El portavoz adjunto de Unidas Podemos Enrique Santiago ha denunciado esta mañana en el Pleno del Congreso que el “pánico” que tiene el Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “es directamente proporcional a lo mucho que tienen que ocultar y esconder a jueces y tribunales”.
Santiago advirtió de que el “espectáculo” que está dando el partido que lidera Pablo Casado sobre esta cuestión pone de manifiesto que intentarán seguir “secuestrando al Poder Judicial hasta que se les garantice la impunidad en los muchos procesos por corrupción que tienen por delante: Bárcenas, Lezo, Púnica, etc, etc”.
El también portavoz parlamentario de IU en el Congreso realizó estas manifestaciones durante su intervención para defender la proposición de ley orgánica que modifica la Ley del Poder Judicial y establece un nuevo régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Denunció que esta reforma “viene impuesta por el incumplimiento permanente del PP de una norma constitucional que obliga a la renovación del Consejo”, ya que “cuando el PP está en el Gobierno la renovación se produce con dificultades, pero se produce; cuando el PP está en la oposición, la renovación es imposible”.
Enrique Santiago valoró que “cuanto más fragmentada está la derecha, más bloquea el PP la construcción de consensos entre las fuerzas democráticas y más se quiere parecer a una ultraderecha alérgica a la democracia” y apuntó que “el ‘trío de Colón’ mantiene un comportamiento antisistema: vetos, exclusiones, negativa a construir consensos y fraude constitucional permanente, cada uno a su manera”.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos rechazó de plano que “el Partido Popular, con cinco millones de votos, argumenta que una fuerza política que tiene más de tres millones no puede participar en procesos constitucionales y bloquea a un Parlamento que representa a 21 millones de votantes. Decide qué fuerza política puede representar legítimamente a españoles y españolas y cuáles no. Esa es su visión de la democracia”.
Santiago reiteró la idea de que el actual CGPJ “está agotado” y una muestra de ello es “cómo se ha volcado a hacer política”, por ejemplo con “declaraciones de vocales actuales vetando a candidatos o injiriendo en las competencias del Legislativo” como algo habitual.
“Sin tener competencia para ello -explicó-, el Consejo exige de forma irrespetuosa con la legalidad intervenir en tramitaciones legislativas y continúan efectuando nombramientos a pesar de que tienen un mandato ampliamente agotado y que, por tanto, carecen de legitimidad democrática para continuar realizándolos”.
Apuntó, además, que quienes “tachan en esta Cámara al Ingreso Mínimo Vital de ‘paguita’, permiten que unos consejeros que ya deberían haber dimitido hace tiempo permanezcan en cargos que no les corresponden y cobren los salarios de servidores públicos más altos de toda España”.
Aclaró también que Unidas Podemos “no ha presentado ninguna propuesta de vocales al CGPJ, nadie nos ha preguntado” y que los “vetos que pone como excusa el PP para continuar su actitud sediciosa de bloqueo constitucional” lo son “contra jueces y juezas que tienen la misma legitimidad que cualquier otro colega que participe en un proceso electivo”.
Lamentó que estos vetos y bloqueos de órganos constitucionales por parte del partido de Casado “no va a concluir porque aprobemos esta norma”, que es ya “imprescindible” para limitar “las competencias de un órgano que funciona con un mandato vencido hace dos años y medio, al igual que tienen limitado sus mandatos y competencias el Congreso, el Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualquier ministerio cuando están en funciones”.
Santiago expuso también una batería de argumentos legales para llevar a cabo esta reforma. Recordó que la duración del mandato de los vocales del Consejo “se determina claramente en la Constitución, en el artículo 122, por un periodo de cinco años” y cumplido este periodo “no es democráticamente posible que dicho órgano pueda cumplir adecuadamente su mandato constitucional”. Un CGPJ con su mandato expirado hace ya más de dos años “se encuentra en una situación de anormalidad, una situación extraordinaria, y su régimen jurídico no puede ser el mismo que si su mandato estuviera vigente”, dijo.
De ahí que la Ley Orgánica del Poder Judicial “denomina al Consejo que supera su mandato como ‘saliente’ e indica que continúa exclusivamente ‘en funciones’. Pese a ello, a diferencia de lo que sucede con los otros órganos constitucionales que sí cuentan con una exhaustiva regulación de cómo han de operar cuando se encuentran en funciones, en el caso del CGPJ no existía previsión alguna y de eso, de manera oportunista se ha servido el PP de forma sediciosa”.
El portavoz parlamentario de IU considera que el Congreso “tiene la obligación de poner fin a esta catástrofe”, ya que “no estamos eligiendo jueces, que le quede claro a toda España, estamos eligiendo órganos constitucionales. Es la obligación de cualquier demócrata aprobar esta reforma, que no es más que una ley para subsanar un vacío normativo”.
Señaló que “estamos en una confrontación de la derecha contra la democracia y contra este Congreso” y que si esta reforma “no desbloquea la situación, tendremos que discutir otras, que deberán contemplar el cese automático de los vocales una vez concluido su mandato”.
No obstante, lamentó de que a pesar de que se apruebe la reforma “el mal ya está hecho” debido a que el proceso de renovación del CGPJ “ha sido degradado por el PP hasta extremos insoportables”. Por eso consideró “imprescindible” sanear el proceso y “comprometernos ante toda la sociedad a poner fin a este espectáculo y empezar de nuevo”.
“Unidas Podemos -planteó- proponemos empezar de nuevo; un nuevo proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistradas, con toda transparencia. Para ayudar al PP a encontrar una salida medianamente decente a su actitud dictatorial de bloqueo y vetos a jueces y magistrados que son candidatos y candidatas avaladas por el CGPJ, por el único motivo de no ser serviles a las órdenes impartidas desde Génova”.
Santiago propuso “un gran acuerdo para que las nuevas candidaturas sean paritarias, entre hombres y mujeres. Que todos los partidos representados en esta Cámara se comprometan a adoptar las medidas jurídicas y políticas necesarias para que el nuevo Consejo sea por primera vez en la historia de España paritario entre hombres y mujeres, y ojala que por primera vez presidido por una mujer”.
