La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha dirigido hoy un escrito a la Mesa del Congreso para que “permita la tramitación” de la pregunta que registró la semana pasada para saber qué opina el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el contenido del fallo del Tribunal Supremo por el que suspende temporalmente la exhumación de Francisco Franco, en lo que respecta especialmente al argumento de los magistrados que consideran al dictador jefe del Estado ya desde el 1 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil, obviando así al legítimo presidente y al Gobierno de la República.
La Mesa de la Cámara en su reunión del pasado día 11 acordó solicitar a la diputada que ‘reformule’ esta pregunta, al entender que en los términos en que está redactada ‘versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno’.
García Sempere, por su parte, solicita a la Mesa que “reconsidere la solicitud de reformulación” ya que en la iniciativa parlamentaria en cuestión “en ningún caso se pretende que el Gobierno actúe sobre cuestiones que son de exclusiva competencia del Tribunal Supremo y, por tanto, del Poder Judicial, sino simplemente recabar la opinión del Gobierno ante lo que evidentemente debe de tratarse de un lamentable error que impide evaluar con rigor histórico y político la figura del dictador Francisco Franco”.
La diputada malagueña de Unidas Podemos interrogaba directamente al Ejecutivo del PSOE sobre “qué opinión le merece que el Tribunal Supremo reconozca en un auto al dictador Francisco Franco como jefe del Estado en plena Guerra Civil” y si “comparte este pronunciamiento” del Alto Tribunal “sobre quién ostentaba la jefatura del Estado en esa fecha”.
De la misma forma, valoró que aceptar que desde una instancia tan importante como el Supremo se reconozca la autoridad del dictador “desde el golpe militar y en plena Guerra Civil, cuando el Estado republicano se asentaba sobre la legalidad de la Constitución Española de 1931 y su presidente era Manuel Azaña”, no significa en la práctica otra cosa más que “legalizar la proclamación de Franco como jefe del Gobierno del Estado español por parte de los golpistas de la Junta de Defensa Nacional en septiembre de 1936”.
Eva García Sempere recordaba también al Ejecutivo del PSOE que “muchos juristas e historiadores, entre otros profesionales, no salen de su asombro al comprobar que el Tribunal Supremo, órgano constitucional que se encuentra en la cúspide del poder judicial español, da legitimidad con esa mención en un auto al golpe de Estado del 18 de julio de 1936”.
De ahí que le planteara que exponga “¿qué medidas va a tomar para aclararlo y para que se evalúe con absoluto rigor la figura del dictador?”, todo ello en el marco de las competencias que tiene el Ejecutivo y atendiendo a la legislación vigente, entre ella la conocida como ‘Ley de Memoria Histórica’ y los derechos que ampara.
