Izquierda Unida atiende gustosamente la invitación expresa que ha realizado Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, para elaborar y remitirle una ‘contribución escrita sobre la situación en España en cuanto a la pobreza y la vulneración de los Derechos Humanos’ de cara a la visita que realizará a nuestro país a comienzos del año próximo.
La dirección federal de IU ha hecho coincidir con la celebración hoy, 17 de octubre, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la aprobación del contenido de este completo trabajo. Su elaboración ha corrido a cargo de los/as dirigentes federales Carlos Sánchez Mato, Eva García Sempere y Ricardo Gayol. Una vez que se complete con las aportaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil de diversos ámbitos y de las federaciones que componen la organización, el informe será remitido en breve plazo al relator de la ONU.
Izquierda Unida constata en este trabajo para Philip Alston que los índices de pobreza se encuentran en nuestro país “muy por encima de lo que cualquier sociedad supuestamente desarrollada puede permitirse y la relación con un elevado nivel de desigualdad resulta evidente a la luz de los datos”.
Para esta formación, “erradicar la pobreza y la exclusión social exige superar el actual modelo productivo y de desarrollo, con profundas reformas estructurales de toda índole que enfrenten directamente la desigualdad”.
“Supone también -añade- reforzar y blindar el pilar que deben ser los servicios sociales para todo el país y actuaciones conjuntas de las administraciones públicas para prevenir y proteger a la ciudadanía”.
Eso sí, IU advierte al relator de la ONU sobre la necesidad de actuar ya y de manera urgente porque “mientras se discuten cuestiones de mayor calado y la sociedad toma conciencia para poner estas hondas transformaciones en marcha, cientos de miles de personas en España sufren pobreza, exclusión social y serios problemas de acceso a derechos fundamentales como una correcta alimentación o el acceso a una vivienda digna, entre otros”.
Izquierda Unida considera que “el empobrecimiento se alimenta de un desarrollo basado en un modo de producción injusto como el capitalista, que genera desigualdad y en el que amplios sectores sociales sufren el abandono de los poderes públicos mientras un pequeño porcentaje se enriquece”.
La dirección de IU aborda el trabajo realizado desde un punto de vista multidisciplinar. De ahí que sus máximos responsables sean Carlos Sánchez Mato, como responsable federal de Políticas Económicas; Eva García Sempere, responsable de Medioambiente y de nuevo candidata al Congreso de los Diputados en las elecciones del 10N, así como Ricardo Gayol, desde su responsabilidad federal de Bienestar Social.
Los tres destacan en su informe que “la pobreza y la consiguiente vulneración de Derechos Humanos con las que va asociada son claramente evitables. Es perfectamente posible poner fin a esta lacra. Somos un país con un excelente potencial, con riqueza, con un tejido social capaz de actuar para revertir esta situación injusta de desigualdad. Hay recursos suficientes para erradicar las formas más extremas de pobreza, del sinhogarismo al chabolismo, y para acabar con las discriminaciones, restricciones contextuales, inercias y tradiciones que impiden el desarrollo humano. También los hay para revertir el proceso de despoblación no deseada que sufre la mayor parte de nuestro territorio, para acabar con las bolsas de exclusión de los barrios periféricos de las ciudades”.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos ha solicitado a IU esta ‘contribución escrita’ de cara a disponer de una visión lo más amplia posible en su visita oficial a España, que se prolongará entre el 27 de enero y el 7 de febrero próximos.
Philip Alston actúa como experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los/as responsables del trabajo que aportará IU esperan que “nuestro diagnóstico sea útil al Relator Especial y a su equipo para comprender adecuadamente las líneas fundamentales de actuación en España para erradicar la pobreza”.
Carlos Sánchez Mato destaca, por su parte, que como constatan recientes informes solventes, “el crecimiento económico no reduce por sí mismo la pobreza. Cerca de 12 millones de personas -el 26,6 % de la población- se encuentra en España en riesgo de pobreza o de exclusión social”.
El responsable federal de Políticas Económicas de IU incide en la “gravedad” de que “la cuarta parte más pobre de la población aún no ha recuperado la renta de 2008. Dicho de otra forma, si la crisis duró tres años para el 50% de la población con más ingresos, para el 25% más pobre ya alcanza una década”.
“Y hay una cuestión fundamental -advierte- que las familias trabajadoras deberían tener muy presente. El concepto de persona pobre cambió drásticamente y ya no va asociado, por ejemplo, al desempleo o la marginalidad. Las reformas laborales han extendido la precariedad hasta el punto de que el 33% de personas pobres tienen un empleo remunerado, pero que no les permite satisfacer sus necesidades básicas. Lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la justicia”.
Eva García Sempere, por su parte, apunta desde su ámbito que “el cambio climático tiene también un impacto especial en las personas más empobrecidas. Quienes no disponen de recursos en nuestro país para acceder, por ejemplo, a una vivienda digna y a servicios básicos como pueden ser calefacción, luz o adecuar su casa a unas mínimas necesidades sufren aún con mayor incidencia los problemas que acarrean los cambios medioambientales”.
Ricardo Gayol destaca también que “es un hecho que contar con alguna discapacidad, entendida esta como alguna limitación funcional de carácter parcial, supone un factor directo de vulnerabilidad de cara a la exclusión social, debido principalmente a las barreras y obstáculos estructurales que se dan para ello y que no acaban de derribarse”.
En este sentido, determinados informes indican que una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio, mientras la lista de espera se aproxima a las 400.000 personas.
