El Tribunal Supremo se ha dirigido a la Junta Electoral Central (JEC) para que certifique formalmente que Hermann Tertsch, dirigente del partido de ultraderecha Vox, ‘ostenta en la actual Legislatura la condición de diputado del Parlamento Europeo’. Esta actuación es consecuencia de la querella criminal que Izquierda Unida y Podemos interpusieron contra éste ante la Sala Segunda del alto tribunal el pasado mes de enero y un paso previo a la admisión o no a trámite de la misma finalmente.
En su amplio y documentado escrito, de 16 páginas, IU y Podemos recogían en la tipificación de hechos delictivos que atribuían a Tertsch los de “provocación para la rebelión armada” (art. 477 del Código Penal), “amenazas al Gobierno de la nación” (art. 504 del C.P.) y “delito de odio al promover de forma directa hostilidad y violencia por razón de ideología” (art. 510 del C.P.)
En la misma providencia, fechada a 31 de enero y remitida a los querellantes la pasada semana, la sala de admisión que entiende de este asunto queda presidida por el propio presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena Gómez, además de los también magistrados Miguel Colmenero Menéndez y Susana Polo García, a la que se designa ponente.
Juan Moreno, que encabeza el equipo jurídico de IU encargado de redactar la querella, se ha felicitado por la “rápida actuación del Supremo hasta ahora en este caso”, si bien deja claro que “estamos ante un paso formal, que lo que sí viene a confirmar es la corrección legal de la querella presentada, que abre la puerta para los pasos posteriores que creemos que se deben dar y que ya concretamos en el mismo escrito”.
Podemos e Izquierda Unida detallaban en su exposición sobre las conductas delictivas atribuidas al eurodiputado ultraderechista que éste “viene participando de forma notoria y ostensible en la generación de un clima de confrontación contra el legítimo Gobierno democráticamente elegido por el Congreso de los Diputados”.
Más concretamente, la querella incide en el hecho de que el pasado 2 de enero el querellado publicó en su cuenta de twitter @hermanntertsch la siguiente proclama, que se incluye en la parte probatoria: ‘En estos días parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del Artículo 8. para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación‘.
Hermann Tertsch lanzó este llamamiento público “pocas horas antes de que el 4 de enero de 2020 comenzara el debate de investidura que propició la formación del nuevo Gobierno del que es presidente el socialista Pedro Sánchez, investido por el Congreso de los Diputados el día 7 de enero de 2020, y del que forman parte como ministros los aludidos Pablo Iglesias y Alberto Garzón, ambos máximos responsables políticos de las organizaciones políticas aquí querellantes”.
El escrito registrado ante el Supremo destaca también que la proclama tuvo “una notable repercusión en los medios de comunicación, lo que da cuenta de la preocupación que ha generado en la sociedad española esta declaración del querellado”. Del mismo modo, se añade que Tertsch reincidió en su conducta de nuevo desde su cuenta en Twitter a los pocos días con “un nuevo recordatorio o amenaza implícita en forma de tuit, lanzado públicamente el 22 de enero, en el sentido de que las Fuerzas Armadas, que se encuentran jerárquicamente subordinadas al Gobierno democrático de España, activen su fuerza en contraposición a la acción de impulso ejecutivo y legislativo del Gobierno y de las Cortes Generales”.
El querellado -se indica- insiste de forma contumaz en llamar a los sectores militares de la sociedad a que activen una suerte de autodesarrollo del art. 8 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas ejercen su fuerza como si fuesen un poder autónomo del Estado”.
Izquierda Unida y Podemos argumentan también que la querella criminal se presente ante la Sala Segunda del Supremo “conforme a lo establecido en el artículo 71.3 de la Constitución, que establece la competencia de esta Sala para la investigación de hechos con relevancia penal imputables a diputados o senadores, aforamiento que debe extenderse a eurodiputados, toda vez que los hechos denunciados, de confirmarse su veracidad, serían constitutivos de delitos que habría cometido un europarlamentario, por lo que la instrucción y enjuiciamiento de la causa que se deriva de la presenta querella corresponde al Tribunal ante el que comparecemos”.
De igual manera, las dos formaciones que se presentaron a las elecciones generales bajo el nombre de Unidas Podemos solicitan al alto tribunal que “resulta pertinente y necesaria” que admita su personación como acusación popular “toda vez que los hechos tienen una evidente relevancia pública, afectando a los intereses generales y a los principios básicos que sustentan el Estado democrático de derecho, siendo por otra parte que los querellantes juegan un relevante papel en el juego democrático que se desarrolla en nuestro país y tienen plena legitimidad para defender los valores constitucionales que se ponen en peligro con las actuaciones del querellado”.
A su vez, piden al Tribunal Supremo una serie de “diligencias precautorias y de investigación a practicar” para que se comprueben los hechos denunciados. Entre ellas destaca que “al ser el querellado miembro del Parlamento Europeo, y en atención a lo dispuesto en el art. 9 de su Reglamento interno, procédase a solicitar al presidente del Parlamento Europeo la tramitación y aprobación por parte de la Eurocámara del suplicatorio para investigar al querellado”.
Una vez que se resuelva este trámite los querellantes piden también al Supremo que llame a declarar a Hermann Tertsch “asistido de letrado de su confianza”.
El texto de la querella alude también al hecho de que las manifestaciones de Tertsch “llamando a la intervención del Ejército contra la elección y despliegue de políticas del Gobierno que días después iba a ser investido por el Congreso, se produjeron en un contexto en el que determinados sectores de la sociedad alentaron la creación de un agresivo clima de rechazo a la investidura del nuevo presidente”.
A su vez, se apunta que entre quienes estaban generando ese clima de confrontación, y también dentro de las filas de Vox, está “el compañero de partido de Tertsch y general retirado Fulgencio Coll Bucher -jefe del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012, y actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca- que realizó una serie de declaraciones el día 23 de diciembre de 2019 en las que venía a insinuar que el jefe del Ejecutivo debía ser destituido por otros poderes del Estado por ser un problema para la ‘seguridad nacional’, alentando igualmente una suerte de quebrantamiento del Estado de Derecho”.
