Las formaciones Partido Comunista de España e Izquierda Unida, además del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda (FAI-RADE), responsables de la querella criminal registrada hace más de cuatro meses contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos, anuncian su intención de “recurrir de inmediato» ante el propio Tribunal Supremo «hasta llegar luego donde haga falta” el archivo de la misma hecho público a última hora de esta mañana por la Sala Segunda del Alto Tribunal, a través de un auto del que ha sido ponente el magistrado y presidente de la Sala, Manuel Marchena Gómez.
El Tribunal Supremo alega para justificar la inadmisión de la querella que los hechos denunciados ya fueron investigados en la Audiencia Nacional y se archivaron por ‘falta de indicios de criminalidad’, en relación a la quinta pieza separada del denominado ‘caso Villarejo’ que se instruye en esta instancia judicial.
Para los querellantes del PCE, IU y FAI-RADE, que registraron su escrito el pasado 5 de diciembre, “el auto del que es ponente Marchena indica que no hay indicios suficientes para poder investigar, pero en ningún momento señala qué razonamientos concretos utiliza para descartar las múltiples pruebas e indicios que aportamos en nuestro escrito”.
“Dado la ausencia del más mínimo análisis racional de los documentos y audios aportados, y de su evidente valor probatorio -señalan-, consideramos que este auto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que carece de motivación para comprender las razones del archivo”.
Los/as cinco magistrados/as del Supremo encabezados por Marchena que pretenden ahora enterrar definitivamente la querella apenas señalan en su razonamiento que ‘porque se acordó su archivo provisional (en la Audiencia Nacional), es obvio que en dicho procedimiento penal no se elevó a esta Sala ninguna exposición razonada en la que se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado y particularmente, contra S. M. el Rey Don Juan Carlos’.
Para el PCE, IU y FAI-RADE “resulta muy triste comprobar, aunque en modo alguno nos sorprendente, que a través de este auto de archivo el Tribunal Supremo rechace investigar realmente hechos de indudable gravedad. Es lamentable que demuestre con estas formas su sumisión al poder económico y político de este país, situándose de forma consciente como un anclaje más en el sistema de protección a una monarquía cada vez más puesta en duda”.
Los querellantes, que señalan rotundos que “agotaremos sin dudarlo todas las vías de recurso a nuestro alcance”, resaltan también que “pese al reiterado criterio manifestado por el Ministerio Fiscal, la Sala del Supremo no hace consideración alguna sobre la aplicación en este caso de la ‘inviolabilidad’ del rey, a la que se refiere el artículo 56.3 de la Constitución. Entendemos que cabe razonar que la tan manida cuestión de la ‘inviolabilidad’ no es de aplicación, por lo menos, a los casos en los que el rey haya abdicado”.
Con el auto del Tribunal Supremo conocido hoy se produce un punto a seguido en este proceso. Los autores de la querella contra Juan Carlos de Borbón y otras siete personas han tenido que hacer frente a un importante número de trabas jurídicas en todo este tiempo. Para empezar, están los más de cuatro meses transcurridos desde que PCE, IU y FAI-RADE registraron su escrito hasta conocer el auto de archivo.
A ello se une el estricto plazo de ocho días que esta misma Sala impuso a comienzos de enero para depositar la fianza de 12.000 euros y permitir llevar a cabo el ejercicio de la acción popular que se pretende en esta causa. FAI-RADE se vio obligada a poner en marcha con rapidez una campaña de crowdfunding para hacer frente a esa cantidad, lo que se consiguió de forma rápida gracias a la generosidad y concienciación de un buen número de personas.
Entre medias apareció también a comienzos de marzo el informe que el Ministerio Fiscal remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicitando ‘el inmediato archivo de las actuaciones, sin más trámites’. El escrito de la Fiscalía, del que se hacía responsable y firmaba el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, rechazaba la querella “de un plumazo”, según los querellantes. Para ello utilizó de forma simple y recurrente el artículo 56.3 de la Constitución, que fija la inviolabilidad del monarca, el mismo que ahora Manuel Marchena y el resto de los magistrados pasan por alto.
Cabe recordar que la querella criminal que ahora pretenden meter en un cajón va dirigida, además de contra Juan Carlos de Borbón, a su amiga y empresaria comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
En ella se imputan hasta 13 supuestos delitos que se reparten los querellados, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
