Izquierda Unida y Podemos consideran una “terrible equivocación” la decisión adelantada desde el Ministerio de Justicia a los medios de comunicación de que la Abogacía del Estado ‘no recurrirá’ la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que confirma el derecho de los herederos del dictador Francisco Franco a recibir una importante indemnización económica por los gastos contraídos en el pazo de Meirás, pese a que el mismo fallo confirma que este bien es patrimonio público a todos los efectos.
Desde ambas formaciones, sus responsables a nivel estatal de Memoria Democrática -Paco Gracia (Podemos) y Esther López Barceló (IU) exigen “rectificar de inmediato y recurrir”, como ya ha anunciado que hará el Ayuntamiento de Sada, donde se ubica el pazo, y como entienden que también debería hacer la Xunta sin buscar excusas.
Ambos consideran “imprescindible” que se recurra, entre otras razones, para que “no se pueda sentar ningún peligroso precedente que obligue no solo ahora, sino en el futuro por otros casos aún en disputa, a destinar centenares de miles de euros para pagar a la misma familia del dictador que se ha aprovechado durante décadas de bienes públicos y que sigue aferrándose a ellos con uñas y dientes”. Aún están pendientes las reclamaciones sobre otros bienes expoliados como la Casa Cornide o las esculturas del Mestre Mateo.
“Nadie podría entender que esto pase -coinciden- mientras en nuestro país no se ha reparado el daño a las miles de familias represaliadas por el franquismo, muchas de las cuales tienen aún a sus seres queridos en las cunetas”.
López Barceló sostiene que “resulta incomprensible que en un Estado de Derecho se avale la tesis de que no hubo ‘mala fe’ en el expolio continuado de un bien patrimonial por parte de la familia Franco”, como justifica el último fallo judicial, cuando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sí consideró que se dio esta ‘mala fe’ sin género de dudas.
En el mismo sentido, Paco Gracia apostilla que “aquí no se está hablando de una especie de ‘expropiación’ que deba ser compensada con dinero público cuando se lleva a cabo, sino de una restitución de un bien público. Los Franco nunca compraron el pazo de Meirás con su dinero. Pagarles ahora sería hacer pagar a la ciudadanía dos veces y repetir la injusticia”.
“La justicia debe estar al servicio de la democracia y no de los intereses de quienes la aplastaron por la fuerza y a costa de miles de vidas humanas. Otra cosa resulta incomprensible y ofensiva”, señalan.
