Izquierda Unida, a través de su responsable federal de Justicia y diputado por Madrid, Enrique Santiago, valora que la suspensión en el ejercicio de sus derechos y prerrogativas de los cuatro diputados catalanes en situación de prisión provisional “pone en evidencia la sumisión de la mayoría de la Mesa del Congreso a los dictados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza”.
Santiago considera que “se ha optado por la suspensión automática de los diputados, omitiendo lo que el propio Reglamento del Congreso precisa sobre la necesaria tramitación y aprobación por parte del Pleno de la Cámara del suplicatorio para todo miembros de la misma que esté inmerso en una causa judicial”.
Para IU, esta forma de proceder “pone de manifiesto que priman las razones de Estado sobre los razonamientos emparados en Derecho. Así es como se rebaja la calidad democrática de nuestro país y se pone en cuestión los derechos que el conjunto de parlamentarios tenían reconocidos hasta ahora”.
“Resulta llamativa -destaca Santiago- la forma de proceder por la que ha optado la mayoría de la Mesa del Congreso respecto de los diputados catalanes en situación de prisión provisional en contraposición con la que adoptó el Parlament de Cataluña”.
A su juicio, la decisión conocida a última hora de esta mañana “señala la suspensión automática de la condición de diputados y contempla la posibilidad de que dicha suspensión sea sin sustitución o delegación, con la consiguiente alteración de las mayorías parlamentarias”. Por el contrario, la suspensión que ejecutó el Parlament respecto de los diputados autonómicos procesados por el Tribunal Supremo “no supuso la alteración de su mayoría toda vez que, con la propia de indicación y beneplácito del magistrado Llarena, la suspensión de la condición de diputado autonómico facultaba a la vez a los afectados a designar a un tercer parlamentario, en quien delegaban su voto. De esa forma no se alteró la composición de la cámara, ni el juego de mayorías y minorías”.
