Izquierda Unida, personada como acusación popular en el caso de la destrucción de los discos duros del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha dirigido un escrito al magistrado Eduardo Muñoz de Baena para que permita, al menos, que sean totalmente públicos los testimonios audiovisuales de la primera y la última sesión de la vista oral de esta causa, que comienza el próximo viernes, día 14.
Muñoz de Baena emitió ayer un auto, apenas cuatro días antes de que arranque esta vista oral, en el que resolvió dar la razón al PP, apoyado por la Fiscalía, para que no haya imágenes del primer juicio en la historia judicial de nuestro país en el que un partido se sienta en el banquillo como acusado.
De esta forma, el titular del Juzgado de lo Penal nº 31 de Madrid impide que los medios de comunicación y, consecuentemente, el conjunto de la ciudadanía, puedan acceder de primera mano a las explicaciones de los/as acusados, sus defensas y de las acusaciones sobre los cerca de 35 borrados de las memorias y su contundente destrucción posterior de los ordenadores donde Bárcenas guardaba supuestamente importantes datos sobre la financiación ilegal del PP.
Eduardo Muñoz de Baena justifica su polémica e inhabitual decisión en que ‘los tres acusados distintos del Partido Popular, al igual que la mayoría de los testigos y peritos que habrán de intervenir, no son personajes públicos ni de notoriedad pública’.
El magistrado entiende así que carecen de notoriedad pública los acusados María del Carmen Navarro, ya ex tesorera del PP pero trabajando aún en un puesto destacado para el partido de Pablo Casado, y Alberto Durán, principal responsable a la hora de dar directrices jurídicas en los múltiples casos de corrupción que afectan al PP como director de sus servicios legales. Durán, acusado de manera individual, representará también al PP, acusado como partido político. El tercer procesado era el responsable de informática del PP en la época en que sucedieron los sucesos que se juzgan y ya fue despedido.
El magistrado Muñoz de Baena considera que ‘puede haber trascendido su identidad, pero no su imagen, por lo que la retransmisión del juicio les puede suponer una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación’.
El equipo jurídico de IU -que comparte acusación popular con la Asociación Justicia y Sociedad, y la Federación Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes- solicita al juez en su escrito que cambie de criterio y “acuerde autorizar la retransmisión de las sesiones de cuestiones previas y conclusiones del juicio oral, que tendrá lugar los días 14 y 28 de junio”.
Los abogados de Izquierda Unida argumentan que, en contra de lo que alega el juez para justificar su censura de las imágenes y sonido del juicio, permitir que se retransmitan al menos estas dos sesiones “no supone ningún obstáculo en relación a las garantías que el Juzgado dice preservar en su auto de 10 de junio”, ya que “en ambas sesiones no intervienen testigos ni acusados, por lo que las cautelas del art. 704 LEcrim no se verían afectadas”.
Incluso plantean y aceptan que pueda hacerse la retransmisión “tomando la prevención de que los acusados no aparezcan en pantalla”, todo ello “resultando de evidente relevancia social lo que acontezca en ambas sesiones y las argumentaciones de las partes sobre las cuestiones previas, así como sobre el conjunto de valoración de lo que ha sido el proceso”.
