El portavoz parlamentario en el Congreso y responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha explicado esta mañana desde Santander que con la ampliación de la querella presentada esta semana en el Tribunal Supremo por esta formación, junto al PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, para aclarar las actuaciones que vinculan a Juan Carlos de Borbón con graves casos de presunta corrupción “pedimos algo tan simple como que se investigue, y eso no significa que se acabe con la presunción de inocencia ni nada por el estilo”. Santiago tachó como “una vergüenza para este país” que “el único organismo judicial que está investigando esto en el mundo sea suizo”.
El diputado y abogado incidió en el hecho de que “en España no hay ningún órgano judicial que esté investigando esto. La única investigación está abierta en Suiza. Que la Fiscalía tenga unas diligencias abiertas no equivale en nuestro sistema legal a una investigación judicial. Hasta que la Fiscalía no lleve eso a un tribunal, en España no hay investigación judicial”.
Santiago hizo esta valoración en un contacto con los medios de comunicación durante la jornada de trabajo que desarrolla en Cantabria, junto al coordinador general de Izquierda Unida en esta comunidad, Israel Ruiz Salmón, y antes de desplazarse esta tarde a la localidad de Reinosa para interesarse por el problema que han generado las inundaciones en diversas localidades de la comarca.
“Vivimos -aseguró- una situación un tanto anómala. Como ha dicho alguna política de la derecha, parece ser que hay personas que sorprendentemente están por encima de las leyes, cosa que no se recoge ni en la Constitución ni en las leyes procesales ni penales de este país”.
Denunció que “esto sea así” y valoró que “creemos que es bueno aventar cualquier posible sospecha sobre comportamientos irregulares en cualquier institución. España tiene un serio problema de corrupción, lo dicen los informes GRECO y constantemente el Consejo de Europa. Es necesario que cuando esos problemas de corrupción se evidencian en instituciones tan importantes como la jefatura del Estado se aclaren”.
Enrique Santiago reconoció estar “sorprendido” porque “hace dos años que la Fiscalía General del Estado lleva adelante unas diligencias informativas sobre Juan Carlos de Borbón y no se han judicializado. No hay ningún tribunal en España que esté investigando esos hechos que ya conoce toda la opinión pública y cada vez más extensamente detallados en los medios de comunicación. No son ellos quienes tienen que hacer ese trabajo de investigación, sino la justicia”.
Detalló que “en el ejercicio de la acusación popular que está en nuestra Constitución, Izquierda Unida, con el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, y en coordinación con todo el grupo de Unidas Podemos que pide una comisión de investigación sobre estos hechos, entendemos que no puede haber impunidad en este país”.
A su juicio, “cualquier ciudadano entiende que las previsiones de inviolabilidad en la Constitución respecto a las actuaciones del jefe del Estado son respecto a actuaciones oficiales, a nadie se le puede ocurrir que la Constitución en un país democrático otorgue una facultad al jefe del Estado para ir delinquiendo”.
Para el portavoz parlamentario de IU “se trata de aclarar eso y ojalá que después de la actuación judicial se ponga de manifiesto que no ha habido ninguna actuación irregular, pero es necesario llevar adelante esa investigación y, en su caso, tomar las medidas que la justicia prevé en estos casos”.
Santiago recordó que “cuando presentamos la querella en 2018 el Tribunal Supremo la archivó con el argumento de que se estaba investigando en la Audiencia Nacional; un mes después la Audiencia lo archivó y dijo que en ningún momento había investigado al jefe del Estado, sino al señor Villarejo (ex comisario en prisión desde hace años) y a la señora Corinna Larsen (ex amante del rey emérito). A fecha de hoy ningún organismo judicial ha investigado estas presuntas actividades del jefe del Estado”.
Preguntado si cree que la querella que defienden IU y el PCE en el Supremo como acusación popular puede causar algún problema dentro del Gobierno de coalición. Señaló que “no me cabe en la cabeza que la aplicación de las leyes en un Estado de derecho pueda traer un conflicto en un Gobierno democrático y progresista”.
