El dirigente federal de Izquierda Unida y secretario general del PCE, Enrique Santiago, reclama “un cambio de voluntad y de actitud del Gobierno colombiano de Iván Duque” para “cumplir de forma efectiva con el acuerdo de paz firmado en La Habana”, aún vigente en este país, y que “no se desaproveche una ocasión histórica, de esas que se dan una vez cada siglo, para acabar con el conflicto más largo de toda América Latina”.
Santiago participó activamente como asesor internacional durante el largo periodo de negociaciones entre los máximos responsables de las FARC y el anterior Gobierno colombiano, que desembocaron en el acuerdo de paz firmado hace cerca de tres años y es uno de los mayores expertos en nuestro país sobre su contenido.
El también diputado de IU en el grupo de Unidas Podemos reconoce su “tristeza” tras conocer ayer la declaración hecha pública con un vídeo de más de media hora por Luciano Marín Arango, más conocido como ‘Iván Márquez’, acompañado por cerca de una veintena de ex guerrilleros/as. Éste anunció ‘el comienzo de la segunda Marquetalia -lugar de nacimiento de las FARC hace más de 60 años- bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión’.
‘Iván Márquez’, que fue jefe del equipo negociador de las FARC en las conversaciones de paz y ex número dos en la última etapa activa de la guerrilla, señaló en su mensaje que ‘la historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas’.
Enrique Santiago, no obstante, considera que todavía “se puede ser optimista” siempre y cuando haya “un cambio de voluntad y de actitud del Gobierno colombiano”, que espera que se produzca porque “la posición de la comunidad internacional es contundente” para que se cumpla el acuerdo de paz.
“Lo que no puede ser -constata- es que desde que se produjo el cambio de Gobierno en Colombia, ha hecho ahora un año, se esté incumpliendo sistemáticamente con la obligación de implementación del acuerdo de paz e intentando desbaratar lo que se había acordado y comenzado a implementar”, en lo que califica como “una absoluta irresponsabilidad”. Ello supone una “vulneración por parte del Gobierno de Colombia de la obligación constitucional de cumplir el acuerdo de paz”.
El dirigente federal de IU reconoce que lo manifestado por ‘Iván Márquez’ “era algo que se veía que podía ocurrir”, aunque espera que tanto éste, sus seguidores, como el Gobierno de Colombia “hagan todos los esfuerzos posibles para que lo que hoy no es más que una declaración quede en eso, en una declaración más o menos política, no de guerra”.
“Volver al conflicto armado es lo que siempre han pretendido los sectores guerreristas del establecimiento colombiano, que se opusieron al acuerdo de paz, anunciaron su intención de hacerlo trizas y llevaron a Iván Duque a la Presidencia para ello. Sería paradójico que un nuevo alzamiento armado permitiera que estos sectores destrozaran finalmente el acuerdo de paz”, afirma.
Enrique Santiago considera que las máximas autoridades de Colombia “aún están a tiempo de reconducir la situación e implementar debidamente el acuerdo de paz”. En este sentido, valora que ‘Iván Márquez’ “dedicó buena parte de su intervención a reivindicar y pedir que se cumpla el Acuerdo de La Habana tal y como se hizo. Se está aún a tiempo, hace falta un esfuerzo y sería un tremendo fracaso para la paz en Colombia, para todo el país y para la comunidad internacional que esas personas acabaran finalmente alzándose en armas”.
Frente a quienes solo responsabilizan a los antiguos integrantes de las FARC de lo que está sucediendo, Santiago ofrece datos que contrastan e ilustran cuál es el papel que está teniendo el Gobierno de Duque en esta situación. Así, señala que “hoy vencen los decretos que en Colombia amparan la existencia de las zonas de desmovilización de los antiguos miembros de la guerrilla. El Gobierno de Duque no los ha renovado a fecha de hoy, sorprendentemente”.
Advierte de que “eso significa que los cerca de 8.000 guerrilleros y guerrilleras que no tienen otro sitio donde vivir, trabajar y reincorporarse a la sociedad, pueden quedarse sin cobertura legal, económica y jurídica a partir del 1 de septiembre”.
Para Enrique Santiago, esto provocaría “una inmensa inseguridad personal, jurídica y política para los ex guerrilleros reincorporados, que se sumaría a un escenario en el que el Estado ha permitido el asesinato de más de 150 ex guerrilleros y sus familiares, así como de más de 500 líderes sociales desde que se firmó el acuerdo de paz, asesinatos que en su inmensa mayoría quedan en la impunidad”.
