El dirigente federal y diputado por Madrid de Izquierda Unida, Enrique Santiago, prepara una batería de iniciativas parlamentarias para lograr que el Gobierno español de Pedro Sánchez -en estos momentos en funciones- se posicione frente a los graves y flagrantes incumplimientos de los Derechos Humanos en relación al proceso de Paz en Colombia, propiciados por las autoridades de ese país con el Ejecutivo de Iván Duque a la cabeza.
Esta actuación parlamentaria es fruto de la reunión que Santiago ha mantenido en dependencias del Congreso con una delegación de representantes de asociaciones y grupos de defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Ha estado encabeza por Danilo Rueda, reconocido líder pacifista a nivel internacional, objeto de múltiples amenazas desde distintos ámbitos, y secretario ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, principal organismo de Derechos Humanos colombiano de naturaleza interconfesional. También han participado en el encuentro Rubén Mantecón y Miriam García, responsables del Área de Incidencia Política de PBI y de las Brigadas Internacionales de Paz (España)
Enrique Santiago señala después de la reunión que “tras conocer de primera mano múltiples detalles de la insostenible situación que soportan en Colombia los partidarios y defensores del Proceso de Paz, queremos que el Gobierno español se pronuncie sobre si piensa dirigirse a sus homólogos colombianos para pedirles garantías del cumplimiento y el total respeto a los Acuerdos de Paz en vigor. También sobre si va a actuar con firmeza para que acaben los asesinatos impunes de líderes sociales, defensores de los Derechos Humanos y ex combatientes de las FARC”.
“Entre las iniciativas parlamentarias en preparación -detalla el diputado de IU- está reclamar al Gobierno de Sánchez que condicione la política comercial y de cooperación con Colombia a que se compruebe ese efectivo respeto de los Derechos Humanos y el fin definitivo de esos crímenes de naturaleza política”.
Santiago explica que “tanto a nosotros como a nuestros interlocutores nos preocupa especialmente el papel tan distante que ha jugado el Estado español para contribuir de manera activa al Proceso de Paz”.
El parlamentario de IU en el grupo de Unidas Podemos y activo participante durante meses en todo el proceso negociador con respaldo internacional coincide con Danilo Rueda en que “es necesario todo el respaldo internacional posible para propiciar una gestión más activa y adecuada en los múltiples territorios que siguen siendo conflictivos. En ellos hay graves limitaciones para aplicar todo lo acordado y allí tanto los excombatientes como la población de las comunidades negras, indígenas y mestizas corren serio riesgo”.
Los interlocutores explicaron a Santiago, según detalla el diputado, cómo a día de hoy “se mantienen totalmente impunes en determinadas regiones no solo casos de asesinato, sino desapariciones, violencia sexual, torturas, desplazamientos obligados y despojo de tierras para asegurar negocios ilegales de drogas u otros con una aparente fachada legal, agrícolas, ganaderos o mineros”
El diputado expone que miembros de Justicia y Paz, entre ellos el mismo Danilo Rueda, “han vuelto recientemente a ser amenazados de muerte si tratan de acceder a esos territorios problemáticos, a pesar de haber en ellos una significativa presencia del Ejército, donde cada vez se hacen más fuertes los paramilitares y la corrupción se ha hecho endémica”.
Enrique Santiago reconoce que “nuestros interlocutores nos dicen directamente que ‘si esto nos sucede a nosotros, imagínense lo que le ocurre a la población de las comunidades y a sus líderes’, amenazados constantemente simplemente por si se les ocurre denunciar lo que está pasando”.
El dirigente federal de IU coincide con los representantes de asociaciones en defensa de la Paz y los Derechos Humanos con quienes se ha reunido en que “cada vez es más importante que España y el conjunto de la Unión Europea se implique más a través de mecanismos diplomáticos directos y efectivos. El objetivo es conseguir que de una vez el Gobierno de Colombia actúe sobre quienes usan el terror contra las comunidades víctimas de operaciones paramilitares, con la complicidad institucional y empresarial”.
Izquierda Unida maneja distinta información sobre que el número de asesinatos de líderes sociales en Colombia supera los 600 desde 2016, junto a más de 130 excombatientes de las FARC.
