Izquierda Unida, a través de su responsable federal de Memoria Democrática, Esther López Barceló, muestra su “decidido compromiso” para impulsar de forma definitiva esta legislatura a través del grupo de Unidas Podemos la Proposición de Ley Integral de Memoria Democrática y de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Franquismo y la Transición.
El texto, elaborado por IU con la colaboración y participación de numerosas asociaciones de la Memoria y colectivos de víctimas del franquismo, consta de cuatro títulos, 63 artículos y 17 disposiciones, entre adicionales, derogatorias y finales. Apenas unas semanas antes de que se cumplan dos años desde su primer registro formal en el Congreso -las posteriores convocatorias electorales impidieron su normal tramitación- López Barceló destaca que el fallecimiento ayer del policía torturador Juan Antonio González Pacheco, más conocido como ‘Billy el Niño’, “vuelve a poner de manifiesto que no se puede llegar tarde otra vez a responder a las justas exigencias de quienes sufrieron una brutal persecución por defender la democracia y sus ideas políticas”.
“Lo que sin duda es la norma más completa sobre Memoria Democrática elaborada en los 13 años que van desde que saliera adelante con dificultad la denominada Ley de Memoria Histórica (2007) no puede esperar más tiempo”, indica.
La dirigente federal de IU recuerda que “por desgracia, con ‘Billy el Niño’ no se acaba la nómina de torturadores de la dictadura que alardean hasta el final de su impunidad legal y disfrutan no solo ya de los privilegios profesionales y económicos cosechados gracias a sus despreciables prácticas, sino del silencio cómplice de formaciones políticas que luego presumen de constitucionalistas”.
López Barceló apunta que “si el torturador ‘Billy el Niño’ ha muerto sin pagar por sus crímenes es consecuencia de nuestros errores, pero también es responsabilidad de esas mayorías parlamentarias que se negaron a apoyar los cambios legislativos necesarios para, entre otras, cumplir con las normas internacionales que obligan a perseguir los crímenes contra la humanidad, como los perpetrados durante la larga represión franquista”.
La iniciativa que aguarda su tramitación en el Congreso una vez que pase la prioridad de la crisis del Covid-19 no se limita a reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del franquismo, sino que incide sobre determinadas normas como el Código Penal, la Ley de Amnistía del 1976 o el concordato en vigor desde 1978 con la Iglesia Católica.
Entre sus propuestas concretas están elaborar un censo de desaparecidos y víctimas durante la Guerra Civil y la dictadura, instaurar una Fiscalía especial para la búsqueda de represaliados, crear una ‘Oficina de víctimas’ que dé “apoyo técnico y jurídico” a éstas y a sus familiares” en sus gestiones, .la retirada de condecoraciones y privilegios económicos como los que ostentó el torturador ‘Billy el Niño’ o la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
Plantea declarar “ilegales, nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen franquista”, y entre ellas se menciona expresamente las dictadas por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y su sucesor, el Tribunal de Orden Público (TOP). A los condenados se les reconoce el derecho al “resarcimiento proporcional y actualizado”.
En relación al censo de víctimas, estaría compuesto por “información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil, del franquismo y durante la Transición”, tendría un “carácter público” y sólo aparecerían en él aquellas víctimas que hubieran dado su consentimiento directo o, “en caso de fallecimiento o desaparición”, las que no tengan familiares que se opongan.
Se propone también elaborar un “mapa de fosas” totalmente actualizado y que sirva para la exhumación de víctimas cuyas familias lo requieran. La justicia estará obligada a contribuir a “la localización, búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos” y, en concreto, “el Ministerio Fiscal deberá garantizar los derechos de las víctimas e impulsar en todo momento las investigaciones”.
Sobre la situación de torturadores con privilegios similares a los del fallecido Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’, se considerarán “contrarios a la Memoria democrática del Estado español y retirados los reconocimientos de carácter económico por el desempeño de su cargo o función a aquellos militares, agentes policiales y empleados públicos del Estado que hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura”. Además, se propone retirar “los títulos nobiliarios otorgados a los responsables y colaboradores de la dictadura franquista” aunque, como se ha comprobado en la práctica con el Ducado de Franco, esta es una prerrogativa de la que dispone únicamente el rey.
