El Gobierno en funciones del PSOE considera que dado el actual Sistema de Seguros Agrarios ‘no existe la necesidad de desarrollar ninguna línea especial para cultivos en áreas inundables’, ya que cree que es suficiente con las indemnizaciones que les corresponderían a los productores que de forma particular hubieran decidido tener contratada una póliza.
Esta es la respuesta que el Ejecutivo ha dado por escrito el pasado 2 de septiembre a la diputada y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en materia de Agricultura, Eva García Sempere. La también responsable federal de IU en Medioambiente elaboró y registró en julio una iniciativa -que también firma el diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino- donde se anticipaba plantear qué hacer en la práctica frente a los crecientes efectos negativos que tiene el cambio climático en la producción agraria.
Entre otras cuestiones, y atendiendo a las reiteradas demandas hechas desde el sector agrario, se interrogó con claridad a los responsables del Gobierno en funciones “en qué situación se encuentra la propuesta de una línea de especial bonificación para los cultivos en áreas inundables que favorezca la gestión de las riadas”.
‘En el actual Sistema de Seguros Agrarios no existe la necesidad de desarrollar ninguna línea especial para cultivos en áreas inundables, ya que actualmente los daños producidos en las explotaciones agropecuarias, por la inundación y la lluvia torrencial, se encuentran cubiertos. Aquellos productores que tuvieran suscrita una póliza y hayan sufrido daño, les corresponderá una indemnización en función de la modalidad de seguro contratado y del nivel de pérdida sufrida’, señala textualmente la respuesta.
Esta reciente valoración del Ejecutivo del PSOE contrasta con los reiterados y muy indeterminados ofrecimientos de ayuda que vierten destacados integrantes del mismo, empezando por el presidente en funciones Pedro Sánchez cuando han visitado las cada vez más amplias zonas afectadas por lluvias torrenciales y las inundaciones que acarrean. Esto ya ocurrió en octubre pasado en las comarcas de la provincia de Málaga -cuyas ayudas concretas siguen sin llegar casi un año después a la mayoría de afectados- o pasa ahora con las trágicas inundaciones que asolan Murcia, la Comunitat valenciana y amplias zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha.
En la iniciativa impulsada por Izquierda Unida se indicaba ya que “la agricultura y la ganadería son actividades económicas que, por su propia naturaleza y características, son altamente vulnerables a las adversidades climatológicas y a las cuestiones y alertas sanitarias, que cada vez son más extremas y están más influidas por el cambio climático”.
García Sempere y Gómez-Reino advertían directamente que “los seguros agrarios deberán ser una herramienta clave frente al cambio climático y sus impactos. No obstante, la realidad es que cada vez son más inaccesibles” y parafraseaban los avisos de organizaciones agrarias como UPA Castilla-La Mancha, al señalar que “la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) no está acometiendo su labor de mediadora y está permitiendo que Agroseguro siga haciendo estas subidas a su antojo, algo que perjudica de manera directa a agricultores, ganaderos y al sector en general”.
De ahí que interrogarán directamente también al Gobierno sobre “¿qué planteamientos tiene para adaptar el seguro agrario de manera que garantice la viabilidad de las actuales coberturas sin incrementar los costes a las explotaciones de mayor riesgo?”
Desde el Ejecutivo se responde de forma muy genérica y dejan buena parte de la reacción a lo que haga individualmente cada productor. Aseguran que ‘la contratación del seguro agrario es voluntaria para el agricultor, quien decide, por tanto, si asegura sus producciones o no y elige entre las varias opciones de las que dispone. El nivel de aseguramiento entre las diversas líneas del seguro es muy heterogéneo y depende de varios factores, tales como el grado de percepción del riesgo por parte de los productores o el nivel de profesionalización de los mismos’.
En la iniciativa parlamentaria, además de los graves problemas que acarrean las inundaciones, se contempla también el caso opuesto, por lo que se pregunta sobre “¿en qué situación se encuentran los estudios relacionados con la posibilidad de un seguro sobre los cultivos de regadío que cubra la sequía hidrológica?”
Aquí la respuesta del Ejecutivo del PSOE tampoco es positiva: ‘en relación a la cobertura de la sequía hidrológica, es decir, la ocasionada por la falta de dotaciones de agua en las explotaciones de regadío -indica-, hay que indicar que los trabajos desarrollados al efecto han determinado que no es viable su cobertura por el Sistema de Seguros Agrarios’.
El Gobierno en funciones establece que ‘hay que tener en cuenta que para que un riesgo sea asegurable, este debe ser incierto, aleatorio y evaluable. Y como se ha indicado, tras los trabajos llevados a cabo con el fin de analizar la viabilidad para incluir este riesgo en el Sistema de Seguros Agrarios, se llegó a la conclusión de que no era procedente, puesto que no se cumplían las condiciones necesarias para ser incorporado al Sistema’.
