Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, han registrado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una ampliación de su querella inicial sobre las actividades presuntamente delictivas protagonizadas por el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, ayudado por personas de su confianza, para que se incluya en la causa especial 21092/2018 que lleva el Alto Tribunal.
El amplio escrito, muy detallado y documentado, incorpora los casos que han saltado a la luz pública en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que el todavía rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria hace tan solo unos días para evitar una investigación más exhaustiva, al uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de elevadas cantidades de dinero a través de paraísos fiscales y Estados opacos a las investigaciones fiscales. De esta forma, los querellantes amplían sustancialmente el objeto de su acción ante el Alto Tribunal, iniciada en 2018, por el presunto cobro de comisiones ilegales por la intermediación de Juan Carlos de Borbón en la adjudicación de la AVE a La Meca.
“De la lectura de la presente ampliación de querella -señalan PCE e IU en su escrito-, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo”.
Recuerdan que existen evidentes “indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero”.
La querella iba inicialmente dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra su amante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. Ahora se completa con los nombres del ya citado empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.
Tanto los hechos delictivos recogidos desde un primer momento como los que se detallan ahora en el texto de ampliación de la querella se corresponden a 13 delitos -siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Entre los nuevos casos que se incorporan ahora está el referido a la segunda investigación abierta en la Fiscalía del Supremo -no judicializada aún, igual que la primera- por la utilización por parte de Juan Carlos de Borbón y otras personas de su familia de fondos que habría donado el empresario Sanginés-Krause. Esta actuación se habría realizado con tarjetas de crédito a nombre del coronel Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito durante casi una década.
“Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014 en el ejercicio de sus funciones constitucionales”, apunta el escrito del PCE e IU.
Estos hechos obligaron al rey emérito hace unos días a presentar ante el departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid una regularización de 678.393 euros por lo que habría dejado de pagar al fisco debido a las donaciones de su amigo mexicano.
La ampliación de querella apostilla que “según numerosas informaciones periodísticas que no han sido cuestionadas, el ciudadano mexicano ha reconocido en su declaración ante la Fiscalía que abonó 113.000 euros de viajes y estancias de Juan Carlos de Borbón en los años 2016 y el 2017, así como 270.000 euros al coronel en los años 2017 y 2018. Además, Allen Sanginés-Krause estaría relacionado igualmente con el movimiento de otros 500.000 euros que Juan Carlos de Borbón habría dispuesto gracias al uso de una tarjeta bancaria”.
Para Izquierda Unida y el PCE esta regularización no cumple con el criterio de espontaneidad que requiere el Código Penal para eludir la responsabilidad penal, ya que se produjo un mes después de que hubiese sido informado por la Fiscalía sobre la existencia de una investigación contra él, aparte de la “extensa publicación en prensa nacional e internacional” de esas diligencias.
Los querellantes abordan también en su escrito la supuesta inviolabilidad de la que gozaría Juan Carlos de Borbón en sus acciones. “Aún pudiendo apreciarse la inviolabilidad del rey emérito durante los años en que estaba en el ejercicio pleno del cargo de jefe de Estado -señalan-, ésta no debe ser óbice para la apertura de una investigación judicial una vez ya no está en el ejercicio del cargo, y menos aún por hechos delictivos que se perpetúan una vez traspasado el periodo de inviolabilidad, como es la defraudación a la Hacienda Pública, por hechos delictivos cometidos una vez extinguida la inviolabilidad, como es el afloramiento de los efectos delictivos o blanqueo de capitales”.
Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda depositaron la semana pasada la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre por el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular en la tramitación de esta causa especial.
El Supremo decidió reactivar las diligencias después de que los querellantes solicitaran su reapertura a finales de julio pasado. A partir de ahora, y una vez registrada la ampliación, la Sala Segunda que se ocupa de esta causa deben resolver finalmente si la reabren o no, tras haberla desestimado por primera vez a toda prisa en el verano de 2019.
