El Gobierno en funciones del PSOE no niega que trabajadores españoles que prestan servicio para las Fuerzas Armadas de EE.UU en la base aérea de uso conjunto de Morón de la Frontera (Sevilla) sufren situaciones de desprotección y discriminación frente a operarios civiles norteamericanos contratados en origen que trabajan en la misma base, tal y como viene denunciando Izquierda Unida. Además de no negar estos hechos, el Ejecutivo afirma en una respuesta escrita a una iniciativa de la diputada andaluza de IU, Eva García Sempere, que ‘no obstante, se indica que, en caso de que existiesen actuaciones en la Inspección Provincial de Sevilla sobre posibles situaciones de discriminación en la base de Morón respecto de trabajadores españoles, esta información está sujeta al deber de sigilo’.
García Sempere, diputada por Málaga en el grupo de Unidas Podemos, denunció esta situación en una iniciativa que registró en el Congreso en junio, y cuyo texto original se vió obligada a reformular por indicación de la Mesa del Congreso. Además, reclamó al Gobierno del PSOE que detallara, entre otras cuestiones, “qué medidas va a tomar para poner fin a la discriminación hacia los trabajadores españoles”, en especial los que no están incluidos en el denominado anejo 8 -el que se aplica al personal laboral local que contrata directamente Defensa-, en el marco del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE.UU.
La parlamentaria andaluza exigía también explicaciones sobre si el Ejecutivo “va a revisar el actual convenio de cooperación en materia de Defensa para que no perjudique a los trabajadores de la base de Morón” y si dispone de algún mecanismo “para evitar que el contrato de gestión de esta base “vulnere o perjudique los intereses de las empresas y trabajadores de España”.
Detalló que según los datos obtenidos por IU a través del comité de empresa están a la orden del día los “despidos” y la “desprotección” que soportan trabajadores españoles, mientras “en paralelo, la base continúa incorporando civiles estadounidenses contratados en origen”, lo que se hace “en condiciones laborales irregulares en materia de contratación y Seguridad Social”.
El Gobierno comienza su respuesta, que Izquierda Unida tacha de “exigua y contradictoria”, marcando distancias con este grave problema. Así, señala a Eva García Sempere que ‘el contrato de servicios al que se refiere Su Señoría se celebró entre la empresa contratista VECTRUS y las Fuerzas Armadas norteamericanas, por lo que resulta ajeno por completo al Ministerio de Defensa español’.
‘No afecta -añade para eludir precisamente la especificación que hizo IU previamente- al Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos (EE.UU), pues los trabajadores de dicha empresa no están sometidos a lo estipulado en su Anejo 8, ya que es solo de aplicación al Personal Laboral Local, que es contratado directamente por el Ministerio de Defensa’.
El Ejecutivo se cura en salud y completa, no obstante, su contestación indicando que ‘de todos modos, como se establece en el mencionado Convenio, los empleados de contratistas, en este caso los trabajadores de VECTRUS, están plenamente sujetos a la legislación laboral española, y es este marco el mecanismo idóneo para evitar que se vulneren o perjudiquen los intereses de las empresas y trabajadores nacionales’.
‘En este sentido, desde el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, se vela permanentemente para que las empresas contratistas respeten todos los derechos de los trabajadores reconocidos en ella, sin acudir a prácticas no acordes con dicha legislación’, se indica.
Elude explícitamente hacer cualquier referencia en el texto a la pregunta directa que le planteó la diputada de IU en relación a “¿Qué opinión le merece al Gobierno la progresiva sustitución en la base de Morón de trabajadores españoles por norteamericanos en condiciones laborales irregulares?”
Más adelante vuelve a dar una de cal y una de arena sobre sus competencias frente a los problemas planteados. Afirma, por un lado, que ‘dada la naturaleza del conflicto, el Ministerio de Defensa busca fomentar la coordinación entre las Administraciones afectadas, Locales y Autonómicas, a quienes corresponde ejercer las funciones de mediación o arbitraje sobre las controversias. Igualmente, se busca siempre una interlocución fluida con las partes implicadas, dentro del respeto de las competencias de otras Administraciones en materia laboral, como es el caso de la Junta de Andalucía’.
‘No obstante -insiste-, se indica que, en caso de que existiesen actuaciones en la Inspección Provincial de Sevilla sobre posibles situaciones de discriminación en la base de Morón respecto de trabajadores españoles, esta información está sujeta al deber de sigilo’.
El Gobierno concluye su respuesta a García Sempere señalando que ‘cabe destacar que, en todo momento, se traslada su preocupación por la situación de los trabajadores españoles al Gobierno de los EE.UU a través de los mecanismos de coordinación existentes’.
