La judicialización de los sucesos políticos conocidos como “el procés” nunca debería haber ocurrido. Es una muestra de la incapacidad que han tenido la mayoría de fuerzas políticas implicadas para abordar dialogada mente un problema que es estrictamente político, ni de orden público ni judicial. Cuarenta años después de aprobarse la Constitución de 1978, lo que esta sobre la mesa es el cuestionamiento del actual modelo constitucional: la monarquía parlamentaria y la organización territorial autonómica, entre otras cuestiones. Es necesario adaptar nuestro marco constitucional a las nuevas necesidades y exigencias de nuestro pueblo.
Izquierda Unida siempre ha defendido un modelo de Estado republicano y federal donde todos los pueblos y nacionalidades que conforman España pudieran convivir solidariamente y formar parte de un mismo proyecto de país que, respetando tanto su realidad plurinacional como los sentimientos nacionales de todos y todas quienes lo habitamos, anteponga los problemas materiales de la gente a cualquier otra consideración, garantizando a todas las personas el disfrute de los derechos civiles, sociales, ambientales, laborales, culturales y de género, al margen del lugar donde residan. Indudablemente, el pueblo catalán tiene derecho a expresarse sobre la forma mas adecuada de formar parte de ese proyecto.
Izquierda Unida hemos venido manteniendo que durante el denominado “procés” no había existido ningún delito de rebelión ni de sedición, puesto que no ha existido ningún alzamiento, ni violento ni tumultuario, que atacara a los poderes judicial, ejecutivo o legislativo de España, ni que alterara el orden público impidiendo el funcionamiento institucional. Ha habido unas movilizaciones ciudadanas masivas en Cataluña reivindicando un Estado republicano para ese territorio, no siendo aceptable ni política ni jurídicamente que una movilización popular y no violenta sea equiparada a una rebelión ni a una sedición, aunque haya reivindicado objetivos políticos no previstos en nuestra Constitución.
Lo cierto es que lo que era política y jurídicamente evidente ha quedado ahora también claro en la sentencia del Tribunal Supremo: en Cataluña no hubo ningún “golpe de Estado” ni ninguna rebelión, ninguna sustitución de la institucionalidad del Estado o de la Comunidad Autónoma por otra, sino unas actuaciones de índole político y no violento que pretendían impedir la aplicación de determinadas leyes y resoluciones judiciales.
El hecho de que el Tribunal Supremo haya impuesto condenas de prisión -en este caso además muy elevadas- nos parece sumamente desproporcionado a la vista del nulo impacto institucional de las actuaciones realizadas por los condenados, que quedaron en meras proclamaciones políticas. Creemos que ninguna condena ayuda a encontrar una solución política al conflicto existente en Cataluña, sino que mas bien con estas se vuelve a crispar el ambiente político dando argumentos a las personas y organizaciones que desde posiciones extremas únicamente pretenden perpetuar y enconar el conflicto para obtener réditos políticos cortoplacistas, fundamentalmente electorales, como hemos visto con la irresponsable y reiterada utilización en campaña electoral de la amenaza de acabar con el autogobierno en Cataluña.
En estos momentos es imprescindible retomar el dialogo político tanto entre las instituciones centrales del Estado y las instituciones catalanas como entre la sociedad civil y fuerzas políticas de Cataluña y del resto de España para que, entre todos y todas, busquemos un entendimiento que permita resolver la crisis política en Cataluña. Es necesario construir un amplio acuerdo sobre el modelo constitucional que garantice la convivencia de Cataluña y el resto de pueblos de España en un Estado plurinacional, un proyecto de Estado federal y republicano donde todos y todas se sientan partícipes de un proyecto común de país.
Izquierda Unida trabajará por una solución política que, sobre la base del diálogo, normalice la situación y haga posible un nuevo modelo territorial reflejo de la plurinacionalidad del Estado. Para ello, es imprescindible que no existan personas privadas de su libertad o que hayan tenido que abandonar Cataluña por haber defendido o realizado políticas independentistas o por haber defendido democráticamente cualquier otra posición política.
