Unidas Podemos, a través de sus diputados Enrique Santiago y Juantxo López de Uralde, y a partir de una iniciativa de los parlamentarios de Izquierda Unida, ha registrado esta mañana en la Fiscalía General del Estado una denuncia por la elaboración y difusión de uno de los bulos -en este caso con un formato de vídeo- que se han hecho circular en las últimas semanas a través de las redes sociales. Los denunciantes reclaman que se inicien las acciones penales oportunas por la supuesta comisión de delitos como el de “desorden público por falsedad manifiesta en una situación de estado de alarma”, entre otros, y advierten de que existe una “estructura criminal” organizada para crearlos y expandirlos.
La denuncia hace referencia al vídeo en el que una persona, que dice ser transportista, muestra en un gran almacén supuestamente situado en España decenas de palés que asegura están cargados con material sanitario y Equipos de Protección Individual (EPIs) para el personal sanitario. Esta persona avisa que esos EPIs se envían desde España para ser vendidos y comercializados en Francia.
Literalmente indica que su camión está lleno de materiales sanitarios para Francia, que hay ‘todo lo que quieras’, ‘para cargar 200 camiones’, que en España hay un ‘Gobierno de hijos de puta’, que ‘no tenemos de ná’ referido al material sanitario y EPIs, porque ‘manda una asesino en potencia’, que vamos ‘a lo barato’ y que hay ‘material para los hospitales todo lo que quieras’, dando a entender que es el Gobierno el que impide su distribución.
La denuncia constata que “dicha información es falsa” y que se trata de “una noticia falsamente creada y difundida con la única intención de causar alarma social, siendo una actuación de difusión de rumores y noticias falsas con incidencia en el mercado de productos sanitarios, tratándose también de una grave calumnia o injuria contra el Gobierno de la nación”.
Enrique Santiago y Juantxo López de Uralde exponen a la Fiscalía que, además del de desorden público por falsedad manifiesta, se ha producido también la “presunta comisión de delitos contra el mercado y los consumidores; calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y delito de simulación de peligro”.
Alegan que, en este contexto, “la institucionalidad del Estado debe proteger a la sociedad contra cualquier actuación que haga que los esfuerzos colectivos se aparten de la atención sanitaria y social a la población. Se ha generado una situación de simulación de peligro que puede tener incalculables efectos negativos, pudiendo llegar a la provocación de desórdenes públicos si se entendiera que la inmensa mentira que se recoge en el video es cierta”.
Para los diputados de Unidas Podemos los hechos denunciados “son propios de una organización criminal, siendo poco creíble que hayan sido realizados únicamente por una o dos personas que actuaron de forma individual guiados únicamente por la temeridad, el afán de notoriedad o la voluntad de causar daño a sus compatriotas”.
En la denuncia se argumenta legalmente también que es “evidente” que en los últimos días “ha proliferado en España, de forma organizada, una estructura criminal que se dedica a expandir y propagar falsos rumores, bulos, ‘fake news’ o, sencillamente, mentiras”.
“Entiende esta parte -se recalca- que es obvia la existencia de una estructura u organización criminal que está repartiéndose diferentes tareas y funciones para cometer los delitos antes expuestos y, por lo tanto, entendemos que los dos denunciados deberán ser investigados por formar presuntamente parte de una organización criminal”.
De esta forma se hace mención al apartado referido a la “identidad del sujeto o sujetos que han grabado el vídeo, que vierten las supuestas explicaciones que se escuchan en su audio y que han contribuido a difundirlo; se desconoce por esta parte, pero según refieren noticias difundidas y plataformas virtuales en que se ha alojado el video, posiblemente se trata al menos, de un trabajador del Ayuntamiento de Palos (Huelva), cuyo nombre en la red social Facebook es Kimy Yebra, tratándose al menos éste de una de las personas que primero lo ha difundido”.
El texto añade que “también ha sido difundido profusamente por el usuario de la red social Twitter Alfredo Perdiguero M. @PerdigueroSlPEp con comentarios atribuibles a su persona con clara intencionalidad de extender esta mentira, aumentar la alarma social generada e injuriar y calumniar al Gobierno”.
El titular de la dirección de la red social Twitter @PerdigueroSlPEp es subinspector de policía, según él mismo se identifica en su perfil, “lo que sin duda convierte su actitud en más grave aún y claramente dolosa, dado que es obvio que tenía medios para verificar -quizás a simple vista si fuera un profesional mínimamente cualificado- si dicha noticia era falsa o auténtica, siendo de máxima irresponsabilidad que un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía se dedique a generar y difundir injustificadamente alarma social durante un estado de Alarma, además de difundir materiales que claramente injurian y calumnian gravemente a las instituciones del Estado, como es el caso del Gobierno nacional”.
“Por ello, a la vista de tamaña temeridad, se solicita expresamente que de forma cautelar y mientras dure la presente investigación penal, este sujeto sea apartado de cualquier servicio oficial y suspendido de sus funciones en el Cuerpo Nacional de Policía”, se añade.
