El magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, a raíz del escrito presentado por Izquierda Unida como acusación popular, resolverá mañana, durante la sesión de cuestiones previas con la que se abrirá la vista oral del caso de la destrucción de los discos duros del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, si mantiene en sus términos su primera decisión de dar la razón al PP y no permitir que haya imágenes de ninguna de las jornadas del primer juicio en la historia judicial de nuestro país en el que un partido se sienta en el banquillo como acusado.
Muñoz de Baena ha dictado una providencia en la que señala que, una vez conocido el escrito presentado el pasado lunes en su juzgado por Izquierda Unida -que comparte acusación popular con la Asociación Justicia y Sociedad, y la Federación Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes- ‘interesando la retransmisión de las jornadas de cuestiones previas y de conclusiones, no obstante el contenido del auto de fecha 10.06.2019, atendiendo a la inminencia del señalamiento, que impide se efectúen alegaciones por escrito por las otras partes personadas, queda diferida su resolución a la sesión de cuestiones previas con el objetivo de posibilitar oralmente el traslado al resto de partes para tal fin’.
El equipo jurídico de Izquierda Unida solicitó al juez en su escrito que cambiara de criterio y que, al menos, “acuerde autorizar la retransmisión de las sesiones de cuestiones previas y conclusiones del juicio oral, que tendrá lugar los días 14 y 28 de junio”.
Los abogados de IU argumentaron que, frente a lo que alega el juez para justificar su censura de las imágenes y sonido del juicio, permitir que se retransmitan esas dos sesiones “no supone ningún obstáculo en relación a las garantías que el Juzgado dice preservar en su auto de 10 de junio”, ya que “en ambas sesiones no intervienen testigos ni acusados, por lo que las cautelas del art. 704 LEcrim no se verían afectadas”.
Plantean incluso que pueda hacerse la retransmisión “tomando la prevención de que los acusados no aparezcan en pantalla”, todo ello “resultando de evidente relevancia social lo que acontezca en ambas sesiones y las argumentaciones de las partes sobre las cuestiones previas, así como sobre el conjunto de valoración de lo que ha sido el proceso”.
Izquierda Unida busca con su actuación que el Juzgado de lo Penal nº 31 de Madrid impida así en la práctica que los medios de comunicación y el conjunto de la ciudadanía accedan de primera mano a las explicaciones de los/as acusados, sus defensas y de las acusaciones sobre los cerca de 35 borrados de las memorias y su contundente destrucción posterior de los ordenadores donde Luis Bárcenas guardaba supuestamente importantes datos sobre la financiación ilegal del PP.
