que arraiga a la población, al territorio y que favorece la soberanía alimentaria”.
