Las eurodiputadas y eurodiputados de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Idoia Villanueva, Ernest Urtasun y Manu Pineda han votado este miércoles en contra de la propuesta del Parlamento Europeo sobre los Fondos de Transición Justa (FTJ), ya que pone en riesgo la transición ecológica y los objetivos de neutralidad del Pacto Verde Europeo, al hacer una apuesta clara por subvencionar proyectos gasísticos y no poner reglas estrictas a los procesos de descarbonización.
El texto que se aprobará hoy marca la posición de la Eurocámara en la negociación que se abre ahora con Comisión y Consejo y favorece claramente a países como Alemania y sobremanera a Polonia, que tras la presentación del Pacto Verde Europeo dejó claro que no cumpliría con los plazos de descarbonización.
Los diputados y diputadas de Unidas Podemos han criticado que el Parlamento tenga una actitud tan conservadora con respecto a la transición ecológica y que haya rebajado tanto el borrador inicial de la Comisión Europea, que curiosamente sí que hacía una apuesta más firme por las energías renovables. Este reglamento va a hacer todavía más difícil conseguir el 55% de reducción de emisiones para 2030 que la Comisión ha presentado precisamente hoy durante el Estado de la Unión.
La propuesta de la Eurocámara centra las políticas energéticas de la Unión Europea en continuar subvencionando el uso de combustibles fósiles, especialmente el gas, algo que para Unidas Podemos no tiene ninguna lógica en términos medioambientales y en términos estratégicos. En lugar de financiar un cambio de modelo productivo y energético, se perpetúa un modelo basado en combustibles fósiles contaminantes.
El FTJ es clave para la supervivencia de las comarcas mineras españolas, que han sufrido procesos de descarbonización muy traumáticos o que cerrarán sus centrales térmicas próximamente y tienen que comenzar a planificar la transición también en sus industrias asociadas.
A principios de año, la Comisión Europea prometió dedicar 30.000 millones de euros a la transición, pero esa cifra se ha visto reducida considerablemente por el plan de recuperación económica contra la pandemia del Covid-19 hasta unos 10.000 millones, de los que sólo un 4% corresponderá a España y que resultan insuficientes.
El destino de esos fondos preocupa también a Unidas Podemos que ve que no existen compromisos ni exigencias en la protección de los y las trabajadoras afectadas por cierres, ni participación democrática en los planes de transición ni contempla a las empresas públicas como receptoras de fondos para la reactivación de regiones afectadas.
