El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado hoy el compromiso de su grupo parlamentario para “contribuir a incrementar las acciones para implementar el Acuerdo de Paz en Colombia”, porque entiende que “solo así será posible conjurar la reaparición otra vez de las mismas causas que han motivado sucesivamente el surgimiento del conflicto”.
Santiago, abogado y experto conocedor del proceso de paz colombiano tras participar como asesor jurídico en las negociaciones para alcanzar el acuerdo firmado hace cinco años, ha intervenido en un encuentro hoy en el Congreso en el que han participado diputados/as y senadores/as miembros del Intergrupo Parlamentario para el apoyo y seguimiento de ese acuerdo de paz.
La reunión ha contado también con la participación de grupos y portavoces de la sociedad civil colombiana y española que se han encargado de coordinar la creación de un Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia en el que participen representantes de cámaras autonómicas de todo el Estado.
Entre las intervenciones más destacadas han estado las de Franklin Castañeda, abogado defensor de derechos humanos en ese país, así como las de personas defensoras de estos derechos y acogidas en los programas de protección temporal colombianos.
Santiago agradeció el trabajo en favor de la paz por parte de los miembros de los distintos grupos en diferentes parlamentos de todo el Estado, “pero sobre todo el de los compañeros y compañeras que desde las organizaciones de derechos humanos, de solidaridad y desde la sociedad civil han hecho posible que se pueda constituir un grupo interparlamentario sobre Colombia. Es de justicia reconocerlo”.
“Afortunadamente -dijo-, estoy convencido de que esa va a ser la línea de trabajo, que sea el movimiento de solidaridad quien vaya marcando el trabajo y exigiendo, coordinando e impulsando a los representantes que se encuentran en las instituciones”.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos indicó que a pesar de todas las dificultades que se han denunciado durante la reunión, “el proceso de paz continua existiendo en Colombia”, aunque advirtió de que “hay miles de dificultades puestas desde instituciones que deberían estar empujando el Acuerdo de Paz en vez de refrenarlo o inventarse absurdos oximorones, como eso de la ‘paz con legalidad’, que es algo que se da por supuesto”.
Recordó que el Acuerdo de Paz “no solo reunía los requisitos de legalidad, sino que está elevado a norma constitucional, por lo que carece de sentido cualquier intento de cuestionamiento”.
Enrique Santiago advirtió de que existe “un retraso y una dejadez en la ejecución de todo lo que tiene que ver con las causas que generaron el conflicto armado”. Por ejemplo, “no es casualidad que no se haya ejecutado lo referido a la reforma rural integral, a la sustitución de cultivos de uso ilícito o a las normas para la garantía de participación política”, enumeró.
Destacó espacialmente la “absoluta mala fe en la falta de implementación de todo lo que tiene que ver con las garantías de seguridad” y tachó de “inaceptable” que cerca de 300 personas reincorporadas a la vida civil hayan sido asesinadas, así como “el listado inacabable de líderes y lideresas sociales” eliminados/as también de forma violenta.
Valoró que “se viene ejecutando lo que tiene que ver con las consecuencias del conflicto, y no tanto las causas”, es decir, “con la aplicación de mecanismos de justicia para las víctimas, jurisdicción especial para la paz, comisión de esclarecimiento de la verdad, unidad de búsqueda y lo que tiene que ver con reincorporación de ex guerrilleros y ex guerrilleras”.
Para Santiago, “una de las partes firmantes del acuerdo ha cumplido lo que le correspondía, la desmovilización y la puesta en marcha de aquello que le correspondía implementar” y, por lo tanto, “hay que ser más exigentes respecto a la institucionalidad del Estado para que cumpla con la parte que le corresponde”.
Recordó también que frente a las enormes dificultades que se afrontan también se debe valorar que “en perspectiva histórica, las protestas y movilizaciones sociales, esa nueva fase de la política en Colombia que alumbra ese pacto histórico que va a poder garantizar gobiernos democráticos y respetuosos con los derechos humanos en el futuro, no sería posible en el futuro si no hubiera sido por el Acuerdo de Paz”.
Indicó a las personas presentes en la reunión que ese acuerdo “ha traído lo que temían muchas oligarquías, quienes tenían en la guerra una maquinaria permanente de enriquecimiento y un mecanismo de control político y exclusión de la oposición y la movilización social empiezan a darse cuenta de que esta movilización es posible en Colombia y ya no es tan fácil criminalizarla y tacharla de subversiva, terrorista o insurgente”.
Recordó que Unidas Podemos ha trabajado para poner en marcha en el Congreso, junto con otros grupos, el intergrupo de trabajo de apoyo al proceso de paz en Colombia. Consideró que hay que incrementar “la intervención desde las políticas de cooperación desde las instituciones españolas y de la Unión Europea para proteger los derechos humanos en Colombia y exigir el respeto y la garantía hacia estos derechos. Y, por supuesto, contribuir todo lo posible a apoyar la implementación del Acuerdo de Paz”. El periodo constitucional mínimo de implementación son 12 años, han trascurrido 5 y ese esfuerzo lo debe seguir haciendo toda la comunidad internacional.
Enrique Santiago señaló también que existe una “problemática muy específica” como es la situación de bloqueo de la mesa de conversaciones en Cuba con el Ejército de Liberación Nacional. “Este bloqueo -explicó- ha acarreado una situación tremendamente injusta para el Estado cubano, que ha sido censurado de una forma un tanto sorprendente por el Gobierno colombiano”.
El diputado relató que el Estado colombiano solicitó al cubano trasladar la mesa de conversaciones de Ecuador a La Habana “y después acusa al Gobierno cubano de estar apoyando a una organización fuera de la ley. Es algo carente de todo sentido desde el punto de vista diplomático y de la mínima lógica política”.
Consideró que la comunidad internacional “debe hacer un esfuerzo para desbloquear esta situación y, si no es así, debe hacer que desaparezca cualquier tipo de sanción, criminalización, señalamiento o problema añadido al Estado cubano por haber intentado impulsar este proceso de paz”.
“Desde Unidas Podemos seguiremos coordinando el trabajo con la sociedad civil colombiana y española para contribuir a que las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales sean oídos tanto en España como en Europa, e incrementar el trabajo en ese sentido del Gobierno de España”, concluyó su intervención.
