Izquierda Unida, a través de su equipo jurídico, ha registrado un escrito en la Audiencia Nacional que dirige al Juzgado Central de Instrucción nº 6, cuyo responsable es el magistrado Manuel García-Castellón, en el que solicita al juez que investiga el denominado ‘caso Púnica’ que acuerde “tener por investigada a la persona jurídica Partido Popular” e, igualmente, que cite a declarar a esta formación “en calidad de investigada” (imputada en la antigua denominación) por su presunta participación directa en esta trama de corrupción.
IU, que ejerce la acusación popular junto a otras asociaciones y formaciones en esta causa en la que se investigan diversas actuaciones corruptas en la Comunidad de Madrid, basa esta nueva actuación que ya planteó anteriormente en las importantes novedades producidas en los últimos meses. Entre ellas destaca la reciente imputación por parte de García-Castellón de la que fuera líder del PP madrileño durante más de una década y hasta 2016, Esperanza Aguirre, “así como a otros colaboradores y empresarios y a la persona jurídica Indra, todo ellos por estar involucrados en diferentes acciones con relevancia penal que giran en torno a la financiación ilícita del Partido Popular en Madrid”.
A ello se suman los recientes indicios aportados a la causa “sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados con la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2014, en concreto, la información remitida al Juzgado por parte de la empresa Indra y de diversos informes realizados por la Guardia Civil (UCO)”.
De esta forma, la representación legal de Izquierda Unida traslada al magistrado instructor que la imputación del PP como persona jurídica “estaría justificada”, toda vez que este partido tomó “decisiones para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad”, ya que “no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del PP en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público, que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas”.
La acusación popular de Izquierda Unida razona al magistrado del ‘caso Púnica’ que, siguiendo la línea ya recogida también por su juzgado en esta causa en lo que respecta a la imputación de la empresa Indra -privatizada en su día por el PP- como persona jurídica, “resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos”.
IU expone en su escrito que a través de la investigación judicial realizada se desprende que el PP resulta “beneficiario directo” de las actividades de la trama y ello no solo a través de Indra, sino también de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), empresa pública dependiente del Gobierno madrileño.
El equipo jurídico de Izquierda Unida no olvida tampoco recordar a García-Castellón que “en su día, ante una petición similar a la que se formula en esta líneas, por parte de la Fiscalía, cuyos argumentos fueron considerados por el juez instructor y la sala resolviendo una apelación interpuesta por esta representación, se arguyó que era precipitado ampliar imputaciones y que no se podían basar en informaciones de los medios de comunicación cuando, para el concreto caso de la persona jurídica Partido Popular, se había creado una pieza separada por auto de 11 de mayo de 2017, en el marco de la DP 91/16, que llevaba por nombre ‘Pieza 4: Hechos referentes a la financiación ilegal del PP’”.
IU estima que teniendo en consideración lo avanzado en la investigación, “el desvío de fondos desde ICM, IMADE e Indra hacía el Partido Popular se realizó también entre los años 2012 y 2015, es decir una vez ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal que permite la imputación de los partidos políticos como personas jurídicas”.
“Sorprende a esta representación -reconoce Izquierda Unida por todo lo anterior- que no se haya adoptado la justa y preventiva resolución por la que se impute al PP, toda vez que es palmario que el Partido Popular y sus finanzas están siendo investigadas, siendo que han participado en dicha operativa para financiar ilícitamente al PP, detrayendo fondos del erario público, el secretario general del PP de Madrid así como otros diputados y cargos del Partido Popular, estando igualmente imputado el responsable de Finanzas del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez y la presidenta, Esperanza Aguirre”.
De ahí que “es innegable que nos encontramos, indiciariamente, con elementos que nos permiten calibrar de forma fácil que el partido (PP), como persona jurídica, pudiera ser responsable penalmente de los hechos investigados”.
