Al hilo de las distintas iniciativas parlamentarias puestas en marcha por Unidas Podemos para apoyar a los trabajadores de las empresas del sector del metal de Cádiz movilizados en defensa de sus derechos laborales, el diputado andaluz de Izquierda Unida en este grupo, Miguel Ángel Bustamante, ha solicitado hoy por escrito al Gobierno que explique qué datos maneja sobre “la situación laboral de los trabajadores españoles de PINE desplazados a los astilleros Chantiers de L’Atlantique, en Francia” y si tiene intención de emprender alguna acción por las prácticas laborales a las que les somete esta empresa española en suelo francés.
Bustamante registró esta mañana en el Congreso esta iniciativa, que firma junto a su compañera de grupo Mercedes Pérez, tras reunirse con una delegación del sindicato francés CGT desplazada hasta las dependencias parlamentarias en Madrid. Sus integrantes les han detallado las prácticas de “despotismo empresarial” que soporta la plantilla española que opera en los citados astilleros. En la reunión también participó la diputada andaluza de Unidas Podemos Isa Franco.
PINE Instalaciones y Montajes S.A. es una empresa española con sede central en la localidad vizcaína de Derio. Trabaja en astilleros vascos, andaluces (Cádiz) y gallegos. Parte de su plantilla está desplazada y opera también en los astilleros Chantiers de L’Atlantique, en Saint-Nazaire. Esta compañía ejecuta en esas instalaciones desde 2014 trabajos de electricidad en cruceros en construcción.
Según los datos aportados por CGT del departamento de la Loire-Atlantique, la compañía española subcontrata, a su vez, algunas de sus operaciones en Francia con una empresa creada al efecto por un ciudadano polaco y localizada en el municipio francés de Metz. El enjambre empresarial utilizado lleva a que una parte de los trabajadores dependa directamente de la matriz española de PINE, otros -incluidos operarios de origen polaco, africano o latinoamericano, algunos con residencia legal en España- tienen contrato con PINE France -agencia registrada en París por un alto directivo español de confianza-, mientras otro grupo depende directamente de la subcontrata creada ad hoc.
Bustamante denuncia que “según los datos que nos trasladan, un buen número de estos trabajadores no solo tienen problemas en sus contratos, discriminación salarial o impago de alojamiento, dietas u horas extras, sino que son víctimas de despidos tras sufrir accidentes laborales, casos de abusos, agresiones verbales o insultos racistas”.
Por ello, plantea al Ejecutivo en su iniciativa parlamentaria que diga si “considera que es posible realizar alguna actuación coordinada con las autoridades francesas para impedir estas deleznables prácticas empresariales en esos astilleros”.
“Al parecer, desde 2016 se ha producido una continua y peligrosa escalada de vulneraciones de derechos laborales con una actitud violenta y déspota de ciertos directivos de PINE en el astillero”, explica el diputado en la pregunta que dirige al Gobierno.
Añade que “además, se denuncia también la vulneración de los derechos de los trabajadores desplazados contemplados en los convenios colectivos francés y español, y en la normativa europea de desplazamiento transnacional”.
