El grupo de Unidas Podemos ha registrado esta mañana en el Congreso de manera conjunta con el PSOE la solicitud de creación de una comisión de investigación relativa a la “utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del Partido Popular y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del PP”.
En concreto esta comisión busca conocer el trasfondo político de la denominada ‘Operación Kitchen’, nombre del operativo desplegado a partir de 2013 desde el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy para espiar a su extesorero Luis Bárcenas cuando fue encarcelado por las continuas ilegalidades en las cuentas y la ‘caja B’ en el partido que ahora lidera Pablo Casado.
Unidas Podemos, con la firma del portavoz adjunto del grupo y portavoz de Interior, Enrique Santiago, y el PSOE destacan en su escrito que el levantamiento del secreto de sumario de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la ‘Operación Kitchen’ “ha sacado a la luz hechos muy graves de utilización ilegal y partidista” de los recursos de Interior entre los años 2013 y 2015.
Se da la circunstancia de que estas fechas con las que trabaja la justicia desmienten las recientes declaraciones exculpatorias efectuadas por Casado, cuando indicó que él no tiene nada que ver con este asunto y que cuando ocurrieron los hechos que se investigan él era un simple ‘diputado por Ávila’. En enero de 2015 Rajoy le había nombrado ya portavoz del Comité de Campaña del PP de cara a las elecciones municipales y autonómicas de ese año, y el 18 de junio le ‘ascendió’ a vicesecretario general de Comunicación.
En la iniciativa registrada esta mañana sus autores recuerdan que, de momento, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y de la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por este espionaje a Bárcenas. Apunta, que se hizo “con el propósito de anular y hacer desaparecer pruebas relativas a la ‘contabilidad B’ del PP, así como del sumario de la ‘Operación Gürtel’.
El caso de la ‘contabilidad B’ del PP o ‘caso Papeles de Bárcenas’ se sigue investigando desde hace años en la Audiencia Nacional a instancias de Izquierda Unida, que está personada en el mismo como acusación popular y que ha impedido en varias ocasiones su archivo definitivo. La parte de la ‘Operación Gürtel’ que ya se juzgó condenó con importantes penas de prisión a un buen número de cargos del PP y estableció que el partido que ahora lidera Casado fue ‘beneficiario a título lucrativo’ de diversos delitos de financiación irregular.
Unidas Podemos y PSOE apuntan también en su petición de comisión de investigación que la Fiscalía ha encontrado también en lsus investigaciones “contundentes indicios de la presunta puesta en marcha de una trama ‘parapolicial’” dirigida por Fernández Díaz, el que fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el antiguo máximo responsable de la Policía, Eugenio Pino.
Estos dirigentes del PP intentarían arrebatar a su extesorero Bárcenas el “material comprometedor para altos dirigentes del PP” que guardaba, según se recoge en la iniciativa, que recuerda que algunas de las pruebas aportadas en el informe fiscal “apuntan al presunto conocimiento de la trama por parte de Mariano Rajoy, siendo entonces presidente del Gobierno”.
El texto subraya que la Fiscalía también señala el “interés personal” de la entonces número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, en esta trama debido a su papel como “afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma” y por la existencia de “material comprometedor respecto de otros altos dirigentes” del PP.
“La gravedad de los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción -indican los firmantes de la iniciativa- revela que el Partido Popular habría utilizado presuntamente las instituciones del Estado durante el gobierno de Mariano Rajoy para desarrollar operaciones policiales ilegales, persiguiendo ilícitamente a personas, malversando fondos públicos, todo ello para interés y beneficio propio”.
Se habría producido así una “inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y un significativo “abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de Derecho y de la democracia”.
Unidas Podemos y PSOE plantean al Congreso que la comisión de investigación que solicitan dure inicialmente tres meses, prorrogables si así lo acuerda el Pleno.
Una vez registrada ya esta iniciativa, ahora debe ser calificada favorablemente por la Mesa del Congreso, lo que podría ocurrir el próximo martes. A continuación, correspondería a la Junta de Portavoces ponerle fecha para que sea debatida en el Pleno de la Cámara Baja.
