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Programa 29N 2026 – Bloque 8. Hacia una Europa de los pueblos, los derechos y la justicia social

Programa de Izquierda Unida a las Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026

Otra Europa es posible y lo es porque no estamos ante crisis derivadas de la escasez de medios sino porque quienes tienen la propiedad y el control de las fuerzas productivas y riqueza de la sociedad, las emplean para acrecentar su poder. Utilizan para ello las instituciones europeas que debieran defender un proyecto de libertad, igualdad y fraternidad para todos los ciudadanos. Por lo tanto, el obstáculo para superar el actual estado de cosas no es técnico. Es evidente que las políticas pueden ser otras a las que han sido aplicadas en interés de las élites.

Aunque en muchas ocasiones lo simplifiquemos, el conflicto no es entre países. Se trata de intereses de clase contrapuestos. De hecho, los trabajadores y las trabajadoras de todos los países de la Unión Europea tienen mucho más en común entre sí que con sus respectivas clases dominantes nacionales. De hecho, hoy el lema “trabajadores de todos los países, uníos” está más vigente que nunca.

Resolver los problemas de la ciudadanía requiere de la movilización a escala europea en defensa de los intereses generales. Y no solo en determinados países. No solo es posible, es imprescindible.

Las sucesivas crisis de la UE revelan claramente sus fallos estructurales. Al lado de avances incuestionables, el proceso de unión entre países europeos ya nació desde su inicio como un espacio mercantil y financiero. Por eso una mirada hacia atrás muestra que la combinación de agresivas políticas comerciales y de expolio de recursos naturales imprescindibles para satisfacer las necesidades de acumulación exigidas por el capital solo permitió espacio para políticas de protección social cuando la movilización empujó en esa dirección.

Las erróneas prioridades de los tratados europeos, cuya principal preocupación no es el bienestar de los pueblos, sino el funcionamiento sin obstáculos de los mercados y la mala división de competencias entre las instituciones de la UE, que sustituye la voluntad democrática y parlamentaria a nivel nacional y europeo por una interacción no transparente entre los gobiernos y la burocracia de la UE, hacen muy complicada la consolidación de derechos sociales que choca además con una política exterior atlantista y sumisa a los intereses de los EEUU.

Tampoco es fruto del azar y sí algo atribuible a la propia dinámica del sistema económico capitalista, lo que explica que las empresas transnacionales operen de acuerdo a una lógica que les lleva a defender sus intereses. Intereses que son antagónicos con los de los ciudadanos, de modo que su propia dinámica lleva al incremento de la explotación sobre los más empobrecidos. De hecho, el fortalecimiento y el poder ascendente de las compañías transnacionales las ha convertido en dominante. Se han convertido en el principal jugador de la economía mundial. Son las mayores protagonistas del proceso económico y las que ejercen mayor poder a escala mundial.

Y por eso el resultado de la construcción europea tal y como está en el momento actual, puede aproximarse a los anhelos que las élites imaginaban. Pero la inmensa mayoría de la población, especialmente la clase trabajadora se siente perdedora a la hora de evaluar el proceso de integración europea. Si bien es cierto que ya no es la guerra la herramienta usada para resolver los problemas como ocurría en el pasado, la unión mercantil y financiera al servicio de los grandes lobbies empresariales y bancarios, que presionan para que las leyes que dicta la UE sean conformes a sus intereses, causa una enorme brecha social. Millones de víctimas provocadas por pérdidas de derechos y debilitamiento de la protección social han generado caldo de cultivo en el que, al lado de enfrentamientos entre sectores de la clase trabajadora sin trabajo ni futuro, se abren paso los nuevos fascismos.

Los derechos formales en las instituciones, no se ven acompañados con la realidad, sobre todo en momentos de crisis. Y la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto una vez más que tenemos una Europa sin ciudadanía europea y con una tecnocracia al timón que sigue tutelando un rumbo que no es otro que estar al servicio de los intereses de las élites y las grandes corporaciones.

¿Podría reformarse la deriva actual para que la actual Unión Europea se transforme para ser una herramienta que impulse una política de colaboración entre los distintos pueblos que conforman la unión?

La respuesta es similar a la que podríamos dar para cada uno de los Estados capitalistas que la integran para que actuasen en ese mismo sentido. Porque la construcción europea no es otra cosa que una prolongación de esos estados, fue conformada a la medida de las necesidades del sistema.

Lo ocurrido en las dos últimas décadas responde a la lógica de acumulación de capital controlada por las élites y cambiar el guion no es algo probable.

Pero en absoluto eso debe conllevar una renuncia a la lucha por conseguir reformas que mejoren los derechos de la mayoría social. Tendría tan poco sentido como no promover avances en cada Estado nación.

Por eso es imprescindible plantear una alternativa de sociedad y a proponerla más allá de la realidad nacional, en el plano europeo e internacional. En primer lugar, porque volver al redil del estado nacional, del que tampoco nunca se salió del todo, no resolvería nada. De igual modo que volver a la moneda nacional, bajo las mismas condiciones que el capitalismo impone, no resolvería los problemas de la clase trabajadora.

Una ruptura con la Unión Europea únicamente tendría sentido como consecuencia de la aplicación de políticas de transformación social. Eso supone confrontar contra el actual statu quo que impera en la Unión Europea y contra las estructuras de poder que en los Estados nación defienden los intereses de clase de las élites.

Esta Europa, tal como está conformada, no vale para defender los intereses de la mayoría de la población. Son necesarios nuevos organismos, creados y con un funcionamiento realmente democrático, que propulsen políticas sociales con medidas como las que proponemos, que respondan a los intereses reales de los millones de personas que habitamos en este continente.

1. Eliminación del déficit democrático de las instituciones europeas

Es evidente que hay alternativa a las políticas neoliberales que son la verdadera moneda común de la Unión Europea y que la puesta en práctica de las mismas contribuiría a un mayor bienestar de la mayoría de la población europea. Que no se pongan en marcha es ante todo una cuestión de poder y de déficit democrático. De hecho, se suele decir, que si la propia UE fuera un estado que solicitase su ingreso en la Unión, debería ser rechazado en virtud de la exigencia explícita, que se hace desde el Tratado de la Unión, de que todos los Estados Europeos que pretendan formar parte de la UE cuenten con gobiernos democráticos y, “respeten los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y al estado de derecho, principios que son comunes a los Estados miembros”. Nadie puede aventurarse a afirmar que la actual Unión Europea esté regida por algo que se parezca a un gobierno democrático. Y todo el proceso de integración europea ha estado presidido por la constante tensión entre la propia democracia y unas instituciones –voluntaria o involuntariamente- incapaces de integrar, ni tan siquiera de forma representativa, a la sociedad civil.

Proponemos:

  1. Eliminar el déficit democrático que evite la ausencia de un órgano con funciones legislativas claras que sea elegido democráticamente y que el Consejo –órgano presuntamente ejecutivo- se convierta en el equivalente a los parlamentos nacionales.
  2. Dotar al Parlamento Europeo, único órgano representativo, de más competencias.

2. Superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

La suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el debate sobre las nuevas reglas fiscales abre una oportunidad fundamental para la transformación de las políticas monetarias del euro que debemos ser capaces de aprovechar.

En el seno de la Unión Europea se hace imprescindible la coordinación y orientación hacia la sostenibilidad fiscal a largo plazo, una orientación que no imponga criterios unilaterales o discrecionales, sino que tenga margen de adaptación a las asimetrías que sufren las economías europeas.

Para ello es útil también construir una propuesta alternativa en la forma de un Pacto de desarrollo sostenible o que revierta la condicionalidad para articularle en torno al gasto social, la protección de las trabajadoras y trabajadores y de sostenibilidad ambiental. Esta propuesta serviría una doble vía, puesto que más allá de una futura aplicación, sirve para reorientar el debate político y poner sobre la mesa otros elementos cuando se nos ataque por haber disparado el déficit.

Proponemos:

  1. Unas nuevas reglas fiscales que dejen atrás el austericidio y que tengan las siguientes características:
    • Eliminación de valores de referencia sobre gasto y deuda establecidos de forma discrecional, en favor de un diálogo entre Estados miembros y la UE sobre las particularidades de la economía nacional que permitan establecer procesos de reducción específicos a largo plazo y con análisis en el fondo del gasto o deuda en vez de la cuantía como tal.
    • En ningún caso se realizarán ajustes de gasto o inversión para cumplir con las reglas fiscales mientras la tasa de desempleo y la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social no alcance el promedio de los cinco países de la Unión Europea en mejor situación.
    • Establecimiento de las reglas fiscales en función de las circunstancias no sólo generales, sino también individuales de cada país. Lo lógico es que todos los países tengan un ritmo de reducción de deuda hacia posiciones de sostenibilidad, pero no un ritmo uniforme, sino adecuado a sus peculiaridades específicas y a su productividad.

3. Un Banco Central Europeo al servicio del pleno empleo y la cohesión social

También es imprescindible para forzar a una reforma del BCE que acabe con las políticas que continúan asfixiándonos. La reforma estatutaria del BCE debe ser el objetivo clave, puesto que abrir ese debate nos permite introducir en él la necesidad de financiación directa por parte del BCE, no sólo a los Estados sino también a PYMES o cooperativas y otros actores, acabando con el papel de especulador que ha adquirido la banca como intermediaria. Permitiría la introducción de elementos condicionales para esta financiación que estuvieran relacionados con los derechos de las trabajadoras y la sostenibilidad – además de cláusulas relacionadas con el control público para sectores estratégicos. También es imprescindible introducir (urge una propuesta más concreta por nuestra parte) la idea de reformar la gobernanza del BCE para introducir un verdadero control democrático – se ha hablado de un Parlamento de la Eurozona, de número muy reducido y conformado por representantes electos en los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, pero es una idea a desarrollar.

Desde el estallido de la anterior crisis sistémica, los principales bancos centrales occidentales vienen implementando una batería de políticas monetarias, convencionales y no convencionales, para hacer frente a los retos y graves desequilibrios de sus economías.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), además de rebajar los tipos de interés oficiales hasta llegar al 0%, durante 5 años, ha otorgado todo tipo de facilidades a las entidades bancarias a la hora de obtener financiación, logrando eliminar así el riesgo de liquidez de los bancos. Con esta batería de actuaciones el BCE ha salvado al sistema financiero, aspecto éste que, aunque no está entre sus mandatos, pone de manifiesto su verdadero papel al servicio de la banca privada, alejado de la verdadera soberanía en la que tendrían que estar asentadas las instituciones económicas europeas. Actuando de esta forma ha comprometido de manera irreversible las finanzas públicas a las que ha lastrado hasta llevarlas a una situación insostenible. Mientras las entidades bancarias son rescatadas con dinero público, a los Gobiernos les está prohibido recurrir al banco central, con lo que los grandes beneficiados son las entidades financieras privadas que reciben dinero a bajísimo interés y luego se lo prestan a los gobiernos, haciendo negocio por el camino con las respectivas deudas públicas. Pero esta cascada de medidas no era suficiente. Y el Banco Central Europeo se puso a comprar deuda pública (por supuesto, en el mercado secundario en manos de las entidades financieras.

En la actualidad, y para responder a la subida de la inflación, el Banco Central Europeo ha subido de forma meteórica los tipos de interés con una nueva medida que beneficia a la banca (que incrementa sus beneficios brutalmente) y asfixia a las familias hipotecadas.

El Estado español es accionista en un 9,69% del BCE y sin embargo ni sus ciudadanos ni siquiera sus gobernantes electos han participado en las decisiones de la institución monetaria. Se trata de una serie de medidas no democráticas adoptadas en beneficio exclusivamente de una minoría de la población: la que tiene intereses financieros.

El Sistema de Bancos Centrales Europeos, encabezado por el BCE, ha sido sustraído de la voluntad popular para realizar unas políticas monetarias favorables a las élites. O los recuperamos para ponerlos al servicio de empleo y de la economía productiva o podemos olvidar el término “democracia” en Europa.

Proponemos:

  1. Control democrático del Banco Central Europeo.
  2. Modificar el mandato principal del Banco Central Europeo para que, además del mantenimiento de la inflación en torno al 2%, el objetivo de la institución y sus políticas sean la consecución del pleno empleo, la erradicación de la pobreza y la exclusión social.
  3. Realización de una Conferencia Europea sobre la Deuda, donde participen todos los actores públicos implicados, a nivel estatal, europeo e internacional. deberá concluir con una solución negociada y adaptada para cada país, para cada acreedor, y para cada tenedor de bonos que pueda incluir la reestructuración parcial en plazos y tipos de interés, la introducción de una “cláusula de crecimiento” para el reembolso; así como la abolición de una parte de esta deuda. En este contexto, deberían emplearse todos los instrumentos de política disponibles, incluso el Banco Central Europeo, en calidad de prestamista de última instancia para emitir eurobonos especiales que o bien reemplacen la deuda nacional o bien conduzcan a una condonación de la significativa deuda. Programas de reducción de deuda, que combine propuestas como el PADRE (Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone) de Wyplosz y Paris (2013) irían en la buena dirección si la deuda es eliminada una vez que haya sido adquirida por el BCE. La operación de reestructuración debería separar de manera definitiva la forma de financiar los déficits públicos utilizada en el pasado.
  4. Financiación directa a los estados miembros a través del BCE para que los países no tengan que acudir a los mercados a colocar su deuda pública.
  5. Financiación a través del Banco Central Europeo de los bienes públicos genuinamente europeos de modo que esas inversiones no dejen de realizarse en ningún caso y puedan redundar en una mejora del bienestar.
    • La inversión necesaria para garantizar vivienda pública con alquileres que no superen el 25% de los ingresos de las personas arrendatarias.
    • Los gastos e inversiones necesarios para alcanzar el pleno empleo.
    • Los recursos necesarios para eliminar a la población en situación de pobreza y exclusión social.
    • Las inversiones en materia de reducción de emisiones de CO2 para aminorar el impacto del cambio climático.
    • Los suministros estratégicos de carácter sanitario y social para abordar crisis como la del COVID-19.

4. Basta ya de guaridas fiscales

En España, el criterio para que un país sea “paraíso fiscal” es que esté incluido en la lista del Real Decreto 1080/91, de 5 de julio. Originalmente, el decreto enumeraba 48 territorios, pero en 2003 fue modificado para precisar que se excluiría a aquellos países que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Tras una intensa actividad en los dos últimos años, la lista ha quedado sensiblemente reducida.

El alto ritmo de convenios firmados por España se enmarca en la persecución de los delitos fiscales, pero las empresas pueden evitar pagar sus impuestos en los países donde generan el beneficio sin por ello incumplir ningún precepto legal. Por ello, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala que el hecho de que se suscriban acuerdos sobre intercambio de información fiscal no puede considerarse suficiente como para quitar la condición de ‘paraíso’ a un país.

Los paraísos fiscales han tenido en los últimos años un crecimiento importante de sus sectores financieros, con los consecuentes beneficios para sus economías. Este crecimiento tiene su origen en una actividad basada en el secreto bancario y en vehiculares instrumentos jurídicos que permitan garantizar el anonimato de los titulares de las inversiones por motivos fundamentalmente tributarios. Esta situación ha representado un importante perjuicio para las recaudaciones tributarias de otros estados, donde se aplican impuestos con tipos de gravamen elevados. La globalización económica ha traído que deslocalizar las inversiones sea cada día más fácil y más económico y, en consecuencia, las inversiones de los factores móviles, como el capital, hoy se encuentran desfiscalizados, hecho que representa, además de la pérdida de recaudación, una vulneración de los principios de justicia y de equidad que tiene que presidir todo modelo tributario.

La solución a este problema no está en manos de un solo estado, sino que requiere unas acciones coordinadas por parte de todos los territorios en el campo del intercambio de información y hacer que los paraísos fiscales cooperen en este ámbito.

Para concretar la pérdida grave que es evadir impuestos, James S. Henry (ex economista-jefe en McKinsey) calcula que los 21 billones de dólares no declarados y ocultos en paraísos fiscales, con un posible rendimiento del 3% y un moderado 30% de impuesto generarían 190.000 millones de dólares para los estados.

Y, si el dinero oculto en paraísos fiscales fuera el de la estimación más alta de dinero escondido en los paraísos, 32 billones de dólares, los impuestos evadidos recuperados supondrían entonces 280.000 millones.

Para poner este agujero recaudatorio en relación con otras cifras, el logro de las metas sanitarias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por los países en el marco de Naciones Unidas requeriría realizar inversiones de 134 000 millones de dólares anuales con lo que se podrían evitar 97 millones de muertes prematuras en el mundo de aquí a 2030 y prolongar 8,4 años la esperanza de vida en algunos países.

En cuanto a nuestro país, en España siguen existiendo 805 filiales que las grandes empresas mantuvieron en paraísos fiscales, según una clasificación de todos los que hay alrededor del globo incluida en el propio informe. Por lo tanto, pese a la recuperación de los beneficios por parte de muchas ellas, las compañías siguen aprovechándose de la laxitud legal en materia fiscal para tributar menos en otros territorios con impuestos más bajos.

Como consecuencia de esta todavía notoria presencia en paraísos fiscales, la pérdida para España equivale al 13% de la recaudación del impuesto de sociedades representando un total de 3.250 millones de euros cada año.

La Unión Europea ha privilegiado la competencia fiscal entre los países miembros para hacer converger los impuestos nacionales hacia niveles más bajos, lo que ha mermado los recursos fiscales de los estados. Además, debido a la movilidad del capital organizada dentro del gran mercado interior, la presión fiscal sobre el capital ha disminuido en relación con el trabajo, con efectos negativos sobre el empleo.

Proponemos:

  1. Modificar los requisitos que la legislación española exige para que los países dejen de ser considerados paraísos fiscales. Seguirán siéndolo, aunque firmen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria si siguen teniendo baja o nula tributación y opacidad.
  2. Poner en marcha de una fiscalidad mínima común y acabar con el dumping fiscal que existe ahora mismo dentro de la UE. Se podría aplicar el principio de una tasa media mínima para los impuestos directos (sobre la renta, sobre el patrimonio y beneficios de las sociedades) y de una tasa máxima sobre los impuestos indirectos (IVA, impuestos especiales al consumo) al tiempo que se promueve un gravamen único para las grandes empresas en toda la UE.
  3. Además de pactar un umbral mínimo común para determinados impuestos que evite diferencias entre los tipos aplicados por los diferentes Estados, es hora de pensar en recaudación comunitaria. Esto permitiría disponer de recursos propios para contribuir al programa de recuperación común. Las que se han venido aprovechando de las desigualdades fiscales dentro de la UE son siempre grandes empresas que operan en todo el continente, y por ello se debería desarrollar un impuesto comunitario para este tipo de corporaciones que operan en más de un Estado comunitario, sumándose a los propios impuestos del Estado en el que tenga su sede.
  4. Acabar de forma definitiva con el secreto bancario.
  5. Control público de las cámaras de compensación (como Clearstream).

5. Ayudas públicas al sector productivo a cambio de participación en el capital

La política de fomento de la competencia, principal función de la Comisión es el único faro que guía la política estratégica productiva. Con el principio de preservar una competencia libre y no falseada, los Estados de la UE apenas pueden intervenir para ayudar a las empresas y apoyar su tejido productivo. La pandemia ha puesto de relieve la extrema debilidad del tejido industrial europeo tras décadas de desindustrialización favorecida por las políticas comunitarias.

La relocalización de tejido productivo en la UE tiene que ser un eje de las políticas de recuperación que se pongan en marcha y deberá ligarse a las necesidades estratégicas que ha mostrado esta situación.

Proponemos:

  1. Las intervenciones públicas con fondos para rescatar el sector privado deben ser a cambio de acciones, es decir, participación en el capital. Pero en ningún caso esa actuación debe ser coyuntural. Tiene que ser permanente y debe estar orientada a cambiar el modelo productivo europeo hacia uno generador de puestos de trabajo y respetuoso con la sostenibilidad ecológica.

6. Política comercial coherente con los derechos humanos y los sociales

Los tratados de la OMC contemplan excepcionalidades en los acuerdos de libre comercio por situaciones de emergencia, que deberían empezar a ponerse en práctica e incluirse en los textos de los acuerdos en negociación. La idea de una “excepción sanitaria” que cubra la producción farmacéutica y de material sanitario puede tener mucha aceptación y ser un primer paso hacia la promoción de un modelo diferente. Porque el coronavirus ha dejado en evidencia las pretendidas virtudes del libre comercio globalizado que se ha demostrado ineficaz ante la falta de suministro de material sanitario, y la dificultad de cubrir las necesidades con una producción insuficiente, debido a la deslocalización de la mayoría de los productos. Por ello es un atentado contra la inteligencia que exista un comercio internacional que permita traer productos desde la otra parte del mundo que perfectamente se podrían producir aquí. Y este tipo tratados atentan contra la soberanía alimentaria, la biodiversidad, los derechos sociales y laborales. Sin embargo, el gobierno español y los del resto de países de la UE siguen sin actuar en consecuencia.

El perverso sistema de las cláusulas de Resolución de Conflictos Inversor Estado (ISDS por sus siglas en inglés), permite a los inversores demandar a los Estados por los efectos negativos que les pueda ocasionar cualquier cambio legislativo. España es a día de hoy el más demandado al amparo de la Carta de la Energía y acumula en la actualidad un total de 47 denuncias, de las cuales, 16 ya se han resuelto a favor del inversor con un coste de 1.046 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto que España se ha comprometido a aportar al Fondo Verde de la ONU para apoyar acciones frente al cambio climático. No son los únicos instrumentos que limitan la capacidad de acción de los gobiernos ya que están proliferando cláusulas como las Status Quo y la cláusula Trinquete que blindan las privatizaciones e impiden la incorporación de nuevos servicios públicos.

Proponemos:

  1. Reorientación de las políticas de comercio exterior para que los Acuerdos Comerciales y de Inversión sean coherentes con los derechos humanos, los sociales y las exigencias medioambientales.
  2. Denunciar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, en vigor desde el año 2000, que es el marco legal que otorga a Israel acceso preferencial a los mercados de la Unión Europea y fomenta la cooperación científica, tecnológica y diplomática. Es inaceptable que la UE sea el principal socio comercial de Israel cuando el mantenimiento del acuerdo está estrictamente condicionado al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos vulnerados desde la propia creación del estado de Israel. Hasta que no se anule dicho Acuerdo, el gobierno español debe ejercer su capacidad política de bloquear decisiones de la UE que requieran mayorías cualificadas o unanimidad.

Preguntas frecuentes

¿Qué propone Izquierda Unida para reducir el déficit democrático de la UE?

Que el Consejo, órgano presuntamente ejecutivo, se convierta en el equivalente a los parlamentos nacionales y que exista un órgano con funciones legislativas claras elegido democráticamente; además, dotar de más competencias al Parlamento Europeo, el único órgano representativo.

¿Qué plantea Izquierda Unida sobre las reglas fiscales europeas?

Sustituir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por reglas que dejen atrás el austericidio: eliminar los valores de referencia discrecionales sobre gasto y deuda, adaptar los ritmos de reducción a cada país y no hacer ajustes mientras la tasa de desempleo y la de riesgo de pobreza no alcancen el promedio de los cinco países de la UE en mejor situación.

¿Qué quiere cambiar Izquierda Unida del Banco Central Europeo?

Su mandato, para que además de la inflación en torno al 2 % persiga el pleno empleo y la erradicación de la pobreza y la exclusión social; control democrático de la institución; financiación directa a los Estados para que no dependan de los mercados; y una Conferencia Europea sobre la Deuda con soluciones negociadas por país.

¿Qué propone Izquierda Unida contra los paraísos fiscales?

Endurecer los requisitos para dejar de ser considerado paraíso fiscal —seguirá siéndolo quien mantenga baja o nula tributación y opacidad, aunque firme acuerdos de intercambio de información—, una fiscalidad mínima común frente al dumping fiscal dentro de la UE y acabar de forma definitiva con el secreto bancario.

¿Qué plantea Izquierda Unida con las ayudas públicas a empresas?

Que las intervenciones públicas para rescatar al sector privado se hagan a cambio de acciones y de participación en el capital, de forma permanente y orientadas a cambiar el modelo productivo europeo hacia uno que genere empleo y sea respetuoso con la sostenibilidad ecológica.

¿Qué propone Izquierda Unida sobre el acuerdo comercial entre la UE e Israel?

Denunciar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, en vigor desde el año 2000, porque su mantenimiento está condicionado al respeto de los derechos humanos y la UE no puede ser el principal socio comercial de Israel mientras no se cumpla esa condición.

¿Qué criterio quiere Izquierda Unida para la política comercial europea?

Que los acuerdos comerciales y de inversión sean coherentes con los derechos humanos, los derechos sociales y las exigencias medioambientales, reorientando las políticas de comercio exterior en esa dirección.

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