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Enrique Santiago responde a Vox en el Congreso que “utilizar y manipular a la justicia es parte de su política de ataque a una democracia que desprecian”

El portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida en la Cámara Baja rechaza el enésimo intento de la ultraderecha para reprobar a varias ministras, demuestra con datos que “atacan la acción judicial asiduamente” y denuncia que todo ello evidencia “la doble vara de medir la democracia habitual de los señoritos de Vox”

El portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha respondido esta tarde en el Congreso a los dirigentes ultraderechistas de Vox que la “utilización y manipulación de la justicia por ustedes es parte de su política de ataque a una democracia que desprecian”.

Santiago hizo esta contundente valoración durante su intervención para rechazar la enésima iniciativa fallida del Partido de Santiago Abascal para reprobar, en este caso, a tres miembros del Gobierno por dar su opinión de forma educada sobre decisiones judiciales.

El parlamentario de Unidas Podemos y abogado recordó a la ultraderecha que en nuestro país “no existe norma que impida valorar o criticar las sentencias” y que “castigar la crítica y la discrepancia es retrotraernos a los tiempos de la dictadura”, como pretende Vox.

En una muy documentada intervención, Santiago advirtió que es el propio partido de Abascal el que “ataca la acción judicial asiduamente y utiliza a la justicia cada vez que les interesa”. A partir de ahí, desgranó un rosario de declaraciones públicas, con sus correspondientes fechas que lo prueban.

“En diciembre de 2020 -comenzó- la señora Olona acusó al Tribunal Constitucional de ser ‘cómplice’ de un supuesto ‘golpe de Estado’ del Gobierno. Acusó al tribunal de ‘abandonar al pueblo español’ y a los magistrados de ‘deber las sillas’ a los partidos”.

Recordó que hasta diciembre de ese mismo año “Vox había interpuesto 11 recursos ante el Constitucional para intentar ganar en un tribunal que dicen ‘politizado’ lo que no ganan en el Parlamento”.

“Si el Tribunal Constitucional estaba politizado en diciembre de 2020 y no ha variado su composición, hoy seguirá estándolo”, dijo, porque, “en ese caso, ¿al dictado de quién actúa ahora? ¿Al dictado de Vox precisamente?”, interrogó Santiago con sorna.

Enrique Santiago continuó con sus ejemplos y recordó como “Abascal calificó la sentencia del Supremo sobre el ‘procés’ de ‘vergüenza para España’ y como ‘muy desacertada’. Atacaba al Supremo por ser ‘incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional’”, mientras Ortega Smith tachaba esa sentencia “de ‘gravísimo error judicial’”.

Para el portavoz parlamentario de IU, todas éstas “son críticas mucho más duras que las que han hecho las ministras que ustedes critican. Es la doble vara de medir la democracia habitual de los señoritos de Vox”.

Pero los duros ataques de la ultraderecha no se han limitado a los tribunales españoles. “Con ocasión de las resoluciones sobre el ‘procés’ del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea -apuntó Santiago-, el señor Espinosa de los Monteros también se despachó a gusto y decía que ‘es un palo a España, un ataque a la soberanía nacional’, ‘es una falta de lealtad de las instituciones europeas’. Mientras, “también el señor Abascal dijo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ‘da oxígeno a los golpistas’ y lo acusó de cuestionar la soberanía nacional”.

Pero además de probar que Vox no escatima epítetos e insultos a los fallos judiciales que desaprueban sus máximos dirigentes, Enrique Santiago también acusó a la ultraderecha de “incumplir la obligación constitucional de prestar colaboración para la ejecución de lo resuelto por los tribunales cada vez que una sentencia no les gusta”.

También aportó un hecho que lo prueba y recordó a la gesticulante bancada de Vox cómo en mayo pasado, en plena crisis de las personas migrantes llegadas a territorio español, “el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les prohibió un mitin en Ceuta. Ustedes desobedecen la sentencia y convocan el mitin pero, como son ‘muy inteligentes’, dicen que era una rueda de prensa en la calle, a la que podían acudir sus seguidores”. Al final tampoco pudo celebrarse por motivos de seguridad.

“Ahora nos exigen a otros que no hagamos lo que ustedes reivindican hacer para sí mismos”, les reprochó y recordó cómo el diputado de Vox Pedro Fernández afirmó el pasado mes de julio “que es compatible ‘el respeto a las decisiones judiciales’ con que los partidos ‘puedan hacer su interpretación estrictamente política’ de las mismas. Dos días después, Vox registra esta proposición no de ley, en la que defienden exactamente lo contrario”.

Santiago recordó también un ejemplo del fulibusterismo parlamentario que tanto le gusta practicar al partido de Abascal y como en marzo de 2020 “cuatro días antes de la declaración del estado de alarma, solicitan la paralización de todas las actividades de esta Cámara. Pero cuando nueve días después la Mesa del Parlamento aprobó suspender solo los plazos para la tramitación de las iniciativas recurren al Constitucional y lo califican como ‘secuestro’”.

“Si eso era un secuestro, ¿lo de ustedes qué era?”, les reprochó Santiago, cuando no se han cortado de llevar a los tribunales “una medida que suspendía menos actividad parlamentaria que la que ustedes habían exigido suspender previamente”, además de impugnar ante el Constitucional “el estado de alarma que habían votado a favor. Lo que ahora llama el señor Espinosa de los Monteros ‘la mayor vulneración de derechos de la democracia’ ustedes lo votaron a favor”.

Santiago recordó que Unidas Podemos “también discrepa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma”, pero lo hace porque es “una solución incorrecta jurídicamente, crea un problema nuevo sin solucionar el problema preexistente e imposibilita la aplicación de medidas sanitarias adecuadas para acabar con una pandemia”.

Para el diputado y abogado, “enfrentar catástrofes sanitarias con el estado de excepción es un error jurídico. La Constitución limita este estado de excepción a 60 días, insuficiente para combatir una pandemia. Y, además, es una vía que daña la democracia porque permite suspender innumerables derechos fundamentales”.

“Decía un magistrado del Constitucional en su voto particular que ‘es difícil no sentir cierta fatiga intelectual frente a la deriva del Tribunal’”, recordó para lamentar a regló seguido que “son ya 1.000 días con las derechas atrincheradas en actitud de desacato constitucional”.

Advirtió en este caso tanto a Vox como al PP que “si continúan bloqueando la renovación de los órganos constitucionales, el Constitucional seguirá con su mandato expirado parcialmente y dañado por una inevitable falta de legitimidad”.

“Están haciendo un daño irreparable a los órganos constitucionales y a nuestra democracia, y ahora no pueden decir que los jueces elijan a los jueces porque el bloqueo del Constitucional nada tiene que ver con eso”, concluyó.

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