
Las políticas en favor de la igualdad producen efectos positivos en términos de bienestar social.
Es incuestionable ese hecho para quienes formamos parte de Izquierda Unida.
Pero además en este bloque planteamos lo que aportan y contribuyen a generar un sistema económico más favorable para el aprendizaje, la innovación, el aumento de la productividad y la protección ambiental.
1. Nueva generación de derechos feministas
España ha obtenido una puntuación de 70,9 puntos sobre 100 en el último Índice Europeo de Igualdad de Género del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) publicado en 2025. Estos datos mantienen a nuestro país en la cuarta posición, solo por detrás de Suecia, Francia y Dinamarca, y nos sitúa 7,5 puntos por encima de la media europea, que es de 63,4 puntos, con un máximo de 73,7 puntos que obtiene Suecia y un mínimo de 47,6 correspondiente a Chipre.
El estudio refleja también un aumento de 15,4 puntos sobre los datos de 2010; y de 5,2 puntos con respecto al año 2020. Estos datos ponen de manifiesto que España progresa hacia la igualdad de género a un ritmo mayor que la media europea.
El Índice de Igualdad de Género se ha convertido en un pilar fundamental de seguimiento de la igualdad de género en la Unión Europea, siendo una herramienta clave para medir avances, identificar brechas persistentes y apoyar políticas basadas en evidencia en los estados miembro.
Dicho índice mide las brechas de género entre mujeres y hombres en seis ámbitos centrales (Trabajo, Dinero, Conocimiento, Tiempo, Poder y Salud) y se compone de 27 indicadores. Las puntuaciones van de 0 a 100, donde 0 indica desigualdad total y 100 igualdad plena.
Principales resultados de España
- España obtiene una puntuación de 70,9 sobre 100 puntos, permaneciendo en el 4º puesto.
- La puntuación alcanzada por España nos sitúa 7,5 puntos por encima de la media para el conjunto de la UE (63,4).
- Entre 2010 y 2025, España ha aumentado 15,4 puntos progresando hacia la igualdad de género a un mayor ritmo que la media europea.
- Salud es el dominio de mayor puntuación para España (86,2) y también para el promedio de la UE (86,2).
- En relación con el año 2020, el único dominio o ámbito en el cual se ha producido un retroceso ha sido en el dominio Conocimiento con 3,6 puntos menos.
- El dominio en el que España ha mejorado más puntos es Poder (+46,2 puntos), seguido de Dinero (+6,3 puntos) con respecto a 2010.
Pero, a pesar de los avances, seguimos estando lejos de haber alcanzado la deseable igualdad entre mujeres y hombres.
Los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial correspondientes a 2023, los últimos disponibles, sitúan la brecha salarial en el 15,7%, el valor más bajo de la serie histórica. En la última década, se ha reducido en más de 8 puntos porcentuales. Además, la brecha salarial de género por trabajo a tiempo completo se sitúa en el 4,9%, con lo que ha descendido más de 5 puntos desde el año 2018.
A pesar de la evolución positiva, estas cifras revelan una discriminación en el mercado laboral que sigue siendo inaceptable.
No solo es porque este país feminista no puede y no quiere permitirse la desigualdad. Es que además tiene un impacto muy significativo en la economía y en su capacidad de crecimiento. Utilizando la información que muestran informes y estudios realizados, se puede calcular el coste de oportunidad que tiene para la sociedad y la economía española esta lacra. Según el 10º Informe ClosinGap elaborado por Sustainability & Economics de KREAB (grandes empresas de este país), podríamos crecer entre un 18,6% y un 24% en términos de PIB si la presencia de mujeres en posiciones de notoriedad pública pasara del 25,8% actual a umbrales más paritarios. Por poner esta cifra en contexto, este potencial crecimiento del PIB nos situaría al mismo nivel que países como Francia o Japón y nos haría entrar el top 10 global de potencias económicas. Además, se produciría una mejora de la calidad regulatoria, un mejor control de la corrupción o una mejora del nivel de libertad de expresión.
Proponemos:
- Despliegue de la Ley sólo sí es sí y más medios para proteger a las mujeres:
- El coste anual del conjunto de las medidas de despliegue de LOGILS en relación con la especialización de los operadores jurídicos en violencias sexuales, garantía de asistencia jurídica gratuita a las víctimas, refuerzo de las unidades de valoración forense y formación especializada asciende a 103 millones de euros anuales.
- Medidas económicas de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencias sexuales equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, siempre y cuando carecieran de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, refuerzo de Atenpro y refuerzo del sistema de salud. Se estima un coste de 80 millones de euros el derivado del despliegue de estas medidas.
- El refuerzo y ampliación de las competencias especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad en violencias sexuales, básicamente UFAM y EMUME, para que atiendan también violencias sexuales y mejoren la protección tendría que suponer un incremento de 1.500 efectivos, el 50% de aumento en la dotación del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres con un coste de 70 millones anuales.
- Atajar la brecha de género salarial y la profesional en la que se incluye el techo de cristal y el suelo pegajoso. En el epígrafe “Atajar la brecha de género salarial y la profesional en la que se incluye el techo de cristal y el suelo pegajoso” incluir las siguientes medidas:
- Realizar un estudio de la situación de las ocupaciones feminizadas, su evolución a lo largo del tiempo y las propuestas de mejora necesarias para revertir la precariedad o la desvalorización de estas.
- Revisar las titulaciones vinculadas con el sector de cuidados que recojan las funciones necesarias a desarrollar y que mejore su valoración profesional.
- Mejorar los procedimientos de habilitación de competencias profesionales en el sector de cuidados.
- Incluir en los Planes de actuación anual de Inspección de trabajo, actuaciones dirigidas a la detección y superación de posibles situaciones de discriminación salarial en las empresas y a la implantación de planes de igualdad con medidas efectivas y no solo formales
- Revisar la implantación de auditorías retributivas y las medidas que se tomen para corregir la situación.
- Evaluar la implantación de la valoración de puestos de trabajo con enfoque de género.
- Revisión de las políticas de extranjería desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado laboral y el desarrollo de unas políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular y que las proteja de la trata y la prostitución para salir de la pobreza
- Comprometerse como mediadores en la negociación colectiva de los ámbitos que corresponden con los servicios públicos externalizados para posibilitar convenios sectoriales que garanticen condiciones laborales dignas como pilar fundamental en la prestación de servicios de calidad.
- Asignar un 5% del presupuesto no financiero del Estado a políticas para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres frente al 4,4% alcanzado en la actual legislatura.
- Volver a poner en el centro el consentimiento en la Ley sólo sí es sí situando la violencia y la intimidación como agravante en la ley de libertad sexual aprobada con la unificación de delitos, tras un cambio de paradigma en nuestra legislación que supone considerar agresión sexual todo acto sexual sin consentimiento, lo que incluye también el anterior abuso sexual. A partir de este cambio de paradigma – el “Solo sí es sí” hecho ley – todo lo que se penaba como abuso sexual ahora se penaba más gravemente. Hay que anular la contrarreforma de PSOE y PP.
- Desarrollar la Ley Integral para luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además de prevenir y perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta «esclavitud moderna», contenga un plan de integración para las víctimas.
- Reformar el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, garantizando así que la protección de las víctimas de trata en situación irregular no queda supeditada a su colaboración con las autoridades policiales.
- Ampliar los recursos para mejorar la atención a mujeres víctimas de trata y explotación sexual dedicando al menos 250 millones de euros en la próxima legislatura a abordar esta lacra, generando espacios públicos en los que atiendan profesionales públicos y públicas y que no se subcontrate a empresas privadas las atenciones que deben ser prestadas desde la administración pública.
- Para que se trabaje en la prevención, primaria a través de la coeducación la sensibilización y la concienciación de la ciudadanía; la secundaria a través del empoderamiento y el trabajo de la inteligencia emocional y la digitalización sobre todo de las mujeres que viven en zonas rurales y la terciaria que sea la atención directa a mujeres víctimas de violencias machistas incluyendo e incidiendo en el concepto de violencias machistas, y no solo en la de género, para así incluir y poder trabajar mujeres que sufren trata y que son prostituidas y prostitutas.
- Desarrollar políticas de sensibilización que pongan de manifiesto la violencia que supone la mercantilización del cuerpo de las mujeres a través de la prostitución y los vientres de alquiler.
- Aprobar la ley de familias estatal que incorpore y mejore las situaciones de familias con necesidades de apoyo al cuidado, homologando las parejas de hecho al matrimonio en cuanto a derechos y generar un registro o vinculo legal que permita establecer derechos de afiliación con personas sin relación de cosanguinidad o familia política para las familias con mayores necesidades de apoyo al cuidado (ir sentando las bases para ampliar las redes de apoyo para el cuidado, la tribu en feminismo, que permita ejercer ese papel sustentador en diferentes situaciones, personas con cargas de cuidado sin red, bien porque no hay familia de sangre cerca o porque dicha familia está en situación de dependencia y no puede hacerlo).
- Concienciar y trabajar de manera directa y transversal el lenguaje inclusivo dentro de todas las administraciones públicas.
- Promover de manera transversal y de manera coordinada el trabajo sobre el mainstreaming de género para potenciar que la transversalización de género llegue de manera real a todas las administraciones públicas a través de la evaluación, informes de impacto, incorporación del enfoque de género en los presupuestos, clausulas sociales en la contratación pública.
- Revisar la aplicación de los procedimientos de acreditación de víctimas de violencias machistas para mejorar la cobertura de las víctimas, garantizando que no sea imprescindible la denuncia para conseguir la acreditación, que su tramitación es ágil y que se posibilita una acreditación genérica para acceder a diferentes recursos vinculados con los procesos de inclusión.
- Garantizar la aplicación de la norma estatal para que en las comunidades autónomas se respete la libre decisión por parte de las mujeres cuando deciden la interrupción voluntaria del embarazo y que esta se realice en la red pública.
- Mejorar la transversalidad de género en salud:
- Revisar los planes de formación de las disciplinas sanitarias para corregir los sesgos de género existentes.
- Incorporar la rehabilitación del suelo pélvico en la cartera de servicios de atención primaria.
- Incluir la perspectiva de género en todo el sistema de salud mental para erradicar y abordar la vulneración de Derechos Humanos en la práctica psiquiátrica: las contenciones mecánicas, los ingresos involuntarios, la medicalización forzosa, los aislamientos y la sobremedicación.
- Impulsar, actualizar y difundir los planes y programas ya disponibles de prevención, atención y tratamiento desde una perspectiva multidisciplinaria de enfermedades poco conocidas y que afectan en gran medida a las mujeres, como la fibromialgia, la fatiga crónica, la endometriosis o incluso el COVID persistente; y desarrollar un plan para la investigación en estos campos para mejorar el conocimiento científico sobre las mismas y nuestra capacidad de tratamiento efectivo.
- Establecer un protocolo a nivel nacional que permita dirigir denuncias desde atención primaria a ITSS en base a sospechas fundadas y documentadas sobre posibles situaciones de riesgo psicosocial.
- Mejorar los procesos la detección de enfermedades laborales vinculadas con el trabajo de cuidados.
- Impulsar la erradicación del sesgo de género en la prevención de riesgos laborales a través del impulso de un grupo específico para ello en el seno del CNSST y su homónimo europeo.
- Garantizar la obligatoriedad de incluir en los proyectos de investigación y/o estudios clínicos y preclínicos un porcentaje de mujeres que permita erradicar posibles sesgos de género en dichos trabajos, así como los indicadores necesarios para tal fin, mediante los medios oportunos para lograrlo en las fases de control, inspección y evaluación de dichos proyectos y estudios.
2. Plenos derechos para el colectivo LGTBIQA+
La voluntad de hacer efectiva la igualdad entre sexos y la diversidad sexual debe expresarse en todas las políticas públicas. Los derechos LGTBIQA+ no pueden darse por garantizados. Desde el Gobierno hemos impulsado avances que debemos proteger y consolidar ante la posibilidad de un gobierno de derechas, cuyos pactos en las comunidades autónomas donde gobierna han supuesto retrocesos y recortes en políticas de igualdad y diversidad. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos conquistados y con la ampliación de derechos, libertades y garantías para todas las personas LGTBIQA+.
Proponemos:
- Desplegar el nuevo marco legislativo LGTBIQA+, defender frente los intentos de retrocesos y recortes del marco legislativo LGTBIQA+ y trabajar por una armonización de las leyes territoriales en torno al marco estatal.
- Aprobar en el primer año de legislatura todos los desarrollos reglamentarios pendientes y una nueva Estrategia Estatal para la Igualdad de las Personas LGTBIQA+.
- Consolidar los marcos de protección real y efectiva de las personas trans con enfoques despatologizantes, garantizando y ampliando los derechos del colectivo de identidades trans y promuevan medidas para luchar contra la discriminación por motivos de expresión e identidad de género.
- Utilización de los Principios de Yogyakarta como guía y referencia para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a proteger los derechos de las personas LGTBIQA+ y a luchar contra la discriminación por razón de orientación sexual, diversidad corporal e identidad o expresión de género.
- Reforzar el Consejo de Participación de las Personas LGTBI con más funciones, una representación mayoritaria de las asociaciones LGTBIQA+ y de las organizaciones sindicales, y la obligación de que el Gobierno responda motivadamente a sus informes.
- Impulsar la total protección de los derechos de las personas no binarias entre otras medidas la inclusión de una tercera opción en los documentos de identidad y administrativos.
- Extender la prohibición a toda intervención genital, gonadal u hormonal no necesaria por razones de salud hasta que la propia persona pueda consentir.
- Delimitar de forma estricta la excepción médica y sancionar su incumplimiento. Reconocer el derecho a la reparación de quienes sufrieron estas intervenciones y garantizar la conservación de sus historias clínicas y un acceso facilitado a ellas.
- Ampliar el plazo para inscribir el sexo de las criaturas intersex.
- Abordar de forma coordinada con la sociedad civil la revisión y aprobación de todas las medidas, protocolos y acciones necesarias para el trato en igualdad de derechos a las personas migrantes LGTBIQA+.
- Garantizar la inclusión en el currículo educativo, tanto de forma transversal como específica, de la diversidad sexual, de género, afectivo-sexual y familiar, promoviendo los valores de libertad, igualdad, respeto y no discriminación. Revisar y actualizar los contenidos educativos para eliminar enfoques androcéntricos y cualquier elemento que reproduzca o refuerce estructuras cisheteropatriarcales, e
- incorporar de forma expresa y normalizada la realidad y diversidad de las personas trans e intersexuales.
- Suprimir requisitos, menciones y categorías discriminatorias de todos los formularios y documentos de la Administración General del Estado, incorporando la diversidad familiar y de género.
- Elaboración de materiales específicos en materia de diversidad sexual y de identidades de género complementarios a la formación formal (contando con la participación y colaboración de las organizaciones sociales LGTBIQA+).
- Prohibir por ley cualquier mecanismo que permita a las familias excluir a sus hijas e hijos de contenidos curriculares sobre igualdad y diversidad.
- Impulso de normativa estatal para que en las comunidades autónomas se realice formación al personal de los centros educativos a todos los niveles en materia de diversidad e igualdad de trato de las personas LGTBIQA+ garantizando la mención a referentes LGTBIQA+ de forma positiva.
- Impulso de normativa estatal para que en las comunidades autónomas se diseñe y desarrollen programas de formación específicos en diversidad sexual y de identidad de género dirigido al profesorado, con el objetivo de dotar de herramientas pedagógicas para prevenir los casos de acoso escolar por LGTBIfobia. Revisión de todo el material educativo tal y como obliga el marco estatal.
- Impulso de normativa estatal para que en las comunidades autónomas se creen programas de colaboración entre los distintos centros educativos, los sindicatos del profesorado y las organizaciones sociales LGTBIQA+ para impulsar y mejorar el abordaje de la diversidad sexual y de género en el ámbito educativo.
- Impulso de normativa estatal para que en las comunidades autónomas se creen en todos los centros educativos públicos de un servicio psicopedagógico que tenga conocimientos sobre diversidad sexual y de género y que pueda atender a estudiantes LGTBIQA+, abordar casos de acoso escolar o mediar en conflictos entre estudiantes, en colaboración con las organizaciones sociales LGTBIQA+, son un referente positivo que debe colaborar las políticas públicas pero nunca ocupar el espacio por dejación de funciones de los poderes públicos.
- Desarrollo de estudios de investigación sobre la situación de acoso y violencia escolar que experimentan las y los estudiantes LGTBIQA+ y articulación de medidas para atender y erradicar esta grave realidad. Programas vinculantes y de obligado cumplimiento contra el acoso y las agresiones por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
- Formación del personal de la Inspección Educativa en materia de diversidad sexual y de género, con el objetivo de evaluar adecuadamente la eficacia en la lucha contra el acoso escolar LGTBIQAfóbico en los centros educativos.
- Garantizar, con la formación del personal docente la mención a referentes LGTBIQA+ de forma positiva.
- Desarrollo de estudios de investigación sobre la situación de acoso y violencia estudiantes LGTBIQA+ en la Formación Profesional y Universitaria que permita implementar políticas activas y eficaces. Formación permanente del personal docente y administrativo. Eliminación de cualquier mención de sexo o género de los documentos. Posibilidad de cambio de nombre en los expedientes.
- Fomento de Master de formación de Estudios LGTBIQA+.
- Condicionar los conciertos educativos al cumplimiento efectivo de la normativa de igualdad y no discriminación.
- Cumplir y reforzar de la normativa estatal impulsada a respecto de la contratación de personas trans en empresas públicas y privadas para incrementar y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.
- Promoción de programas de formación en las organizaciones sindicales para incluir en sus labores de negociación colectiva y defensa de los derechos laborales la realidad de las personas LGTBIQA+ como trabajadoras.
- Incluir en los pliegos de la Administración General del Estado condiciones de respeto a la diversidad sexual, de género, corporal y familiar, y excluir de la contratación pública a las empresas sancionadas por discriminación LGTBIfóbica.
- Garantizar que permisos, excedencias y prestaciones reconozcan a todas las familias por igual.
- Desarrollar programas específicos de salud sexual para mujeres que tienen relaciones con mujeres, hombres que tienen relaciones con hombres y personas trans y no binarias, incluida una atención ginecológica y urológica inclusiva.
- Impulso de iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud sexual que favorezcan la protección de los derechos de las personas en situación de prostitución.
- Diseño y desarrollo de un plan de salud sexual que incluya campañas de prevención y sensibilización sobre ITS con una perspectiva correcta y carente de fobias y sesgos ideológicos. Las personas LGTBIQA+ no son un grupo de riesgo social, pero sí existen en todas las personas y colectivos prácticas de riesgo.
- Reforzar la salud mental pública con profesionales formados en diversidad, que atiendan los efectos del estrés de minoría, el rechazo familiar y la violencia LGTBIfóbica.
- Aprobación y desarrollo de un Protocolo de actuación integral de lucha contra el acoso y las agresiones por razón de orientación sexual, diversidad corporal e identidad o expresión de género que reduzca los delitos de odio, ataje de forma contundente los que se produzcan y proteja adecuadamente a las personas víctimas de odio por razón de su orientación sexual, diversidad corporal e identidad o expresión de género. Debe garantizarse el derecho a la libre expresión de la afectividad en la vía y espacios públicos y luchar contra cualquier actuación que atente contra los derechos de las personas LGTBIQA+.
- Personación en la causas penales por agresiones, acoso, violencia, discriminación u otras causas de delitos de LGTBIQAfobia de especial gravedad.
- Dotar de más medios a las fiscalías de delitos de odio y discriminación y formar a jueces y juezas en diversidad sexual y de género.
- Exigir a las grandes plataformas digitales el cumplimiento estricto del Reglamento europeo de Servicios Digitales frente a los contenidos de odio, y reforzar la unidad de la Fiscalía y de la Policía dedicada a los delitos de odio en internet.
- Impulso de iniciativas de formación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, así como también para dotarles de herramientas para prevenir, detectar y atender casos de delitos por LGTBIQAfobia.
- Creación de Protocolos específicos de actuación policial contra la violencia entre personas del mismo sexo (intragénero).
- Inclusión del fomento de la igualdad de las personas LGTBIQA+ y el reconocimiento y protección de sus Derechos Humanos como una línea de trabajo en los planes de las agencias de cooperación internacional.
- Reconocimiento y aplicación efectiva del derecho al asilo a las personas migrantes LGTBIQA+.
- Avanzar hacia el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y, mientras existan, prohibir el internamiento de personas LGTBIQA+ en situación de riesgo.
- Apoyo social público y gratuito (atención psicológica, orientación jurídica, pisos de acogida, becas de estudio o pensiones de manutención) para todas aquellas personas LGTBIQA+ que hayan huido de sus respectivos lugares de origen o residencia y a los jovenes expulsados de sus hogares como consecuencia de la discriminación y exclusión por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
- Adecuación en las formaciones a personal de la Administración Pública, documentos y protocolos de la catalogación de la infección por VIH como enfermedad infecto-transmisible en lugar de enfermedad infecto-contagiosa, de cara a evitar situaciones discriminatorias en el acceso a bienes y servicios de las personas que viven con VIH.
- Inclusión en el pliego de condiciones de contratación, de condiciones de respeto la diversidad afectivo-sexual, las diversas orientaciones sexuales, diversidad corporal, identidades y expresiones de género y los diversos tipos de familia; asi como su compromiso de vigilar y sancionar cualquier actitud LGTBIQAfóbica.
- Garantizar el derecho a la vivienda. La expulsión del hogar familiar y la discriminación en el mercado inmobiliario son causas directas de exclusión de las personas LGTBIQA+, y solo un parque público amplio y unos alquileres regulados garantizan el derecho a la vivienda.
En relación con la visibilidad positiva LGTBIQA+, nuestras propuestas son:
- Inclusión, dentro de las políticas públicas de menores, de medidas que garanticen la libre expresión de la sexualidad, para evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, y depresión derivados de las posibles situaciones de rechazo familiar y acoso escolar por razón de orientación sexual, diversidad corporal e identidad o expresión de género.
- Promoción de programas de formación para el trato correcto y el acceso en igualdad al empleo para las personas LGTBIQA+ con especial atención y urgencia al desarrollo de los referidos a personas trans.
- Dotación a las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con las personas LGTBIQA+ desde actitudes de respeto y no discriminación y un enfoque de diversidad y Derechos Humanos.
- Promoción, por medio de mociones y declaraciones institucionales, de la ruptura del concordato con la Iglesia católica, así como de cualquier convenio con organizaciones de cualquier tipo que fomenten o defiendan la discriminación hacia las personas LGTBIQA+.
- Eliminar subvenciones públicas a toda organización que vaya en contra del colectivo LGTBIQA+ así como contra el respeto a los derechos humanos.
- Eliminación de cualquier contenido que promueva o apoye las ideas o preceptos contrarios a los Derechos Humanos y la dignidad de las personas LGTBIQA+ en los medios de comunicación públicos.
- Promoción institucional de las conmemoraciones principales del movimiento LGTBIQA+: como el 17 de mayo (día internacional contra la LGTBIQAfobia) y el 28 de junio (día del Orgullo y la Liberación LGTBIQA+) y otras fechas significativas.
- Hacer frente en las aulas a toda forma de violencia machista, LGTBIQAfobia y de discriminación.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto del presupuesto quiere Izquierda Unida para la igualdad?
El programa de IU se compromete a asignar el 5 % del presupuesto no financiero del Estado a políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, frente al 4,4 % alcanzado en la legislatura anterior.
¿Qué propone Izquierda Unida contra las violencias sexuales?
Desplegar la Ley del sólo sí es sí con más medios: especialización de los operadores jurídicos, asistencia jurídica gratuita a las víctimas, refuerzo de las unidades de valoración forense y de las unidades especializadas de las fuerzas de seguridad (UFAM y EMUME). Además, medidas económicas de acompañamiento equivalentes a seis meses de subsidio por desempleo para las víctimas sin rentas superiores al salario mínimo interprofesional y refuerzo de Atenpro.
¿Qué plantea Izquierda Unida sobre la interrupción voluntaria del embarazo?
Garantizar que en todas las comunidades autónomas se respete la libre decisión de las mujeres y que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en la red pública.
¿Qué propone Izquierda Unida contra la trata y la explotación sexual?
Desarrollar la Ley Integral contra la Trata, con un plan de integración para las víctimas, reformar el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería para que la protección no dependa de la colaboración con la policía y dedicar al menos 250 millones de euros en la próxima legislatura a la atención a las víctimas.
¿Cómo quiere Izquierda Unida cerrar la brecha salarial?
Con actuaciones de la Inspección de Trabajo para detectar la discriminación salarial, auditorías retributivas, valoración de puestos de trabajo con enfoque de género, revisión de las titulaciones del sector de cuidados y un estudio de las ocupaciones feminizadas para revertir su precariedad y desvalorización.
¿Qué propone Izquierda Unida sobre la prostitución y los vientres de alquiler?
Políticas de sensibilización que pongan de manifiesto la violencia que supone la mercantilización del cuerpo de las mujeres a través de la prostitución y los vientres de alquiler.
¿Qué plantea Izquierda Unida para el colectivo LGTBIQA+?
Desplegar el marco legislativo LGTBIQA+ y aprobar en el primer año todos los desarrollos reglamentarios y una nueva Estrategia Estatal, con los Principios de Yogyakarta como referencia. Incluye una tercera opción en los documentos de identidad para las personas no binarias y la prohibición de toda intervención genital, gonadal u hormonal no necesaria por razones de salud hasta que la persona pueda consentir.
¿Habrá una ley de familias con Izquierda Unida?
Sí: una ley de familias estatal que incorpore y mejore las situaciones de familias con necesidades de apoyo al cuidado y homologue las parejas de hecho al matrimonio en cuanto a derechos, con un registro que permita establecerlos.
