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Izquierda Unida Madrid ha presentado hoy una querella criminal contra la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, por la comisión de un supuesto delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función.
Villacís incurrió en “falta de transparencia y ocultación de intereses” al no declarar inicialmente que era administradora solidaria de una sociedad y gabinete jurídico, tal y como han explicado los concejales de IU en la Corporación madrileña Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente, así como la coportavoz de IU Madrid Lourdes Gómez.
La portavoz de Ciudadanos se habría beneficiado supuestamente de esa posición, ya que usó la sociedad para construir su casa y comprar otros dos inmuebles junto a su marido. Además, existen claros indicios de que la dirigente madrileña del partido que dirige Albert Rivera incurrió en incompatibilidades en el cargo, ya que el gabinete jurídico del que formaba parte representa a un sindicato de la Policía Municipal madrileña, mientras Villacís ha desarrollado actividades en el pleno y en las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con este mismo cuerpo policial.
Por todo ello, en el contenido de la querella que Izquierda Unida Madrid ha presentado se detalla la vulneración del artículo 441 del Código Penal, que contempla penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por entre dos a cinco años.
Villacís fue elegida como concejala del Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2015 y desde entonces ejerce como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Desde ese momento estaba obligada a realizar una declaración de bienes y actividades, y actualizarla cada seis meses. En cambio, no citó que era administradora de la sociedad al acceder al cargo público.
Hasta abril de 2018 no aparecía rastro de la actividad empresarial de Begoña Villacís en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. La portavoz de Ciudadanos no renunció a su cargo de administradora del gabinete hasta marzo de ese año, como aparece en el Registro Mercantil, después de que esa irregularidad fuera revelada por el medio de comunicación ‘El Salto’.
Ante estos hechos, el propio Ayuntamiento de Madrid elaboró un informe jurídico en el que queda constancia de diversas irregularidades en la forma de actuar de Villacís, existiendo elementos que hacen pensar que debiera haberse abstenido de participar en diferentes votaciones plenarias.
Razones de estricta justicia y equidad hacen rechazar que un cargo electo pueda ser juez y parte en un asunto del que espere obtener un beneficio personal o colectivo. La relación directa de Villacís con el despacho de abogados que se querelló contra la concejala Rommy Arce supone una incompatibilidad recogida en el artículo 178 de la LOREG.
Cuando se produce la situación de incompatibilidad, el electo debe optar entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación de incompatibilidad. Villacís no hizo ninguna de ambas cosas.
La querella de Izquierda Unida especifica, además, que Villacís debió de haberse abstenido en determinadas votaciones en el pleno, de acuerdo a la ley. También solicita que sean llamados como testigos la concejala Rommy Arce, el secretario del pleno, Federico Andrés López, y Antonio Suárez-Valdés, esposo de Villacís y administrador del gabinete jurídico del mismo nombre.
