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El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado esta mañana con dureza la “dejadez del Gobierno, que está rendido ante la multinacional” por la actuación que mantiene en el conflicto de la compañía de aluminio Alcoa. Aseguró que “lo que está claro es que el Gobierno del PSOE siempre se pliega ante los poderosos y siempre cede ante los intereses de los más privilegiados. En este caso lo hace con una multinacional que está usando a miles de familias como un instrumento únicamente para su rentabilidad”.
Garzón realizó estas declaraciones mientras participaba junto a miembros de la dirección federal de IU y diputados/as y candidatos/as de Unidas Podemos en la concentración convocada por la plantilla de Alcoa junto al Congreso de los Diputados en defensa de sus puestos de trabajo. En un momento dado, Garzón y el candidato de IU por Madrid Enrique Santiago tuvieron que interponerse entre antidisturbios de la Policía y trabajadores para evitar mayores consecuencias cuando los agentes tomaban posiciones para cargar contra los manifestantes.
“Queremos transmitir nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Alcoa”, explicó el máximo responsable de Izquierda Unida, que advirtió también de que en el caso de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga sin mover ficha “en los próximos días, desgraciadamente, se perderá un sector estratégico para nuestro país como el del aluminio, con lo que se perderán puestos de trabajo, se perderán salarios y se perderá economía regional tanto en Galicia como en Asturias”.
“Un Gobierno que se precie -dijo- no puede permitir que esto suceda. Por eso le hemos instado durante muchos meses de negociación a que actuara”. Para Alberto Garzón, “todavía estamos a tiempo para que el Gobierno reaccione y que haga caso a los trabajadores y trabajadoras para que podamos preservar los puestos de trabajo, la economía regional y un sector estratégico como es el de Alcoa”.
A preguntas de los informadores sobre la posibilidad de que haya varias ofertas para adquirir las plantas gallega y asturiana de la multinacional cuya continuidad está en peligro y, con ello, más de 2.000 puestos de trabajo, indicó que “más allá de la existencia o no de inversores, incluso en la hipótesis de que no existieran, el Gobierno siempre tiene que actuar como último recurso y estar dispuesto a nacionalizar para recuperar hacia lo público las empresas para preservar los puestos de trabajo y las condiciones laborales”.
