Ante las acusaciones de la Administración de Donald Trump en EE.UU, expresadas a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, y de su fiscal general, William Barr, anunciando la presentación de cargos criminales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por supuestos delitos de narcotráfico, vínculos con las FARC y lavado de dinero, así como contra el vicepresidente, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el ministro de Defensa, Wladimir Padrino, Izquierda Unida manifiesta lo siguiente:
1.- Tras el evidente fracaso de la ‘Operación Juan Guaidó’, EE.UU solo pretende con estas acusaciones falsas y sin pruebas aumentar la presión contra el presidente democrático de Venezuela para intentar desalojarle del poder. El objetivo político no reconocido de EE.UU desde que Maduro llegó a la presidencia en 2013 no es otro que, una vez desalojado y sustituido por un gobierno neoliberal afín al imperialismo, apoderarse de los contratos del petróleo venezolano.
EE.UU lo ha intentado todo contra Nicolás Maduro: golpes de estado, la desestabilización de la ‘guarimba’ o violencia callejera, la promoción de un presidente ilegítimo, bloqueos ilegales de las cuentas internacionales de Venezuela, sanciones económicas, etc. Esta última acusación, un auténtico disparate, afirma que ‘durante 20 años Maduro y sus aliados conspiraron con las FARC provocando que toneladas de cocaína entraran y desbarataran las comunidades estadounidenses’. Si eso sucede desde hace 20 años, ¿por qué ha esperado EE.UU dos décadas para formular estas acusaciones?
Cualquier analista del narcotráfico conoce perfectamente que la droga que entra en EE.UU procede principalmente de Colombia y de México, como sus propios informes especializados sostienen desde hace años. Las acusaciones contra Maduro son absolutamente falsas, se formulan sin pruebas y con total impunidad, y persiguen presentarle como un criminal ante la comunidad internacional debido al fracaso de todas las estrategias para desalojarle del poder promovidas hasta ahora.
2.- Denunciamos que estas acusaciones suponen la aplicación contra el presidente de la Revolución Bolivariana de Venezuela de la conocida como doctrina de la ‘guerra jurídica’ o ‘lawfare’, que simplemente busca la criminalización y judicialización del oponente con el objetivo de eliminarle políticamente. Se lleva aplicando desde hace tiempo en toda América Latina para imponer gobiernos aliados de EE.UU.
Esta ‘guerra jurídica’ que ahora impulsa desesperadamente la Administración de Donald Trump supone la vuelta a estrategias antidemocráticas de guerra sucia y de lucha política ilegal e ilegítima. Se lleva a cabo incluso contra dirigentes que han gobernado y demostrado una gestión exitosa al servicio de los Derechos Humanos de los pueblos, como son los casos de los ex presidentes Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa o Fernando Lugo.
Todos ellos se han tenido que enfrentar a procesos judiciales, que con el tiempo se acaba viendo que están basados en montajes judiciales con los ya mencionados objetivos de neutralizarles políticamente, impedir el desarrollo de políticas de izquierda y criminalizarles ante sus propios pueblos y la comunidad internacional.
3.- A nadie puede pasarle desapercibido que el presidente Donald Trump impulse estas acusaciones contra Nicolás Maduro precisamente cuando se ha comprobado a nivel internacional que EE.UU se ha convertido en el epicentro de la pandemia del Covid-19 en el mundo, situación que se agravará en los próximos días y semanas. Los ataques contra Maduro buscan funcionar como cortina de humo de la Administración Trump para desviar la atención de la extensión de la pandemia en su país. Se producen mientras la mayoría de analistas cualificados han advertido del peligroso agravamiento de la situación sanitaria, que se deriva en buena medida por la tardía toma de medidas para evitar la propagación del virus y ante la falta de un sistema de salud pública, algo de lo que Trump es directamente responsable al haber desmantelado los intentos de extender la sanidad pública en EE.UU.
4.- Expresamos nuestro apoyo y solidaridad al presidente legal y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reconocido como tal por las Naciones Unidas y más de 150 Estados-
5.- Izquierda Unida rechaza la política de acoso e injerencia constante que la Administración de Donald Trump impulsa contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela y exige la retirada de las ilegales sanciones que soporta este país, contrarias al Derecho internacional.
IU respalda también el contenido de la carta que numerosas personalidades han dirigido al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigiendo el fin de las injustas sanciones unilaterales que soportan determinados países para que así puedan afrontar en mejores condiciones la lucha contra la pandemia del coronavirus. Encabezan esta petición firmas como la de Tedros Adhanom, director general de la OMS, y Michel Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
