Garantizar servicios públicos requiere recursos.
En España recaudamos menos en relación con la riqueza medida en términos de PIB en comparación con el promedio de los países de la Unión Europea y eso se traduce en menos derechos para la gente.
Izquierda Unida tiene su propuesta fiscal en la que planteamos la urgente necesidad de una reforma integral de nuestro sistema tributario. Consideramos que el actual se caracteriza por una apremiante falta de suficiencia, una muy deficiente equidad y un nivel de economía sumergida y fraude fiscal muy superior al de los países de nuestro entorno.
Todo ello tiene consecuencias gravísimas en términos económicos y sociales.
Según el CIS, un 78,9% considera que los impuestos no se cobran con justicia porque no pagan más quienes más tienen. De hecho, un 63,3% cree que los impuestos se deberían recaudar a través de gravámenes directos como el IRPF que varían según la renta o la riqueza de las personas y empresas, en vez de a través de impuestos indirectos como el IVA que afectan a todo el mundo por igual porque gravan bienes de consumo y servicios, algo que solo apoya el 29% de los encuestados. En el lado contrario, el 19,5% de los encuestados opina que los impuestos se cobran con justicia, aunque a la hora de pagar el 43,1% cree que los españoles son poco conscientes y responsables.
Un 48,4% de los españoles y españolas considera que se paga mucho en impuestos, mientras un 43% considera que se paga «regular». En la comparación con Europa hay división de opiniones entre quienes piensan que aquí se pagan más impuestos que en otros países (39,5%) y quienes consideran que se pagan menos (28,6%).
Cuando se les pregunta si piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos, un 18% apoya esta afirmación, mientras solo un 6,6% cree que es más importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir los servicios públicos y prestaciones sociales. En el medio de ambas posturas se sitúa un 30,2% de los encuestados.
Además, más del 90% de los ciudadanos cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal y un 53% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para evitarlo. Se puede apreciar que percepción de los ciudadanos es transversal, al darse dichas mayorías en todos los espectros de votantes de los distintos partidos.
Por lo tanto, parece existir una mayoría de la población que coincide en la necesidad de dar respuesta a los tres problemas principales de nuestro sistema fiscal, es decir, la suficiencia de ingresos, la falta de equidad y la elusión y fraude que se concentra en los que perciben elevadas rentas y poseen cuantioso patrimonio.
Sin embargo, las resistencias que ha mostrado el PSOE a la hora de la puesta en marcha de una reforma fiscal profunda han sido considerables. Solo los descomunales beneficios empresariales obtenidos en esta última etapa y la disparatada política impulsada por el PP actuando decididamente para despojar de contenido recaudatorio al Impuesto sobre el Patrimonio, le ha obligado a aceptar la presión que la izquierda transformadora lleva ejerciendo y a dar algunos pasos para mejorar la situación.
Sin embargo, desde Izquierda Unida consideramos que no es suficiente porque las medidas adoptadas son en parte de carácter temporal y no resuelven la diferencia de recaudación con los países de la Eurozona con los que deberíamos compararnos.
¿Es poco o es mucho lo que pagamos?
Pues para saberlo una forma útil es comparar la denominada presión fiscal en España, con los países de nuestro entorno.
Esta evolución ha reducido el diferencial de presión fiscal en España hasta situarla en -3,6 puntos con la Zona euro.
Sin la última legislatura y las modificaciones (limitadas) fiscales realizadas, no habría sido posible.
Si España hubiese recaudado durante los últimos veinticinco años el 40,6% del PIB como la media de la Eurozona, se habrían obtenido 1,46 billones de euros adicionales, un 16% más. En definitiva, es evidente que se recauda en nuestro país muy por debajo de lo que se debería y esta situación es crónica.
Pero la comparación óptima y adecuada no debería ser con la media de la Eurozona, lo que nos hubiera proporcionado 54 mil millones más. Más bien estaría España obligada a mirar hacia países más próximos al nuestro, no solo geográficamente, y a los que deberíamos aspirar a emular en cuanto a prestaciones y realización de políticas públicas. Los datos de Eurostat correspondientes a 2024 muestran que España tenía 8 puntos porcentuales menos de presión fiscal que Francia, 5,3 puntos menos que Italia o 3,6 puntos menos que Alemania. Si recaudásemos al nivel que lo hace Francia, dispondríamos anualmente de 127 mil millones de euros más, si lo hiciésemos al nivel de Italia 84.000 millones adicionales y si tuviésemos la misma presión fiscal que Alemania 57.000 millones por encima de los ingresos de 2024.
En el otro lado están países como Irlanda, Malta, Lituania o Eslovaquia que ingresan, en comparación con nuestra riqueza, 236 mil, 127 mil, 63 mil o 22 mil millones de euros menos respectivamente.
La pregunta es evidente:
¿Aspiramos a parecernos a países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Austria o Italia?
¿O preferimos asemejarnos a Malta, Eslovaquia, Lituania o Irlanda?
Las grandes líneas de una reforma fiscal con fuerte impronta redistributiva pasan por:
- La reforma de la tributación existente para incrementar la recaudación fiscal aumentando sensiblemente las aportaciones por renta, grandes fortunas, por beneficios de las grandes empresas, impuesto a los depósitos bancarios a las entidades de crédito y eliminar las exenciones fiscales (como la del IVA a la sanidad y educación privadas) que solamente facilitan la acumulación de capital a quienes más tienen. También incluye la reducción del IVA al 5% al consumo doméstico de electricidad.
- Nueva tributación (impuesto a las grandes herencias y donaciones de más de un millón de euros, fiscalidad ecológica e impuesto a las grandes propiedades inmobiliarias).
- Lucha contra el fraude y la elusión fiscal para llegar al promedio de economía sumergida de la Unión Europea.
La propuesta de reforma fiscal y de lucha contra el fraude que plantea Izquierda Unida muestra que podría recaudarse anualmente 111 mil millones de euros adicionales, el 7% del PIB y un 18% adicional de ingresos. Permitiría situar a nuestro país tres puntos del PIB por encima del nivel medio de recaudación de la Eurozona en vez de casi cuatro por debajo, por encima ligeramente de Austria y por debajo de Dinamarca y hacer compatible las actuaciones descritas con una mayor justicia fiscal y equidad.
| Reforma fiscal | Millones de euros | % del PIB |
|---|---|---|
| Fraude, elusión y medios de la hacienda pública | 29.354 | 1,85% |
| Reforma fiscal (subtotal) | 81.647 | 5,15% |
| — Reforma de la tributación existente | 73.540 | 4,63% |
| — Nuevas figuras tributarias | 8.107 | 0,51% |
| TOTAL | 111.001 | 7,00% |
Fuente: Sánchez Mato, C., a partir de datos de la Agencia Tributaria, Banco de España, Ministerio para la Transición Ecológica, Seguridad Social y AIReF.
El impacto de la reforma fiscal propuesta por Izquierda Unida (modificaciones en impuestos existentes y nuevas figuras tributarias) recaerá en un 95% en rentas altas y operadores con derivados financieros (32%), grandes empresas (27%), patrimonios con riqueza neta superior a un millón de euros (19%), entidades bancarias (17%).
Solamente un 5% recaerá de forma más general y con una distribución plenamente justificada. De ese 5%, 7 de cada 10 euros los abonarían mediante un tributo ecológico sobre el carbono las rentas mayores de 30.000 euros anuales y el resto impactaría en usuarios de sanidad y educación privada que perderían la exención de IVA. Dentro de este apartado, supondría menor carga tributaria para la totalidad de pequeños consumidores eléctricos la bajada del IVA al 5% y la nueva escala progresiva en el impuesto especial sobre la electricidad.
En definitiva, se trata de una reforma profundamente redistributiva y que mejora considerablemente la equidad.
1. Reforma de la tributación actual
Planteamos en este punto las medidas tributarias necesarias para la obtención de más ingresos públicos. Pero no se trata de una subida de impuestos generalizada, sino de un reparto de la carga tributaria diferente que redundará en más justicia fiscal. Porque si de algo adolece nuestro país es de ese elemento fundamental de justicia dado que las rentas y patrimonios elevados se han visto favorecidos de manera continuada con disposiciones legales que han aligerado su contribución a la Hacienda Pública.
El sistema tributario español establece que determinadas competencias estén asumidas por el Estado y otras por las comunidades autónomas. Actualmente hay establecido un régimen común (para la mayoría de las comunidades autónomas), en el que ambas se reparten la gestión de los impuestos, y otro foral (Navarra y el País Vasco), que permite ordenar y gestionar todos los tributos procedentes de los contribuyentes.
En el régimen común, el Estado recauda el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales (bebidas alcohólicas o tabaco, entre otros) y posteriormente cede a cada región el 50 % del IRPF y del IVA recaudado en cada territorio y el 58 % de los Especiales.
Por su parte, los impuestos cedidos (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados) son gestionados directamente por cada Comunidad. En este caso, son los gobiernos autonómicos quienes utilizan su poder para subir los tributos cedidos o, por el contrario, para bajarlos.
Las actuaciones que proponemos requerirán de cambios legales que tengan en cuenta el reparto y gestión competencial existente. Supondrá una recaudación adicional de superior a los 73.000 millones de euros anuales en términos netos (4,6% del PIB).
Las grandes líneas de una reforma fiscal con fuerte impronta redistributiva en el ámbito autonómico pasan por la reforma de la tributación existente para incrementar la recaudación fiscal aumentando sensiblemente las aportaciones por renta, patrimonio y sucesiones de grandes fortunas y eliminar las exenciones fiscales que solamente facilitan la acumulación de capital a quienes más tienen.
Proponemos:
- Reformar el Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas para que su recaudación alcance, con la implantación de una escala progresiva, el 1,5% del patrimonio total. El nuevo tributo deberá alcanzar el 1,5% del patrimonio total y proporcionará más de 11.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas.
- Elevar el actual tipo impositivo del 0,03% hasta llegar al 1% en el impuesto a los depósitos que pagan las entidades bancarias. Se trata de un tipo absolutamente razonable en una economía de mercado. De hecho, se trataría de un tributo muy reducido si lo comparamos con el coste de mercado de un aval económico de un importe tan significativo como los depósitos que las administraciones públicas estamos garantizando. El tributo se debería dividir en dos tramos:
- El primer tramo se dejaría en el tipo del 0,03% existente y con la actual distribución (desigual) por comunidades autónomas.
- El segundo tramo del 0,97% serviría para recuperar el rescate bancario y dotar el Fondo de Garantía de Depósitos para que, en una futura crisis del sector, cuente con recursos suficientes para no poner en riesgo a la mayoría social de este país. Supondría una recaudación adicional de 12.000 millones al año. Dado que el coste actual del rescate bancario (incluyendo Sareb) supera ya los 100.000 millones de euros, este segundo tramo permitiría recuperar ese importe en 8 años.
- Eliminación de los topes máximos de cotización de los salarios a la Seguridad Social. Esta medida tendrá un impacto redistributivo muy importante dado que no se elevarían las pensiones máximas y conseguiría una recaudación adicional que alcanzaría casi los 7.000 mil millones de euros.
- Reformar el IRPF con el objetivo de hacer más progresiva la tributación de las rentas del trabajo y las rentas del capital, así como eliminar ventajas fiscales que benefician a quienes más tienen.
- Incrementar los tipos en la escala estatal de las rentas del trabajo en tres tramos adicionales.
- Entre 200.000 y 300.000 euros las rentas del trabajo se gravarían a un tipo marginal del 26%.
- De 300.000 euros a 600.000 euros se gravaría a un tipo marginal estatal del 28%.
- De 600.000 euros en adelante, el tipo marginal estatal sería del 30%.
- Incrementar los tipos en la escala estatal de las rentas del trabajo en tres tramos adicionales.
Afectará a unos 20.000 contribuyentes y recaudará y se estima una recaudación superior en 400 millones de euros que afectaría al 0,7% de contribuyentes.
- Hacer progresiva la escala de tipos sobre las rentas del capital
- Rendimientos entre 50 mil y 200 mil euros anuales: 3,5 puntos porcentuales más de promedio (15%) en la escala estatal.
- Rendimientos entre 200 mil y 300 mil euros anuales: 4,5 puntos porcentuales más de promedio (18%) en la escala estatal.
- Rendimientos mayores de 300 mil euros anuales: 6 puntos porcentuales más de promedio (20%) en la escala estatal.
Un 5,7% de los contribuyentes que declaran rendimientos del capital mobiliario (solo un 3,5% del total de declarantes) acumulan el 63% de las rentas declaradas. Es a esos a quienes se les elevaría el tributo. Unos 700 mil contribuyentes, el 1,4% de españoles con lo que se recaudarían 750 millones adicionales.
- Someter a tributación efectiva en el IRPF e impuesto sobre el Patrimonio las sociedades patrimoniales, en especial las que aglutinan los inmuebles.
- Mejorar las normas en el IRPF e impuesto sobre el Patrimonio de las rentas obtenidas por el ejercicio de actividades profesionales, artísticas, deportivas o publicitarias, en especial de la valoración de las operaciones vinculadas con las sociedades personales que normalmente utilizan quienes obtienen grandes rentas.
- Restringir la utilización del sistema de la Estimación Objetiva por Módulos en IRPF y régimen simplificado de IVA, instaurando como norma general la estimación directa en IRPF y el régimen general en IVA, salvo para los empresarios que destinen sus bienes o servicios exclusivamente al consumidor final, no empresario, permitiendo al empresario en EOM, en el caso de acreditar pérdidas en el ejercicio, que pueda optar a final del ejercicio en curso entre la estimación por Módulos o la estimación directa, opción que hoy en día solo se puede ejercer a finales del año precedente.
- Reducir la exención del 60% del Rendimiento de los alquileres de viviendas de lujo. La reforma fiscal de 2015 suprimió la exención del 100% cuando el inquilino tenga menos de 30 años e ingresos superiores al IPREM.
- Extender la exención del IRPF del incremento patrimonial que pueda surgir por la dación de bienes en pago de deudas motivada por insolvencias, procesos concúrsales o ejecuciones hipotecarias. La reforma fiscal de 2015 suprimió la tributación de las ganancias patrimoniales producidas por la dación de la vivienda habitual en pago de deudas.
- Supresión del Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. La reforma fiscal de 2015 fijo la tributación del 24% a los primeros 600.000 euros y al 45% a partir de dicho importe, si bien se excluyó a los deportistas profesionales. Supone 90 millones al año.
- Modificación del Artículo 14.2 del IRNR para excluir de la exención a los rendimientos derivados de la Deuda Pública, obtenidos sin mediación de establecimiento permanente en España obtenidos a través de los países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, que introdujo el Art. 4 del Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica. (BOE 22.04.2008).
- Eliminación de las deducciones a planes de pensiones: Supondría una recaudación adicional estimada de 850 millones de euros anuales.
- Limitar la deducción en IRPF del 20% de las inversiones realizadas en la adquisición de acciones y participaciones sociales a las empresas de economía social caracterizadas por la participación de los trabajadores en la propiedad y la gestión (Sociedad Anónima Laboral, Sociedad de Responsabilidad limitada laboral o sociedad cooperativa).
- Establecer una tributación mínima del 20% del Resultado contable y no de la Base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades. Además, se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 15% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial.
Supondrá más de 22.000 millones de euros de recaudación adicional de los cuales solo el 7% lo tendrían que abonar las empresas con facturación inferior a 100 millones de euros.
También debería avanzarse hacia la sustitución de la exención por una deducción para evitar la doble imposición por una deducción del impuesto realmente pagado en el exterior.
Para el sector de la Banca y de Hidrocarburos que parten de un tipo nominal del 30%, la tributación mínima debería fijarse en el 22% del Resultado contable.
- Además del establecimiento de tipo mínimo del 20% sobre el resultado contable, es imprescindible eliminar beneficios fiscales a Socimis que tienen un coste de 235 millones de euros, a sociedades de alquiler viviendas que suponen 54 millones y a las sociedades de inversión que comportan un menor ingreso por valor de 568 millones de euros. En total estos beneficios fiscales supondrán una mayor recaudación de 857 millones de euros.
- Modificaciones en el IVA:
- Eliminación de la exención fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido a la educación y la sanidad privada ya que son profundamente regresivas porque benefician desproporcionadamente más a los segmentos de población con renta más alta. El coste fiscal neto de la exención del IVA a la educación y a la sanidad privadas se calculó en 1.694 y 1.763 millones de euros respectivamente.
- Reducir el tipo de IVA asociado a la electricidad para pasarlo del 21% al 5%. La factura global se reduciría en casi 2 mil millones de euros anuales por el impacto combinado de la reducción de la demanda y del IVA asociado a la misma
- Modificar el Impuesto sobre la Electricidad estableciendo dos tramos:
- Un tramo porcentual más reducido que el actual 5,113% que lo sustituya (aproximadamente en la mitad, entorno un 2,5%).
- El segundo tramo consistirá en un importe por recibo escalado atendiendo a la potencia contratada para aportar al tributo progresividad.
Se recaudarían 92 millones de euros menos, es decir casi un 7%.
- Reformar el Impuesto sobre Actividades del Juego para abordar las consecuencias perniciosas de las adicciones estimuladas por la entrega de bonos gratuitos, además de eliminar las ventajas fiscales implementadas en la reforma realizada por el gobierno del PP. La tributación del Impuesto sobre el Juego se realizará sobre la cantidad bruta apostada a un tipo del 10%. Supondría una recaudación de 1.870 millones frente a los 53 millones recaudados pero la modificación legal solamente supondrá recaudación adicional mínima que estimamos en 20 millones de euros. Lo que harán los operadores es no utilizar los bonos regalos como estrategia de extensión y proliferación del juego, lo que redundará en una acción positiva contra los efectos negativos del juego.
- Reformar el impuesto a las transacciones financieras para gravar las más especulativas que no están sujetas a tributación. Por eso es fundamental gravar, no solo la compra de acciones, sino también los derivados financieros con un 0,3%, las acciones con un 0,2% y la renta fija emitida por operadores privados con un 0,1%. Dejar fuera a instrumentos como futuros, opciones, warrants, certificados, contrato compraventa de opciones o CFD supone privilegiar precisamente a las operaciones más dañinas para la economía real. Incluso haciendo una previsión de una reducción de las operaciones en un 70%, la recaudación podría ascender a más de 16.000 millones anuales incluyendo todas las acciones cotizadas, renta fija negociada y derivados.
2. Nueva tributación
La fiscalidad medioambiental está llamada a desempeñar un importante papel en el logro de uno de los desafíos prioritarios para la sociedad, que hoy se plantea con especial intensidad: la transición relativamente rápida hacia sociedades descarbonizadas y que minimicen otras emisiones contaminantes y el uso de recursos, y protejan los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de la ciudadanía. Los tributos medioambientales se conciben como instrumentos orientados a hacer efectivo el principio de que “quien contamina, paga” (artículo 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y, al incorporar la variable medioambiental en los precios de bienes y servicios, facilitan el funcionamiento de los mercados haciendo posible una toma de decisiones más eficiente por parte de los agentes económicos. Además, los impuestos medioambientales facilitan el desarrollo y la adopción de alternativas tecnológicas limpias, cuestión crucial para conseguir el éxito de la transición ecológica.
Hay que avanzar de una forma decidida hacia la redefinición del amplio catálogo de impuestos medioambientales del país, mediante un consenso de los Gobiernos de España, de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales, como un instrumento coordinado de las políticas medioambientales con deducciones para la innovación medioambiental que reduzca las consecuencias nocivas para la salud, el medio ambiente y procurar el desarrollo sostenible. El objetivo es imponer tributos para reflejar en parte los costes ambientales de ciertas actividades económicas con fuerte impacto y así dar una señal en el precio de los productos derivados, desestimulando su consumo frente a alternativas más respetuosas. Se trata de uno de los compromisos fiscales adoptados con la Comisión Europea para cumplir con el componente 28 del Plan de Recuperación, el de la «adaptación del sistema impositivo del siglo XXI.
A nivel global el 10% más rico es responsable de cerca del 50% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal causante del cambio climático, y en Europa el 50% más pobre tiene unas emisiones de CO2 per cápita casi un 85% inferiores respecto al 10% más rico (Chancel et al., 2021). Puesto que los impactos socioeconómicos de los tributos medioambientales serán significativos para gran parte de familias y empresas en la transición ecológica, ya que habrán de fijarse para la consecución de ambiciosos objetivos medioambientales en un horizonte temporal limitado, planteamos vías para su compensación. Dichas compensaciones distributivas serán particularmente pertinentes cuando los tributos medioambientales afecten a bienes y servicios esenciales de interés general y cuando los impactos supongan una parte elevada de los presupuestos familiares. Aunque estos tributos buscarían primordialmente la reducción del deterioro medioambiental, no podemos aislarlos de la capacidad económica, por lo que los posibles efectos regresivos deben evitarse. Dado que existe una fuerte relación entre la capacidad económica y las emisiones contaminantes entre países y entre personas una tributación medioambiental bien diseñada y aplicada será soportada en buena medida por quienes más tienen. Las compensaciones, por tanto, se deberían realizar de forma preferente mediante el uso de la recaudación (afectación a fines específicos). Dentro de las compensaciones distributivas y por pérdidas de competitividad se enfatiza la necesidad de aplicar estrategias no generalistas o uniformes, que identifiquen y compensen de forma casi personalizada a los hogares o actividades económicas afectados. Dichas compensaciones podrían arbitrarse a través de transferencias directas, compensaciones en la imposición personal sobre la renta, o bonos específicos asociados a ciertos consumos.
En cualquier caso y dado que el objetivo de estas tributaciones propuestas no es recaudatorio (aunque se obtendrán 4.100 millones, el 0,26% del PIB), es imprescindible marcar un objetivo finalista en cuanto al destino de los fondos obtenidos y que no puede ser otro que avanzar hacia una economía que no tiene como único objetivo el crecimiento económico olvidando la naturaleza de la producción que genera ese crecimiento, si se consigue a partir de fabricar bienes o servicios socialmente necesarios o a costa de esquilmar recursos finitos o si se consigue a costa de generar ingentes cantidades de residuos.
- Actuaciones en materia de Fiscalidad ecológica:
- Aprobar un impuesto extractivo a las actividades mineras dado que generan elevadas externalidades ambientales en términos de agotamiento de recursos naturales no renovables. Gravaría 2.807 explotaciones con producción en todo el territorio y la recaudación prevista sería de más de 470 millones de euros anuales.
- lmplantar un impuesto del carbono centralizado que grave las actividades y productos que en su extracción, fabricación, comercialización y uso emitan dióxido de carbono. El objetivo es que sea aplicado en todos los sectores, salvo en aquellos en los que ya exista fiscalidad específica, bien definida y suficiente en términos ambientales (como el uso de gasolinas o gasóleos). En lo que respecta al impuesto por emisiones de CO2, se comenzaría por 30 euro/tonelada de CO2 (mayor que las aplicadas en Irlanda, Francia, y Dinamarca) pero menores que las aplicadas en Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia y otros países no europeos. Esta cantidad debería ir aumentando para acercarse a los 80 euros por tonelada para 2030. Para mitigar la regresividad que iría asociada a la tributación del carbono, se adoptarían medidas que reduzcan o prácticamente eliminen los efectos sobre las rentas más bajas, de forma que la transición energética y la lucha contra el cambio climático sea justa, igualitaria y equitativa. Para compensar a las rentas más bajas, que serían las más afectadas por una subida impositiva a la energía, proponen fórmulas como la utilización de ‘cheques verdes’ o transferencias para compensar a los hogares más pobres, «lo que evitaría impactos negativos sobre los mismos sin perder el incentivo a consumir menos que genera el mayor precio de la energía». Otra posibilidad sería modifican el mínimo exento del IRPF o incorporar una deducción específica condicionada por renta y de carácter reembolsable como la de maternidad para que, en el caso de no haber realizado importe alguno en este impuesto no impida obtener del Estado la correspondiente devolución tributaria. Se podrían recaudar 3.000 millones de euros.
- Igualar los tipos impositivos de gasolina y diésel, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y de la comisión oficial de expertos para la reforma del sistema tributario español (CERSTE, 2014). Esta reforma generaría más de 2.600 millones de euros adicionales, pero se establecería una reducción del 75% de la recaudación por una devolución tributaria como la antes indicada para el impuesto sobre el carbono implementada en el IRPF que beneficiaría a más de 14 millones de declarantes, los que perciben rentas hasta de 30 mil euros anuales. La recaudación adicional estimada alcanzaría los 650 millones de euros adicionales y el efecto de reducción en el consumo agregado de gasolina y diésel se estima en un 1,6% con la consiguiente disminución de las emisiones de CO2 asociadas.
- Crear un nuevo Impuesto a las Grandes Herencias y Donaciones con un esquema similar al de Grandes Fortunas, para establecer un mínimo y máximo estatal de las exenciones, escala de gravamen, reducciones, bonificaciones y deducciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que evite la indeseada competencia fiscal entre comunidades autónomas que facilitan la escasa o nula tributación de los grandes patrimonios del país, dentro de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Además, se implementarán tipos impositivos progresivos para mejorar la equidad vertical.
Impedirá las exenciones a herencias y donaciones por encima de 1.000.000 euros y los obligados podrán deducirse el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones efectivamente pagado en la comunidad autónoma. La recaudación podría alcanzar los 3.000 millones de euros.
- Establecer un nuevo Impuesto a las Grandes Propiedades Inmobiliarias para que, a diferencia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (municipal) se puedan establecer escalas según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo y que pueda escalarse según la riqueza. La recaudación actual en todo el estado de este impuesto municipal asciende a 14.500 millones de euros y este tributo estatal (en el que se deduciría el IBI municipal pagado) podría lograr 1.000 millones de euros y solamente se aplicará a propiedades con valor superior a 1 millón de euros.
3. Lucha contra la elusión y el fraude fiscal
Uno de los mayores lastres para la justicia fiscal y para el impulso de las políticas públicas es la elusión de las obligaciones tributarias. La economía sumergida supone en España en torno al 20% del PIB, claramente por encima del 15% de la media europea. La pérdida de recaudación que sufre la hacienda pública con respecto a la media de la Unión Europea y con la actual presión fiscal ascendería a casi 30.000 millones de euros. El objetivo inmediato que hay que alcanzar es eliminar esa brecha por lo que supondría ingresos adicionales por valor de más de 29.000 millones de euros anuales. En cuanto a la elusión fiscal, las estimaciones más recientes apuntan a un porcentaje significativo de pérdida de recaudación en España derivada de prácticas de ‘profit shifting’ en el ámbito del impuesto sobre Sociedades. La vinculación entre economía sumergida y fraude es evidente, aunque no todo el fraude tenga origen en la economía sumergida. Las cantidades resultado del fraude fiscal y la economía sumergida son cantidades debidas a la Hacienda Pública, ocultadas y/o retenidas por defraudadores y delincuentes fiscales. La recuperación de la totalidad de las mismas es una obligación social y democrática de los poderes públicos, cuya ausencia o debilidad puede ser causa, al menos, de reproche político. Por eso, siguiendo lo que aconseja Gestha, es perentorio abordar una decidida y eficaz lucha contra el fraude y entendemos que en este momento es más urgente que nunca desplazar la investigación que realiza la Agencia estatal Tributaria hacia el control de las grandes empresas y fortunas que mejor están resistiendo cualquier crisis, algunas de las cuales muestran su insolidaridad al continuar evadiendo. Se necesitarían 26.718 nuevos funcionarios para reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida en España y más competencias a los técnicos existentes en plantilla. Actualmente, la AEAT está centrada en el control de la discrepancia, especialmente con autónomos y pequeños contribuyentes, donde concentran sus esfuerzos, olvidándose de poner el foco en el verdadero fraude por la ajustada plantilla para perseguir la economía sumergida y el fraude fiscal que, principalmente, se concentra en grandes compañías y grandes patrimonios, y a la visión cortoplacista que tienen los responsables de la misma, ya que tienen que presentar unos objetivos anuales. La AEAT cuenta con un 50,3% menos de plantilla que, por ejemplo, la administración tributaria francesa. Las consecuencias de este menor número de efectivos se evidencias en hechos como que las denuncias por delito contra la Hacienda Pública han caído un 82,35% en el periodo comprendido entre 2005 y 2021.
Proponemos:
- Elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.
- Evaluados el fraude fiscal, la economía sumergida y la elusión, se acordará una planificación temporal estableciendo unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas que supongan un punto de inflexión en la curva creciente de la economía sumergida y la elusión a corto plazo, un ritmo de control tributario que nos equipare a las tasas medias de los países europeos de nuestro entorno a medio plazo, hasta poder aspirar razonablemente a estar entre los países con menor fraude fiscal y laboral a largo plazo.
- Coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas para compartir las mejores prácticas y detectar los focos de fraude y elusión.
- Creación de una Base de Datos Fiscales Única, compartida por las administraciones tributarias central y autonómica, directamente accesible para quienes trabajan en el control tributario en ambos ámbitos.
- Control por las Cortes Generales de los resultados de la gestión de los tributos realizada por la Agencia estatal Tributaria para garantizar una gestión transparente, y de los expedientes o asuntos más relevantes en la comisión de secretos oficiales para garantizar una gestión neutral e independiente.
- En enero de 2025 se aprobó una nueva reforma del Código Penal que endurece las sanciones para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el ámbito público y privado. La medida busca reforzar la lucha contra la evasión fiscal y mejorar la transparencia en la gestión de recursos e introduce modificaciones clave en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, aumentando las penas para los casos en los que la cuantía defraudada supere los 600.000 euros. En estos supuestos, las penas de prisión podrán extenderse hasta los ocho años, en lugar del límite actual de seis. Además, se endurecen las sanciones accesorias, como la inhabilitación para el ejercicio de actividades económicas y la imposibilidad de recibir subvenciones públicas. Otra novedad es la ampliación del plazo de prescripción del delito fiscal de cinco a diez años en casos de especial gravedad. Pero hace falta ir más lejos y por eso proponemos:
- Eliminar la reducción de pena que permite a los tribunales rebajar la pena en uno o dos grados si el acusado paga la deuda y reconoce los hechos antes de que transcurran dos meses desde la primera citación judicial.
- Determinar la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos.
- En el marco de la OCDE proseguir con los acuerdos que permitan la obtención automática de una mayor información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en Paraísos Fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas de elusión de las multinacionales. Los acuerdos firmados en septiembre de 2014 por el que un gran número de países están compartiendo los informes país por país, así como la información de cuentas y determinados productos financieros desde 2017, van en esta dirección.
- En tanto se apliquen realmente los acuerdos anteriores, proponemos que el Gobierno de España alcance acuerdos con las entidades financieras, que operan en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías, como ya hicieron Alemania o Estados Unidos exigiendo la lista de las personas o entidades residentes que sean titulares de productos financieros contratados bajo la advertencia de retirada de la ficha bancaria que concede el banco central para operar en sus mercados. Así como negociar acuerdos con las entidades emisoras de tarjetas con el objetivo de identificar a las personas que utilizan “habitualmente” las tarjetas de crédito o débito en España a nombre de sociedades, fundaciones o entidades cuyos pagos se cargan contra cuentas bancarias situadas en el extranjero, siguiendo así el rastro de sus titulares, autorizados, cuantía y naturaleza de los movimientos efectuados con tarjeta.
- La Agencia Tributaria y la IGAE a corto y medio plazo se centrarán fundamentalmente en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y el control del gasto público y de las subvenciones en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total, a través de la “imprescindible” autorización a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman mayores responsabilidades en su aplicación.
- Equiparar en 6 años la plantilla de la Agencia estatal Tributaria a la media de los países europeos de nuestro entorno, lo que supone doblar los efectivos actuales. España apenas dispone un trabajador de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo, por lo que no debe extrañar que España contando con la mitad de plantilla en la lucha contra el fraude soporte más el doble de economía sumergida, sobre todo si el 80% de los efectivos están dedicados a investigar los fraudes e irregularidades de autónomos, pequeños empresarios, pensionistas y trabajadores.
- Control exhaustivo de las sociedades patrimoniales, de las entidades que no reparten dividendos e incrementan sus reservas indefinidamente, y de las que declaran perdidas de forma continuada, para evitar la elusión del IRPF de socios y administradores.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto recaudaría la reforma fiscal de Izquierda Unida?
Según los cálculos que incluye el propio programa, 111.001 millones de euros adicionales al año, el 7 % del PIB: 29.354 millones por fraude, elusión y medios de la hacienda pública y 81.647 millones por la reforma fiscal propiamente dicha, de los que 73.540 corresponden a la tributación existente y 8.107 a las nuevas figuras tributarias.
¿Quién pagaría la reforma fiscal de Izquierda Unida?
El 95 % recaería en rentas altas y en operadores con derivados financieros (32 %), grandes empresas (27 %), patrimonios con riqueza neta superior a un millón de euros (19 %) y entidades bancarias (17 %). El 5 % restante se repartiría de forma más general, con un tributo ecológico sobre el carbono para rentas superiores a 30.000 euros anuales y la pérdida de la exención de IVA en sanidad y educación privadas.
¿Qué impuestos sube Izquierda Unida?
La reforma de la tributación existente aumenta las aportaciones por renta, grandes fortunas, beneficios de las grandes empresas y depósitos bancarios, y elimina exenciones fiscales como la del IVA a la sanidad y la educación privadas.
¿Qué impuestos nuevos propone Izquierda Unida?
Un impuesto a las grandes herencias y donaciones de más de un millón de euros, fiscalidad ecológica y un impuesto a las grandes propiedades inmobiliarias.
¿Cómo sería el impuesto a las grandes fortunas de Izquierda Unida?
Una reforma del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas con escala progresiva para que su recaudación alcance el 1,5 % del patrimonio total, lo que aportaría más de 11.000 millones de euros adicionales.
¿Qué propone Izquierda Unida con el impuesto a los depósitos bancarios?
Elevar el tipo del 0,03 % actual hasta el 1 %, en dos tramos: el primero se queda en el 0,03 % con la distribución actual por comunidades autónomas y el segundo, del 0,97 %, sirve para recuperar el rescate bancario y dotar el Fondo de Garantía de Depósitos, con una recaudación adicional de 12.000 millones al año.
¿Qué fiscalidad ecológica plantea Izquierda Unida?
Un impuesto extractivo a las actividades mineras —2.807 explotaciones y más de 470 millones al año—, un impuesto al carbono centralizado para las actividades y productos que emitan CO2 e igualar los tipos de gasolina y diésel, lo que generaría más de 2.600 millones adicionales con una devolución del 75 % de la recaudación.
¿Qué haría Izquierda Unida contra el fraude y la elusión fiscal?
Un análisis oficial de la economía sumergida, el fraude y la elusión desagregado por territorios, sectores e impuestos; objetivos de reducción con calendario; coordinación efectiva entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas; y una Base de Datos Fiscales Única compartida por todas las administraciones tributarias.
