El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha registrado una iniciativa en la que plantea al Gobierno en funciones que aclare, entre otras cuestiones, “qué coste en términos de recursos públicos materiales y humanos tiene para la Administración que el penado Iñaki Urdangarin lleve a cabo las labores de voluntariado que ha solicitado realizar”, sí como “qué número de funcionarios públicos, o personas que no lo sean pero cuya actividad sea sufragada con recursos públicos, intervienen en las dos salidas diarias que se le han concedido al penado”.
Garzón sale así al paso, y requiere para ello los datos oficiales oportunos, ante la polémica suscitada y las distintas versiones aparecidas que rodean las salidas fuera de prisión de Urdangarin que han comenzado hoy.
El cuñado del actual jefe del Estado, que cumple una condena de cinco años y diez meses por diversos delitos económicos en el ‘caso Nóos’, ha sido autorizado por un juez en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía a abandonar la prisión de Brieva (Ávila) durante ocho horas al día, dos veces a la semana, para realizar tareas como voluntario en el Hogar Don Orione, una entidad sin ánimo de lucro situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, a unos 100 kilómetros.
En la misma iniciativa formalizada esta mañana en el Congreso, Alberto Garzón pide al Ejecutivo en funciones que indique “cuántas personas que cumplen condena en la actualidad en las prisiones españolas disfrutan de la aplicación fuera del recinto penitenciario del artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre ‘medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado’”.
Teniendo en cuenta el reducido tiempo que Urdangarin lleva cumpliendo la pena impuesta, el máximo responsable de IU interroga también sobre “cuántas de esas personas, en su caso, han podido ejercer el derecho de que les fuera de aplicación ese mismo artículo del Régimen Penitenciario cuando tan solo habían cumplido un año en prisión sobre el total de la condena impuesta”.
De la misma forma, para poder disponer de una visión de conjunto sobre este polémico asunto pregunta también sobre “cuántas personas que cumplen o han cumplido condena en los últimos cinco años, en su caso, se han podido beneficiar de una situación penitenciaria de estas mismas características”.
Alberto Garzón completa su iniciativa planteando al Gobierno que “en vista de los datos de los que dispone, ¿considera que la actual situación del penado Urdangarin para que lleve a cabo las labores de voluntariado que ha solicitado puede considerarse un trato privilegiado?”
