Los eurodiputados de Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, han pedido a la Comisión Europea que aclare si avala el uso de tres millones de euros en el programa Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa (MIREU) para recopilar información y elaborar listados de organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas que se oponen a los proyectos mineros en España. A través de una pregunta parlamentaria, Rego y Pineda trasladan al Ejecutivo europeo las denuncias de Ecologistas en Acción, que la pasada semana advirtió de la existencia de dichos listados y el uso interesado que están haciendo los gobiernos autonómicos, proclives a dar todas las facilidades a la minería extractiva.
Entre los objetivos de MIREU, que se enmarca dentro de la estrategia Horizonte 2020, “se incluye el de crear una base de datos sobre aceptación social de la minería e intercambio de experiencias sobre cómo convencer a las poblaciones que se oponen a proyectos mineros altamente contaminantes o cercanos a zonas habitadas”, señalan los eurodiputados.
Según Ecologistas en Acción, las consejerías de industria de Andalucía y Castilla y León, el Instituto Aragonés de Fomento, la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, y la Fundación ICAMCyL, todos organismos vinculados a gobiernos autonómicos, han sido los encargados de hacer dicho mapeo de conflictos por todo el país.
Esa radiografía de la oposición a la minería en España forma parte del proceso de adjudicación de proyectos y la participación de entidades públicas pone en entredicho la limpieza del mismo, de ahí que una treintena de organizaciones ecologistas de toda Europa hayan escrito a la Comisión Europea poniendo en entredicho la validez y transparencia de MIREU.
En su pregunta, Rego y Pineda advierten que se estaría vulnerando la “imparcialidad” que requieren esa clase de permisos y “la obligación de salvaguardar la legislación europea”. Algunos de esos proyectos son el de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), la mina de litio de Cáceres, la mina Cobre de Las Cruces (Sevilla), o la mina Muga en Aragón. Todos ellos han despertado una gran alarma social por las consecuencias que este tipo de minería extractiva puede tener para su entorno. Ayer precisamente la comisión de Peticiones debatió una petición sobe el proyecto de mina de litio en Cáceres. Rego, además, visitó el pasado miércoles la mina de Retortillo.
Los eurodiputados sugieren a la Comisión Europea que investigue si se está criminalizando a las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas con este procedimiento y proponen emplear esos fondos al “desarrollo sostenible de las regiones mineras y metalúrgicas en lugar de para servir a multinacionales mineras”.
