Izquierda Unida, a través de sus áreas federales de Educación y de Salud, mantiene su “seria preocupación” frente algunas de las medidas que en los últimos días han adoptado diferentes comunidades autónomas y el Gobierno central de cara al retorno del curso escolar. “Creemos firmemente -destacan- que la medida más efectiva para iniciar el curso con garantías sanitarias y educativas pasa por aumentar la inversión en enseñanza pública, por la contratación real de personal docente, así como por un aumento significativo de las plantillas del personal de limpieza, de comedor, así como auxiliar docente y administrativo”.
Izquierda Unida coincide en sus cálculos con la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública en el sentido de que “serían necesarios cerca de 150.000 profesionales solo en el ámbito del personal docente para hacer frente a la grave situación provocada por la pandemia del Covid-19, muy lejos de los alrededor de 30.000 que en conjunto estarían dispuestas a contratar las comunidades autónomas, y eso una vez comprobado que al final sea así realmente”.
“No es de recibo -denuncia IU- que en buena parte de los territorios las labores de prevención y vigilancia epidemiológica en las aulas recaigan sobre un personal docente que carece de formación sanitaria”. Esto es aún más importante cuando existe la figura de la ‘enfermería escolar’, que “desde Izquierda Unida llevamos mucho tiempo instando a implementar a los gobiernos como estrategia avanzada de control sanitario en los centros”.
IU considera que “no se debe trasladar una nueva labora a la ya sobrecargada e infradotada Atención Primaria. La contratación de profesionales de la enfermería escolares en todos los centros supondría la avanzadilla en la salud comunitaria de nuestros menores durante la pandemia”.
El Área de Salud de Izquierda Unida expone que medidas como el control de la temperatura “son un signo tardío de la enfermedad y un síntoma fácilmente modificable con la ingesta de analgésicos de uso común, lo que explica también la necesidad de la presencia de personal sanitario en el entorno educativo”. Así mismo, cuestiona la posibilidad de llevar a cabo de manera efectiva otras medidas recomendadas, como la higiene de manos o la distancia social, “más aún cuando muchos centros tienen sus aulas en contenedores prefabricados o en infraestructuras provisionales”.
El Área de Educación de IU, por su parte, traslada su “profunda decepción” porque desde las distintas administraciones no se haya mostrado suficiente interés para “estableces las medidas necesarias en relación a la enseñanza superior -técnica y universidades-, así como las necesarias actividades extraescolares y la enseñanza no formal”.
“Discrepamos -detallan- en la enseñanza no presencial a partir de 3º ESO. Es difícil de entender que si el resto del alumnado puede estar en clase durante la jornada completa porque las condiciones sanitarias lo permiten, no puedan hacerlo los de 3º y 4º ESO, Bachillerato y FP. La enseñanza presencial es equidad y calidad, y si faltan espacios, los centros también pueden utilizarse por las tardes”.
Las áreas federales de Educación y de Salud de IU muestran, además, una “especial preocupación” ante “las consecuencias educativas que la enseñanza a distancia tiene sobre el alumnado de la clase social más humilde, cercenando, de facto, la garantía de facilitar la igualdad y equidad social que la educación pública proporciona. Solo entendemos esta medida como una forma de ahorro económico para las comunidades autónomas que tendrá, además, una repercusión negativa en el alumnado, con una palpable reducción de la materia escolar a desarrollar”.
Izquierda Unida hace un llamamiento a todas las administraciones implicadas a “realizar un esfuerzo en estos momentos tan espaciales para educar a toda la población en conceptos clave como la comunidad educativa y la educación sanitaria. Son conceptos necesarios para desarrollar las pretendidas burbujas sociales en la población infantil”.
Así mismo, insta al Gobierno para que “coordine a todos los actores necesarios de cara a conseguir que se pongan espacios públicos al servicio de los más de ocho millones de menores en edad escolar. Esto pasa por usar espacios como iglesias, aulas parroquiales, salas polivalentes, salas de exposiciones, espacios de reuniones municipales, etc, como lugares complementarios a los centros educativos donde desdoblar cursos y mantener así ratios y distancias de seguridad, medidas ya implementadas con éxito en otros países”.
Desde ambas áreas “lamentan” que algunas medidas impulsadas por el Gobierno central y las comunidades autónomas “adolezcan en esta situación de pandemia de priorizar el objetivo de usar la enseñanza como ‘espacio de almacenamiento’ de menores para que la producción no se frene, en vez de entender la educación como la mejor inversión a corto, medio y largo plazo, así como la única manera de asegurar un futuro a nuestro país”.
Por ello, esperan “un cambio en la orientación de estas medidas de manera que giren en torno a las necesidades educativas y formativas de nuestras generaciones más jóvenes”.
La crisis del Covid-19 “ha sacado a relucir en todos estos meses las profundas debilidades de la sanidad y la educación públicas, debidas a la paulatina precarización derivada de los constantes recortes ejecutados en los últimos años a nivel estatal y autonómico”.
Para Izquierda Unida, “la crisis sanitaria, económica y social en la que estamos inmersos debe hacernos entender de una vez que reducir los recursos destinados a la sanidad y la educación públicas debilita dos de los pilares básicos del Estado de bienestar y aumenta las desigualdades sociales que afectan, una vez más, a la clase trabajadora”.
