En IU queremos reiterar nuestra apuesta decidida por la escuela pública, que es la única que asegura la cohesión social y evita la segregación escolar.
La pandemia, con sus consecuencias de confinamiento domiciliario del curso pasado, o las situaciones de “semipresencialidad” en el actual, no ha tenido el mismo impacto para todo el alumnado y ha provocado que determinados grupos de estudiantes cursen sus estudios con mayor desigualdad.
La emergencia sanitaria y la situación de confinamiento que vivieron las familias el curso pasado, junto a las situaciones de “semipresencialidad” que existen en muchos territorios por culpa de la falta de inversión y una apuesta decidida de las administraciones públicas por la Educación, ha puesto una vez más de manifiesto las profundas desigualdades y desequilibrios entre el alumnado.
En una encuesta realizada por la Fundación Secretariado Gitano a 11.000 personas de la comunidad andaluza, resultó que sólo un tercio de los participantes disponían de ordenadores para seguir con las clases online. Más del 40% de los estudiantes no tenían acceso a internet o lo tenían con datos limitados. Casi un 30% no podía realizar las tareas escolares que les estaban enviando los centros educativos.
Hoy más que nunca los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguen estando vigentes y deben ser nuestra hoja de ruta: una educación basada en la igualdad, la diversidad y la inclusión es posible con el compromiso de toda la sociedad.
Los datos existentes confirman una realidad implacable: no hay gitanos/as en la escuela privada y muy pocos/as en la concertada, entre el 7% y el 10%. A pesar de los notables avances en los últimos años, 6 de cada 10 niños y niñas gitanas no terminan la Educación Secundaria Obligatoria, 43,3% de estos/as jóvenes entre 15 y 19 años ni estudia ni trabaja y la tasa de exclusión del empleo entre la población gitana es del 78,6%. Cifras como estas ponen en evidencia la exclusión que sufre la población gitana en España. Todo ella se manifiesta de manera clara y práctica en el importante fracaso educativo del alumnado de extracción gitana.
Tanto las personas expertas en Educación como quienes diseñan la prueba de evaluación internacional PISA señalan como primera causa del fracaso en la escuela la segregación escolar. La situación socioeconómica y cultural de la familia repercute directamente sobre los resultados académicos del alumnado, más que cualquier otra consideración.
Por tanto, cuando hablamos de un colectivo humano que sufre una situación de marginación y exclusión social histórica, con gravísimos problemas de vivienda y empleo, no podemos separar los resultados escolares de este contexto. Sólo reforzando las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión, y si se apuesta por medidas que promuevan la cohesión social y los derechos más básicos de toda la ciudadanía conseguiremos que un derecho humano universal como el acceso a la educación se haga en condiciones de equidad.
Izquierda Unida considera que la anómala dualidad público-privado (concertada o no) que existe en el sistema educativo español consolida y, a menudo, legitima esta diferenciación social.
La escuela pública, a través de los/as muy buenos profesionales con los/as que cuenta, intenta garantizar el desarrollo de las diversidades culturales. Pero el modelo de subvenciones y conciertos en favor de la escuela privada y el desigual sistema de admisión del alumnado acaba conformando escuelas específicas donde se matriculan, mayoritariamente, niños y niñas gitanos y no gitanos de familias socioeconómicamente deprimidas y marginales.
Es el indicativo de una política educativa que colabora, cuando no legitima, una diferenciación social que de forma implícita reconoce una discriminación y mantiene vigentes unos prejuicios contra las personas pobres en general y la población gitana, en particular, que hace imposible el mandato constitucional de la igualdad de oportunidades.
El derecho a la educación se debe entender también como derecho de todo el alumnado a aprender con éxito, al margen de su origen o condiciones socioeconómicas, culturales o de índole personal. La escuela pública, que no la privada ni la concertada, ya lo practica y será la única que asuma de forma correcta la atención de lo rural y lo marginal.
El acceso a los medios telemáticos, el nivel cultural de las familias, el tamaño y calidad de las viviendas o el agravamiento de los problemas económicos y laborales, se han convertido en esta situación de pandemia más determinantes. El efecto socializador y equitativo que la escuela pública realiza sobre un alumnado diverso es imprescindible para alcanzar la equidad.
No podemos olvidar que el abandono escolar temprano actualmente en España es de un 19,4 %, la media europea de un 14,9% y para la comunidad gitana es de un 63,4%. Como muchos expertos y expertas en educación, asociaciones de madres y padres, de estudiantes u organizaciones sindicales han denunciado, nos debe preocupar, especialmente, la continuidad educativa de todo el alumnado que vive en una situación de riesgo de pobreza y vulnerabilidad.
Porque sí se puede. Según datos del Secretariado Gitano y para el curso 19/20, del total del alumnado atendido por el programa “Promociona”, el 97% del alumnado de Primaria consiguió pasar de curso y el 61,2% lo hizo con todas las asignaturas aprobadas. El 96,5% del alumnado de Primaria en situación de promocionar a la ESO lo consiguió y, de éste, el 64,7 % con todas las asignaturas aprobadas. El 83% del alumnado de Secundaria pasó de curso y el 56,8 % acabó con todo aprobado.
Por eso Izquierda Unida defiende y exige desde su Área Federal de Educación una enseñanza pública y gratuita como condición necesaria para que la educación sea un derecho garantizado por la comunidad social e instrumento de cohesión y de igualdad.
