El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, pidió en la tarde de ayer desde el Congreso a la Unión Europea que “convenza” al Partido Popular para que “cese en su actitud tremendamente sediciosa” de mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y “en la posibilidad de vetar a fuerzas políticas democráticas para la participación en los mecanismos democráticos establecidos”, en referencia directa a su veto a Unidas Podemos.
Santiago hizo esta reflexión durante su respuesta a las explicaciones ofrecidas poco antes por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en su comparecencia por videoconferencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para presentar el informe 2020 sobre el Derecho de Estado.
El también diputado y responsable federal de Justicia de Izquierda Unida indicó al propio Reynders que “nos parece muy preocupante lo que ha descrito como ‘amenazas a la independencia del Consejo General del Poder Judicial’, aunque destacó a reglón seguido que “evidentemente, la principal amenaza es el bloqueo que está imposibilitando su renovación”.
“El CGPJ se ha convertido en un organismo trascendental pero con un mandato vencido hace ya dos años y con una situación de inconstitucionalidad sobrevenida, podríamos decir, a pesar de lo cual y de una forma exorbitante sigue tomando decisiones pese a no tener mandato para ello”, explicó.
Santiago apuntó también que “nos parece muy acertado que en el informe sobre el estado de Derecho en España se señale esa preocupación por la situación del Consejo”, pero incidió en que “como bien ha dicho” el comisario, “ha sido una descripción anterior a la presentación de las proposiciones legislativas con la finalidad de contribuir a desbloquear la situación”.
Frente a las visiones distorsionadas dadas por otros grupos, explicó con claridad que Unidas Podemos “opina que es imprescindible mantener una mayoría cualificada para la renovación de todos los órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial”. “Pero cuando torticeramente una fuerza política como el PP se niega al cumplimiento de la Constitución -dijo- es necesario tomar medidas. Por eso ese proyecto presentado sigue conservando esa mayoría reforzada de tres quintos para la renovación, si bien articula, pasado un tiempo prudencial si continúa ese bloqueo, una mayoría también absoluta pero menos reforzada de forma excepcional”.
De la misma manera, Santiago aclaró al comisario europeo y a los portavoces de todos los grupos presentes en la comisión en el Congreso que “desde luego, ya le adelantamos que en nuestro grupo estamos convencidos de la necesidad de realizar consultas con todos los interesados para avanzar en la renovación del Consejo”.
Enrique Santiago saludó que la UE “haya tomado conciencia de la importancia de las modificaciones propuestas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la independencia del fiscal general del Estado y la Fiscalía en el periodo que se iniciará tras la aprobación de la ley”.
“Estamos de acuerdo -señaló- en que España debe tomar medidas más eficaces, y animamos a la Unión Europea a que siga ayudando contra la corrupción. Esa percepción alta de la ciudadanía española sobre el fenómeno de la corrupción pone de manifiesto un problema que podrá solventarse en la medida que avancemos en la trasposición de la Directiva de Protección a Denunciantes de Corrupción”. Apostilló que “es un compromiso de este grupo parlamentario que lo más pronto posible, ya hay proyecto para ello, se concrete esa trasposición”.
Coincidió también con el comisario Didier Reynders en que “nos preocupan las limitaciones a la seguridad ciudadana”, de ahí que detalló que “estamos también trabajando para modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana para ampliar los espacios de libertades públicas y disfrute de derechos fundamentales”.
Santiago recordó que “arrastramos una situación generada por la restricción de derechos fundamentales por las reformas de los gobiernos anteriores del Partido Popular” y destacó que ya se ha presentado una proposición de ley “en la línea que planteaba el señor comisario de reforzamiento de la libertad de expresión y reforma del Código Penal para acabar con delitos tan poco actualizados como algunos tipos de injurias, como es el caso de injurias a la Corona, o enaltecimientos de situaciones que ya no se corresponden con la realidad política”.
