Hace tres meses la ciudadanía progresista lanzó un mensaje nítido: frente a la amenaza reaccionaria de retroceso y la tentación inmovilista de resignación, nuestro país quiere afianzar y ampliar derechos laborales, sociales y cívicos.
La legislatura anterior ofreció un balance positivo, pero quedaron políticas por acometer y afrontamos nuevos retos que exigen un nuevo acuerdo que debe ser aplicado con ambición transformadora. La ciudadanía de izquierdas no tuvo miedo y el nuevo Gobierno de coalición deberá estar a su altura.
Hoy podríamos estar lamentándonos sobre los efectos nocivos de las primeras medidas antidemocráticas de un gobierno del PP y Vox, pero nos estamos felicitando por un acuerdo que concibe la vivienda como un derecho y no un privilegio, que incluye la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial -una histórica reivindicación histórica del movimiento obrero-, el aumento del SMI, la construcción de un sistema público de cuidados, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, una reforma fiscal para que la banca pague por fin lo que debe y la puesta en marcha de políticas reales contra la crisis ecosocial, entre otras tantas medidas sumamente importantes.
Los acuerdos políticos recogidos en los 11 ejes del documento «España avanza», en el que se incluyen algunos compromisos que quedaron por cumplir por falta de ambición, como la derogación de la Ley Mordaza, conforman una buena base programática para construir un país más justo, más igualitario y más libre. Esto es, republicano.
Parte sustancial de las propuestas programáticas aprobadas por nuestra organización política en la Coordinadora federal del pasado 22 de septiembre han sido recogidas. Desde IU seguiremos insistiendo en su cumplimiento a lo largo de la legislatura desde nuestro compromiso con el acuerdo alcanzado. Para ello hacemos un llamamiento a la reactivación de las bases sociales del gobierno: necesitamos un nuevo empuje colectivo de exigencia leal para que el nuevo gobierno de coalición haga frente a los retos del país y a las necesidades y demandas de la clase trabajadora y los sectores populares.