El diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que plantea al Gobierno de Pedro Sánchez, aún en funciones, que aclare si “va a reclamar a las autoridades israelíes la devolución o indemnización por todos los bienes donados o pertenecientes a ciudadanos españoles requisados o destruidos por Israel”.
Santiago pone en marcha esta actuación parlamentaria después de que varios medios de comunicación informaran gracias a la actividad de B’tselem, una organización de derechos humanos israelí, del anuncio publicado en el periódico ‘Maariv’ sobre la puesta en marcha de una subasta de bienes europeos que habían sido donados a la población palestina y luego confiscados por el Ejército de ocupación de Israel.
A partir de estos datos, la Unión Europea (UE) ha protestado formalmente y ha recordado que diversos países, entre ellos España, tienen la intención de que se produzca una devolución o indemnización por ese tipo de actuaciones ilegales. Uno de los ejemplos más claros es el Aeropuerto de Gaza, construido con dinero de la cooperación española y destruido por Israel.
El parlamentario de IU en el grupo de Unidas Podemos explica que “esta misma política israelí de ocupación y de requisar o destruir bienes donados a los palestinos se practica también con bienes donados por entidades ciudadanas, cuya financiación ha sido soportada por entidades administrativas descentralizadas o por la ciudadanía».
Enrique Santiago plantea al Ejecutivo en su batería de preguntas para las que solicita respuesta escrita, en concreto, que aclare “en cuánto está valorada la destrucción israelí de bienes donados por el Estado español”, “en cuánto está valorada la destrucción israelí de bienes donados por asociaciones civiles españolas” y si “va a reclamar el Gobierno el contravalor perdido en alimentos y salud con motivo de la actuación israelí”.
Entre los casos más sangrantes está también el de los bienes cofinanciados por Rumbo a Gaza, que forma parte de la coalición Flotilla de la Libertad. Rumbo a Gaza participó en la compra del antiguo barco pesquero noruego ‘Al Awda’ para donarlo a los pescadores gazatíes palestinos. Éstos son asaltados periódicamente y sus barcos requisados, de ahí que con dicha donación se quería contribuir a mejorar la economía de este colectivo y a proveer de alimentos a la población de Gaza.
Además, este barco y otro secuestrado, el ‘Freedom’, llevaban material sanitario que no ha sido devuelto por el Ejército israelí tras el asalto en aguas internacionales y se teme que también sea subastado o destruido.
Santiago recuerda que “el Gobierno español sabe perfectamente qué barcos, carga y bienes personales de la Flotilla de la Libertad no han sido devueltos por las autoridades de Israel, conoce también que la política de la potencia ocupante es sistémica en la destrucción y apropiación de bienes donados, y que es ejercida hasta el momento con absoluta impunidad”.
Por todo ello, completa su iniciativa pidiendo explicaciones detalladas al Gobierno sobre “qué mecanismos de reparación se están ejerciendo”, si han dado algún “fruto” y, sobre todo, “qué contramedidas se han ejercido ante la ignorancia de las reclamaciones por parte de Israel”.
