Izquierda Unida ha dirigido un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita que “desestime íntegramente” la última petición del Partido Popular para intentar dejar sin voz a las acusaciones populares en el próximo juicio, previsto para febrero, sobre la ‘caja B’ de esta formación.
Ante la exigencia del partido que dirige Pablo Casado de agrupar en una sola a todas las acusaciones populares, el equipo jurídico de IU, formación personada como acusación desde el primer momento, advierte a la Audiencia Nacional de que el PP “desde el comienzo de esta causa ha jugado un papel alejado de la buena fe procesal, en una estrategia en la que su concepción de la acusación popular raya el abuso de derecho y el fraude de ley o procesal”.
IU subraya que la petición que los ‘populares’ hacen ahora “siete años después de haberse iniciado el proceso, carece no solo de credibilidad y sentido de la justicia, sino que resulta extemporánea e infundada”.
De la misma forma, el escrito registrado recuerda que ya en 2013 tanto el magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 que investigaba la causa principal de la que deriva este proceso como la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional decidieron no admitir al PP como acusación “por ser incompatible su posición de acusador con la de beneficiaria de los delitos investigados”.
Sobre los motivos de dicha exclusión, esa misma Sección Cuarta de la Audiencia Nacional argumentaba tajante ya en su auto de 7-6-2013 en el que resolvía el recurso de apelación del Partido Popular contra la misma decisión anterior del juez instructor que:
‘La actuación del Instructor se inscribe en el deber de impulsión del procedimiento establecido en el artículo 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una vez que ha acumulado indicios suficientes sobre la incompatibilidad de la personación del Partido Popular en el ejercicio de la acción popular, ante los cada vez más diáfanos datos acerca de la posibilidad de ser sujeto responsable civil en los hechos que se investigan, que incluyen la posible existencia de una doble contabilidad. Por lo que debemos descartar cualquier atisbo de artificiosidad e improcedencia en la denegación de su condición de acusador popular. Al contrario, los datos que van conociéndose llevan a la convicción sobre la configuración de la formación política investigada como posible responsable civil de los presuntos actos con apariencia delictiva cometidos’.
Izquierda Unida incide ahora en que el desesperado intento del partido de Casado de impedir que las acusaciones populares pueden trabajar con libertad en el próximo juicio sobre la ‘caja B’ del PP solo busca “dificultar la actuación de las acusaciones y tratar de obtener una mejor situación procesal, sin justificación alguna en ninguna supuesta dilación”.
El equipo jurídico de IU deja constancia, además, cómo “desde el principio de esta causa las acusaciones populares han sido un instrumento útil y leal a la hora de impulsar esta investigación, incluso en muchas ocasiones de forma más perspicaz, ágil y avanzada que el propio Ministerio Fiscal”.
De esta forma, IU destaca también que la petición del Partido Popular se realiza “de forma infundada” y “sin justificación ni motivación alguna”. Señala, a su vez, que “no existe una convergencia de intereses” entre las distintas acusaciones, como pretende hacer creer el PP. Argumenta de forma detallada esta última cuestión: “podemos observar una calificación distinta con respecto al Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, pero también entre las distintas acusaciones”, ya que “unas han calificado los hechos (…) como delito de falsedad continuada en documento mercantil, otros de delitos contables continuados, otros de delitos continuados electorales, y otros aplican los concursos de delitos”, mientras que Izquierda Unida “a diferencia de otras acusaciones, también califica las conductas de algunos de los acusados como de tráfico de influencias y de organización criminal”.
Por todo ello, IU entiende que “resulta clara la divergencia de estrategias de acusación y de planteamiento respecto al desarrollo incriminatorio y probatorio que debe tener el juicio oral, lo que no hace posible, ni conveniente, que a falta de menos de tres meses para el inicio del juicio se genere un absoluto caos en la acusaciones y en la forma en que deba realizarse el trabajo durante el juicio”.
Izquierda Unida solicita, por tanto, a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que “desestime íntegramente” la artimaña legal que intenta el partido de Pablo Casado “más aún cuando la decisión de unificar en este momento las acusaciones generaría una notable distorsión procesal que ni es deseable ni sería entendida por la sociedad española, que está esperando el limpio desarrollo de un juicio con una notable repercusión social”.
Recuerda también que la vista oral por la ‘caja B’ del PP coincidirá con el avance en la instrucción de otra investigación “que tiene por objeto depurar las responsabilidades penales derivadas de turbias operaciones políticas que, utilizando funcionarios y caudales públicos, tenían por objeto, supuestamente, entorpecer la investigación de la causa denominada ‘papeles de Bárcenas’”.
