El Gobierno en funciones afirma que ‘no es posible crear una Agencia específica del aceite de oliva a nivel Administración General del Estado’, posibilidad que le había planteado la diputada andaluza y portavoz parlamentaria de Agricultura de Izquierda Unida, Eva García Sempere, para contribuir así a solucionar el grave problema que atenaza a este sector, especialmente a productores, cooperativas y organizaciones agrarias, por los precios a la baja en origen de este producto.
En una respuesta parlamentaria escrita a la iniciativa que García Sempere registró en el Congreso en julio, el Ejecutivo justifica este rechazo en que ‘el control de calidad de los aceites de oliva, como el del resto de los alimentos, es competencia de las Comunidades Autónomas a las que están transferidos los servicios de control alimentario (defensa del consumidor, control higiénico-sanitario, y control de calidad y defensa contra fraudes) y que, además de las materias primas y los procesos de elaboración, controlan, entre otros, la calidad, la pureza, la trazabilidad, el envasado y el etiquetado de los productos terminados’.
La parlamentaria malagueña de IU en el grupo de Unidas Podemos alertaba en su escrito de que el precio medio del aceite de oliva “estaba a principios del mes de mayo en 2,40 euros/kilo. Ello supone una caída de un 43% respecto al precio medio de las últimas cuatro campañas y se sitúa muy por debajo de los costes de producción del aceite de oliva en España, que estaría entre 2,73 y 2,75 euros/kilo, según las referencias que utilicemos”.
De igual forma, advertía que “en los últimos cinco años se han puesto en producción otras 100.000 hectáreas de olivos, casi todas en un modelo intensivo y en manos de grandes grupos productores que sí cubren los costes de producción con esos precios, mientras que pone en peligro el modelo de producción familiar, y el olivar tradicional y de pendiente”.
Por ello, Eva García Sempere reclamó al Gobierno que detallara “¿qué medidas piensa poner en marcha para garantizar precios justos en el olivar?”, “¿qué controles fiscales a la industria y envasadoras va a poner en marcha?” y si considera que “la Comisión Nacional de la Competencia debería iniciar una investigación de la situación del mercado del aceite de oliva en nuestro país”.
El Ejecutivo adelanta a la diputada que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ‘se está elaborando un Real Decreto sobre Organizaciones de Productores en los Productos Agrícolas que incluirá al sector del olivar, con el fin de que las organizaciones de productores reconocidas puedan aprovechar las ventajas actuales establecidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios (Reglamento UE nº 1308/2013), así como el posible desarrollo futuro de los programas sectoriales previstos en la nueva regulación en los que también se incluye el aceite de oliva’.
García Sempere denuncia sin rodeos que “lo que se está produciendo es un movimiento especulativo por parte de los grupos distribuidores. Con esta estructura, y sin capacidad de los productores para incidir en la cadena alimentaria, la solución de más exportación con más hectáreas de producción intensiva solo perjudica a la producción familiar”.
‘Se está apoyando al sector cooperativo -dice el Gobierno- en las consultas desarrolladas ante la Comisión Europea para el diseño de un sistema de autorregulación que permita, en régimen voluntario y en situaciones como la actual campaña, el almacenamiento temporal de determinadas cantidades de aceite por el sector, todo ello dentro del marco normativo europeo’.
Añade en su contestación que ‘el objetivo es lograr una mayor adecuación de la oferta a la demanda y, en consecuencia, una mayor estabilidad de los precios del aceite de oliva y una mejora de la renta de los olivareros de todo el país’.
García Sempere también planteó al Ejecutivo si “considera necesario actualizar los precios de referencia por encima de los costes de producción”, una medida largamente demandada por los productores. La respuesta deja abierta esta posibilidad, pero sin negar un camino plagado de dificultades. ‘Los actuales umbrales de referencia -señalan desde La Moncloa- para la activación de los mecanismos de almacenamiento privado que se contemplan en el Reglamento 1308/2013 de la Organización Común de Mercados Agrarios fueron establecidos en 1998 y es cierto que, aunque siguen funcionando como una red de seguridad, después de 20 años deberían ser objeto de revisión’.
El Gobierno advierte de que el MAPA ‘ha hecho llegar en repetidas ocasiones a la Comisión Europea la necesidad de actualizar estos umbrales a unos valores razonables que posibiliten su actuación como una verdadera red de seguridad ante posibles crisis, si bien somos conscientes de la dificultad de su aprobación por las implicaciones financieras que supondría para las arcas comunitarias’.
Por último, ante la cuestión que señala la diputada de IU sobre si “¿piensa el Gobierno prohibir la venta a pérdidas que tanto daño causa a las personas productoras?”, el Ejecutivo se limita a indicar que ‘el MAPA considera que la venta a pérdidas es ineficiente y que no es positiva para ninguno de los eslabones de la cadena’.
