El portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, muestra su “gran satisfacción” por la aprobación esta mañana en la Comisión de Justicia del Congreso con ‘competencia legislativa plena’ del proyecto de ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Para Santiago, el texto alcanzado finalmente a partir del decreto-ley inicial del Ejecutivo tramitado en mayo “cumple el doble objetivo de hacer frente directamente a los efectos negativos que tiene la pandemia en el ámbito judicial y contribuye a dar pasos en la inaplazable modernización de la justicia, tras muchos años de inacción por parte de anteriores gobiernos”.
El parlamentario de Unidas Podemos valora de manera “muy especial” algunas cuestiones incorporadas al texto gracias al trabajo y las propuestas de su grupo parlamentario.
“Conseguimos que en el proyecto de ley -detalla con vehemencia- se incorporen todas las garantías necesarias para que, a pesar del correspondiente aumento de los juicios virtuales debido a las circunstancias por las que atravesamos, ningún juicio penal donde haya una solicitud que lleve aparejado el ingreso en prisión o ninguna vista de medidas cautelares donde se solicite prisión puedan celebrarse virtualmente, y tendrá que contar con la necesaria presencia del acusado y su defensa, salvo que se renuncie voluntariamente a ello y el acusado prefiera la comparecencia virtual”.
Para Enrique Santiago, el punto anterior resulta “básico para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso. De esta manera respondemos a las demandas que nos han hecho llegar desde distintos ámbitos judiciales y de defensa de los derechos humanos, y que desde Izquierda Unida hemos defendido hasta construir una propuesta concreta que ha sacado adelante nuestro grupo de Unidas Podemos”.
El diputado apunta también como “muy adecuado” el hecho de que se haya acordado un mandato para presentar en los próximos dos meses la propuesta para que “se puedan revisar y renegociar los contratos suscritos antes de que empezaran los efectos de la pandemia. El objetivo que buscamos con ello es evitar en la práctica que los particulares o los pequeños empresarios y autónomos puedan arruinarse al no poder hacer frente a los obligaciones contraídas”, lo que se llama la cláusula ‘rebus sic stantibus’.
El también responsable federal de Justicia e Interior de IU hace extensiva su satisfacción a cómo se han resuelto las exigencias mostradas desde distintos colectivos profesionales y sindicatos en relación a la celebración de vistas el próximo mes de agosto, en pleno periodo de vacaciones. “Entendimos desde el primer momento estas demandas, especialmente por parte de abogados y abogadas con menores a su cargo que veían dificultada la conciliación de la vida laboral y familiar. Por ello se han acordado medidas que debe adoptar el Ministerio de Justicia para restringir al mínimo estas actuaciones judiciales y que queden solo para asuntos urgentes”, indica Santiago.
Por último, Enrique Santiago apunta como “muy importante” que se haya conseguido que “se pueda garantizar en cualquier circunstancia el acceso completo a los expedientes judiciales a pesar de las medidas virtuales y de limitación de acceso provocadas por las restricciones de la pandemia, lo que es imprescindible para el derecho a la defensa”.
