El portavoz adjunto de Unidas Podemos y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha explicado esta mañana en el Pleno del Congreso el voto en contra de su grupo a la moción presentada por Ciudadanos para, supuestamente, promover una pretendida ‘despolitización’ de los órganos constitucionales en nuestro país. Santiago dejó claro a todos los grupos de la derecha y la ultraderecha en la Cámara Baja que “no vamos a permitir que sean las elites las que escojan las responsabilidades de nuestras instituciones” porque “España no es un cortijo de apellidos ilustres y compuestos de familias poderosas, de grupos económicos o poderes diversos que nunca concurren a las elecciones pero pretenden gobernar”.
El parlamentario de Unidas Podemos reprochó al grupo de Ciudadanos que presenten una “propuesta demagógica que descalifica a la Administración Publica y a los servidores públicos” con la principal pretensión de “sembrar dudas sobre el Gobierno de coalición”.
Les recordó que en cualquier país democrático “las instituciones no son ‘apolíticas’, eso lo era la dictadura franquista, como decía el propio dictador” y que, por supuesto, el Poder Legislativo “tiene una orientación política, la que ha decidido el pueblo español votando, y eso hay que respetarlo”, lo mismo que “el Poder Ejecutivo democrático tiene un ‘programa político’, tal y como dice la Constitución”.
De ahí que Santiago recordara a los proponentes de la moción que “un pretendido principio de neutralidad o despolitización de las instituciones no tiene ningún reconocimiento en el constitucionalismo democrático: ni en la Constitución de 1978 ni en otras de nuestro entorno”.
Advirtió también que lo que ocurre con este texto es que “Ciudadanos reclama ‘neutralidad’ donde la Constitución exige objetividad” y es la “Administración Pública la que sí sirve con ‘objetividad’ a los intereses generales”.
Para que se entendieran mejor sus explicaciones recordó a sus interlocutores que “objetividad es de lo que ustedes carecen en Murcia, cuando aprueban el Pin parental” para satisfacer así las imposiciones de la ultraderecha de Vox.
“El problema de la Administración española no es la falta de profesionalización o de talento, ni la falta de eficiencia de los funcionarios. Ustedes con su moción lo que hacen es esconder los verdaderos problemas de la administración: la falta de recursos, de inversión, de medios de trabajo y la falta de personal”, todo ello debido a “las políticas de recortes presupuestarios, que han provocado amortizar puestos de trabajo tras las jubilaciones; limitaciones que la derecha impuso impidiendo la tasa de reposición”.
Enrique Santiago se mostró especialmente vehemente al explicar que “el buen funcionamiento de la Administración exige acabar con la corrupción”, porque es esta lacra la que “ataca la eficiencia, el talento y la profesionalidad de las administraciones públicas”.
Recordó que hay “268 casos contabilizados de corrupción” generada por el PP, mientras que “los expertos dicen que eso ha costado cerca de 100.000 millones de euros”.
Frente a ello, y en tono propositivo, detalló que su grupo de Unidas podemos “ya está tomando medidas, presentado la Proposición de Ley de derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impedía que los órganos de la Administración de Justicia dedicarán todos los recursos y capacidades necesarias a investigar la corrupción”.
El diputado de Izquierda Unida dedicó una parte concreta de su intervención a valorar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recordó que “en ningún país de nuestro ámbito, como Francia, Reino Unido o Alemania, son los propios jueces quienes eligen a sus órganos de gobierno, sino que intervienen los poderes legislativos. Incluso en EE.UU los jueces estatales se eligen por votación popular”.
Santiago reiteró la invariable apuesta de su grupo para que sean “los votantes quienes elijan, lo más directamente posible, todas las instituciones y poderes del Estado”, porque nuestro país “no es una democracia censitaria o de élites”.
“Vamos a trabajar -dijo- para que cada vez sea más amplia la participación de los electores en la elección de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o los órganos de control de RTVE”, en función de los “méritos y capacidades profesionales” de los candidatos y candidatas.
Reprochó también con toda claridad que “no aceptamos sus lecciones sobre sobre la supuesta ‘despolitización’ o ‘neutralidad’ de los órganos de la Administración. Son las derechas las que llevan toda la vida poniendo al Estado y a esa Administración a su servicio, al de sus intereses particulares y de sus partidos”.
Para no dejar lugar a dudas recordó distintos episodios y casos concretos protagonizados por el PP: “controlando la Sala Segunda ‘desde atrás’, como decía el señor Cosidó; o Ubaldo Nieto, presidente del Tribunal de Cuentas, puesto por el PP y donante de la ‘caja B’ del PP; o Andrés Ollero, 17 años como diputado del PP y luego nombrado juez del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, así como Francisco Pérez de los Cobos, militante del PP y también propuesto como magistrado del Constitucional, que posteriormente llegó a presidir; o Carlos Lesmes, dos veces director general del Ministerio de Justicia con el señor Aznar y actual presidente del CGPJ”.
Para que Ciudadanos no se fuera de vacío apuntó también a sus parlamentarios que “ustedes no han tenido tiempo hasta ahora, pero el poco que han tenido lo han aprovechado. Este mes de febrero se ha elegido a la jefa de prensa de Ciudadanos en Andalucía, Desiree García-Escribano, como directora adjunta de Informativos de Canal Sur. ¿Así de ‘neutral y despolitizada’ quieren ustedes que sea la elección de los consejeros de RTVE?
