Con motivo de la semana europea de la prevención de residuos, Eva García Sempere, responsable federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida, y Xabier Pombo, responsable de la Red de Economía Circular y Residuos, valoran que el anteproyecto de la ley de residuos “debe convertirse en una oportunidad real para avanzar en el objetivo final del cero residuos, la reutilización y el reciclaje”, pero para ello es “imprescindible avanzar en algunos aspectos del anteproyecto”.
García Sempere considera que “el mejor residuo es el que no se genera” y para ello es necesario que la ley avance en la transformación de “personas consumidoras por personas usuarias”, de manera que no sea necesaria la propiedad de productos, muchas veces innecesarios, que provoca ingentes cantidades de residuos.
A su juicio, el anteproyecto de la nueva norma “debe mejorar aún el tratamiento que se da a la obsolescencia programada”, que debe pasar a ser uno de los pilares fundamentales para evitar la generación innecesaria de residuos.
La responsable federal de Medio Ambiente de IU apunta que el anteproyecto “mejoraría incorporando Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)”, que se mencionan en uno de los artículos como una posible opción. Valora que es “un sistema muy válido y la ley avanzaría mucho si se hace una clara apuesta por él”, como se está demostrando con su implantación con éxito en diferentes Estados europeos.
En la misma línea, Pombo valora otros aspectos que deberían ser fundamentales, como la reutilización y la reparación. “Frente a los esbozos -asegura- debemos aprovechar el nuevo texto para definir con claridad los objetivos de reutilización y de reciclaje que se quiere alcanzar con los aparatos electrónicos, los electrodomésticos, muebles, enseres o ropa, entre otros, y que se cumplan en el tiempo”.
Señala también que “se debe mejorar el enfoque” sobre la jerarquía de los residuos, ya que el anteproyecto “parece buscar salidas cuando no se cumple”, pero “no define en ningún momento qué instituciones son responsables de su cumplimiento, ni se prevén sanciones o en qué tipo de falta se incurre” cuando se elude dicha jerarquía, aunque muestra su confianza en que “pueda ser subsanado”.
Respecto a las opciones que plantea el anteproyecto, tanto Xabier Pombo como Eva García Sempere comentan tres: vertederos, incineradores y valorización energética.
En relación a los vertederos, la dirigente federal de IU considera que el anteproyecto mejoraría “estableciendo tasas que sean realmente disuasorias”, para que estas instalaciones sean la última opción, además de que se planteen cifras de reducción de los residuos que pueden verterse.
Sobre las incineradoras, tampoco se establecen tasas disuasorias y, además, Izquierda Unida “defiende su cierre paulatino por los riesgos que entrañan para el medioambiente y la salud de las personas”.
En cuanto a la valorización energética, Pombo indica que “deben establecerse medidas para controlar qué porcentaje de hidrocarburos se utiliza para producir energía”, ya que hay ocasiones en que alcanza hasta un 75%, “con lo que la supuesta energía limpia que se genera no lo es en realidad y el proceso se convierte en una forma de encubrir la incineración”.
Ambos entienden que la ley sería más efectiva si especifica que, de las tres opciones anteriores, solo se pueden destinar a ellas los residuos que “no hayan podido ser recuperados para una nueva vida útil, quedando estas tres opciones reservadas exclusivamente para la fracción no reutilizable o no reciclable”.
Para Izquierda Unida, es el momento de “dar un paso adelante y recuperar la apuesta por la gestión pública de los servicios de tratamiento de los residuos. Creemos que esto mejorará, aunque de momento no se contempla”. Debe de ser así porque, entre otros, uno de los problemas a los que se debe hacer frente es que “la ambición de algunos gestores está por encima de los intereses medioambientales y de la salud de las personas”.
Eva García Sempere considera finalmente que el anteproyecto de la ley de residuos “es un documento que mejora la norma existente, que abre camino, pero que tiene aún también objetivos mejorables”. Confía en que “tanto con las aportaciones de Izquierda Unida, como con las que reciba de colectivos ecologistas y medioambientalistas así como de expertos en la materia “se pueda avanzar en una ley que parece tener buenas intenciones”.
