Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE), que junto al Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas presentaron una querella contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, ante el Tribunal Supremo denuncian el “cerrojazo judicial” que supone la decisión hecha pública hoy de rechazar por segunda vez esta acción, una decisión que carece de “una motivación ajustada a los parámetros constitucionales de tutela judicial efectiva”.
Las organizaciones querellantes contra el actual rey emérito y otras personas de su entorno por distintos delitos, todos ellos vinculados al presunto cobro de comisiones ilegales y de importante cantidades de dinero no declaradas a Hacienda, muestran su “profundo desacuerdo y malestar” con el auto que inadmite y archiva la querella. En esta decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es ponente, igual que en la anterior, su máximo responsable y presidente, el magistrado Manuel Marchena.
Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas anuncian que interpondrán de inmediato un “recurso de súplica contra el auto de archivo ante la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo”.
“En primer lugar -indican en un texto conjunto- debe destacarse la pobre argumentación que se expone en el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la que se rechaza la querella, carencia de motivación que supone una manifiesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogida en el Art. 24 de la Constitución”.
Entre otros motivos, es ante esta falta de “argumentos fundados” para archivar la querella por lo que los querellantes entienden que la sala que preside Marchena decide “para salvar la institución de la monarquía, optar por el cerrojazo judicial carente de una motivación ajustada a los parámetros constitucionales de tutela judicial efectiva”.
Resulta “incomprensible”, destacan, que la Sala Segunda indique que “no procede abrir una investigación contra Juan Carlos de Borbón porque los hechos que se relatan en la querella no son más que ‘informaciones reflejadas en la Prensa’, lo que no deja de sorprender”, en primer lugar “porque la información publicada no ha sido desmentida por las autoridades españolas” y, por otro lado, “porque la querella no solo se fundamente en información periodística”.
Los querellantes detallan que tuvieron muy en cuenta para su actuación, y así lo plasmaron en ella, “comunicados oficiales de la Fiscalía General del Estado, la Casa Real y el propio querellado”.
“Además -advierten-, causa sonrojo que el Tribunal Supremo alegue que el conocimiento de hechos criminales por los medios de comunicación no es suficiente para la apertura de una investigación judicial cuando, por el contrario, es notoriamente conocido que en este país ha sido gracias a hechos dados a conocer por la Prensa como se han abierto importantes investigaciones judiciales, en especial en asunto relacionados con la corrupción dentro de la Administración Pública”.
A la ya aludida carencia de fundamentación y motivación de la Sala Segunda del Supremo se le suma también “la escueta e ininteligible argumentación sobre la no apertura de investigación sobre los hechos que ya están siendo investigados por la Fiscalía del Tribunal Supremo”.
Para Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas el Supremo “reconoce que la Fiscalía está investigando hechos relativos a la conducta de Juan Carlos de Borbón por existir indicios de criminalidad pero, a la vez, renuncia a su propia capacidad investigadora, cediendo esta labor a la Fiscalía en unas diligencias de investigación opacas y a las que a la acusación popular se le está vetando su conocimiento, lo que a la postre es vetar su conocimiento al conjunto de la ciudadanía española”.
Los querellantes indican que “no podemos dejar de señalar” lo “significativo” que resulta que la Sala Segunda “obvie toda referencia a la aplicación de la inviolabilidad, como sí pedía en su informe de inadmisión la Fiscalía del Tribunal Supremo”. De ello “se puede deducir que la Sala no comparte plenamente esa argumentación de la Fiscalía sobre la aplicación del concepto e inviolabilidad al conjunto de hechos denunciados”.
