Izquierda Unida ha hecho llegar al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, un completo informe sobre la situación de la pobreza en España. IU atiende así la invitación expresa que le hizo llegar Alston en los últimos meses del año pasado de cara a la visita que este experto independiente australiano realiza desde el pasado lunes a nuestro país y que se prolongará hasta finales de la próxima semana.
En concreto, Alston solicitó a la dirección federal de Izquierda Unida que elaborara una ‘contribución escrita sobre la situación en España en cuanto a la pobreza y la vulneración de los Derechos Humanos’. El trabajo lo han realizado los/as dirigentes federales Carlos Sánchez Mato, Eva García Sempere y Ricardo Gayol. Para su elaboración han contado también con las aportaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a diversos ámbitos, además de las distintas federaciones que componen IU.
Izquierda Unida constata en su trabajo que los índices de pobreza se sitúan en nuestro país “muy por encima de lo que cualquier sociedad supuestamente desarrollada puede permitirse y la relación con un elevado nivel de desigualdad resulta evidente a la luz de los datos”.
Así, esta formación considera que “erradicar la pobreza y la exclusión social exige superar el actual modelo productivo y de desarrollo, con profundas reformas estructurales de toda índole que enfrenten directamente la desigualdad”.
“Supone también -añade- reforzar y blindar el pilar que deben ser los servicios sociales para todo el país y actuaciones conjuntas de las administraciones públicas para prevenir y proteger a la ciudadanía”. De ahí que estos objetivos se sitúen como prioritarios para IU en la agenda que el Gobierno del que forma parte a través de Unidas Podemos debe poner en marcha en los próximos meses.
En este contexto, la dirección de la formación que lidera Alberto Garzón llama la atención al relator de la ONU sobre la necesidad de actuar ya y de manera urgente porque “mientras se discuten cuestiones de mayor calado y la sociedad toma conciencia para poner estas hondas transformaciones en marcha, cientos de miles de personas en España sufren pobreza, exclusión social y serios problemas de acceso a derechos fundamentales como una correcta alimentación o el acceso a una vivienda digna, entre otros”.
Izquierda Unida entiende que “el empobrecimiento se alimenta de un desarrollo basado en un modo de producción injusto como el capitalista, que genera desigualdad y en el que amplios sectores sociales sufren el abandono de los poderes públicos mientras un pequeño porcentaje se enriquece”.
La realización de este trabajo se abordó desde un punto de vista multidisciplinar. De ahí que sus responsables hayan sido Carlos Sánchez Mato, como responsable federal de Políticas Económicas; Eva García Sempere, ex diputada y responsable federal de Medioambiente, así como Ricardo Gayol, desde su responsabilidad de Bienestar Social.
Los tres apuntan en el informe que “la pobreza y la consiguiente vulneración de Derechos Humanos con las que va asociada son claramente evitables. Es perfectamente posible poner fin a esta lacra. Somos un país con un excelente potencial, con riqueza, con un tejido social capaz de actuar para revertir esta situación injusta de desigualdad. Hay recursos suficientes para erradicar las formas más extremas de pobreza, del ‘sinhogarismo’ al chabolismo, y para acabar con las discriminaciones, restricciones contextuales, inercias y tradiciones que impiden el desarrollo humano. También los hay para revertir el proceso de despoblación no deseada que sufre la mayor parte de nuestro territorio, para acabar con las bolsas de exclusión de los barrios periféricos de las ciudades”.
Philip Alston actúa en su visita a España como experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los/as responsables del trabajo que aporta IU esperan que “nuestro diagnóstico sea útil al relator especial y a su equipo para comprender adecuadamente las líneas fundamentales de actuación para erradicar la pobreza en nuestro país”.
Carlos Sánchez Mato destaca, por su parte, que tal y como constatan recientes informes solventes, “el crecimiento económico no reduce por sí mismo la pobreza. Cerca de 12 millones de personas -el 26,6 % de la población- se encuentra en España en riesgo de pobreza o de exclusión social”.
El responsable federal de Políticas Económicas de IU incide en la “gravedad” de que “la cuarta parte más pobre de la población sigue sin recuperar el nivel de renta de 2008. Dicho de otra forma, si la crisis duró tres años para el 50% de la población con más ingresos, para el 25% más pobre ya alcanza más de una década”.
“Y hay una cuestión fundamental -advierte- que las familias trabajadoras deberían tener muy presente. El concepto de ‘persona pobre’ cambió drásticamente y ya no va asociado, por ejemplo, al desempleo o a la marginalidad. Las reformas laborales han extendido la precariedad hasta el punto de que el 33% de ‘personas pobres’ tienen un empleo remunerado, pero que no les permite satisfacer sus necesidades básicas. Lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la justicia”.
Eva García Sempere, por su parte, apunta desde su ámbito que “el cambio climático tiene también un impacto especial en las personas más empobrecidas. Quienes no disponen de recursos en nuestro país para acceder, por ejemplo, a una vivienda digna y a servicios básicos como pueden ser calefacción, luz o adecuar su casa a unas mínimas necesidades sufren aún con mayor incidencia los problemas que acarrean los cambios medioambientales”.
Ricardo Gayol destaca también que “es un hecho que contar con alguna discapacidad, entendida esta como alguna limitación funcional de carácter parcial, supone un factor directo de vulnerabilidad de cara a la exclusión social, debido principalmente a las barreras y obstáculos estructurales que se dan para ello y que no acaban de derribarse”.
En los días que lleva en nuestro país, Philip Alston ha viajado ya a Galicia, Euskadi, Extremadura Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Andalucía. Este fin de semana lo hará a Cataluña y se ha reservado la última semana para distintas actividades en Madrid, donde tiene programados encuentros con personas en situación de vulnerabilidad, con activistas de diversos colectivos que les atienden, con académicos y responsables de las distintas administraciones.
El objetivo de esta visita es determinar cuál es la situación actual, evaluar la factura de la crisis y emitir recomendaciones al Gobierno. Los resultados preliminares de su trabajo se conocerán el próximo mes de febrero, mientras que presentará el informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el próximo mes de junio.
